
No hay información de las autoridades “y nosotros pues ya sin saber que hacer”, dice la hermana de uno de los desaparecidos y uno de los dos asesinados
Iguala, Guerrero, 20 de julio de 2026. Familiares de los siete campesinos desaparecidos y de los dos asesinados en Apanguito, Atenango del Río, de quienes este sábado se cumplieron tres de la desaparición, señalaron que los tres niveles de gobierno quieren mandar al “olvido” los múltiples crímenes ocurridos.
“La verdad ya no sabemos nada, ya no recibo ninguna información de las autoridades; lastimosamente mis familiares ya quedaron en el olvido y nosotros pues ya sin saber que hacer”, dijo ayer la hermana de uno de los desaparecidos y uno de los dos asesinados.
Al desaparecer primero a siete miembros de esta familia, entre ellos un padre con sus dos hijos, después asesinar a otros dos integrantes de la familia que apoyaban en sus búsquedas, quedaron solo mujeres y niños, que por el temor implantado y el abandono de las autoridades ya no se han movilizado, ya no realizan búsquedas ni reclaman por los crímenes cometidos.
Una integrante de la familia con la que se ha tenido contacto desde que se conoció la desaparición de los siete y después el atentado en el que otros dos fueron asesinados, informó que, desde el 14 de junio que informó que le habían notificado que habría una audiencia de desahogo de pruebas en los siguientes días con los dos detenidos y vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición de los siete, ésta no se ha realizado y desde entonces las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya no se comunicaron con ellas.
Informó que no han tenido ninguna información de sus siete familiares desaparecidos hace tres meses, y tampoco de avances en las investigaciones de los dos asesinados en el atentado cometido el 9 de mayo.
Contó que por comentarios de algunos pobladores, les informaron que en un rancho de la comunidad de Oztutla, del vecino municipio de Copalillo, zona donde opera la pandilla de Chimalacacingo ligada a Los Tlacos, han escuchado gritos de gente que al parecer tienen secuestrada en ese lugar.
Mencionó que le reportaron esas denuncias a la Fiscalía estatal, pero que ellos minimizaron los hechos y consideraron los reportes como mentiras sin considerar la opción de inspeccionar la zona.
El 18 de abril pasado, después de salir de sus casas en la comunidad de Apanguito para ir a dar agua a sus caballos en el paraje La Cueva, fueron desaparecidos Mario Bello, de 57 años, su sobrino Asunción Bello Escamilla, de 41 años, junto con sus dos hijos, Diego y Valente Bello Agustín, de 19 y 18 años; los hermanos Cristóbal y Eriberto Pineda, de 40 y 38 años, y el primo de estos dos últimos, Sebastián Riquelme Escamilla, de 23 años.
En su búsqueda al siguiente día por policías municipales de Atenango del Río, en el paraje La Cueva fueron hallados indicios de violencia y forcejeo, manchas de sangre, casquillos percutidos y dos motocicletas abandonadas, según informó el alcalde Emmanuel Guevara Cárdenas.
Durante la primera semana de la desaparición masiva, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron dispositivos de búsqueda y se instalaron en un campamento en la plaza principal de la comunidad de Apanguito.
Tres semanas después de la desaparición de los siete, el 9 de mayo un grupo de sicarios disparó con armas de alto poder contra la casa de la hermana de Mario Bello y mamá de Asunción Bello Escamilla, dos de los desaparecidos.
En este ataque mataron a Marcos Naviel Bello Escamilla, de 29 años, hermano de Asunción y a su cuñado Francisco Javier Ocampo Hernández, de 34 años, quienes habían participado en las búsquedas. Después de este doble homicidio, las familias suspendieron las búsquedas por completo.
Mientras que, el 29 de abril fueron detenidos por agentes estatales y federales el comisario municipal de Apanguito, Cornelio Alcocer Godínez y su primo Samuel Jiménez, quienes fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición de los siete campesinos, acusación que sus familiares han rechazado y afirman que hubo injerencia del alcalde Emmanuel Guevara y alteraciones en las declaraciones de testigos.
Alejandro Guerrero


