Según se explicó, el dueño de la vivienda adquirió los felinos legalmente cuando eran cachorros y ahora, con un año y medio de edad, los mantiene con 30 kilos de carne al día.
Ciudad de México, 26 de febrero de 2019- La Fiscalía General de la república (FGR() y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron hoy martes a un domicilio en la Alcaldía Iztacalco para recoger a tres leones que una familia mantenía en una azotea.
Con mazos, personal de las dependencias se introdujo a la vivienda, ubicada en la calle Niceto de Zamacois, colonia Viaducto Piedad, puesto que en un principio el dueño no se encontraba.
En octubre pasado, luego de una denuncia anónima, la Policía capitalina había acudido a verificar el domicilio, pero en ese entonces el dueño acreditó la posesión.
Se trata de tres felinos —dos hembras y un macho—.
Según explicó, el hombre adquirió los felinos legalmente cuando eran cachorros y ahora, con un año y medio de edad, los mantiene con 30 kilos de carne al día.
Los animales, además, conviven con un perro de la raza rottweiler.
Aunque no se informó a dónde serán trasladados, este martes los animales fueron subidos en jaulas a una camioneta de “Rescate de fauna silvestre”, de la Profepa.
En tanto, los animales lucen sin daños físicos y bien alimentados.
Tras arribar al lugar, el dueño de la vivienda comentó que contactaría a sus abogados para tratar de pelear por la tenencia de los leones.
En octubre pasado, las autoridades ambientales informaron que turnarían el caso a la entonces Procuraduría General de la República.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indicó en junio de 2018 que negó el registro y plan de manejo al considerar que no se garantizaba la seguridad civil, métodos de contención ni respuesta a contingencias.
La sanción en materia administrativa por faltar al trato digno y respetuoso a ejemplares de la vida silvestre consiste en multa por el equivalente de 20 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde a la Ley General de Vida Silvestre.
Asimismo, el Código Penal Federal considera la pena de uno a cuatro años de prisión por delito contra la gestión ambiental.
Texto: Agencia Reforma (con información y foto de Víctor Sánchez)
