Chilpancingo, Guerrero, 13 de marzo de 2026. El embajador y representante permanente de México en la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció hoy que existe responsabilidad parcial del Estado mexicano por el asesinato del indígena guerrerense Bonfilio Rubio Villegas por parte de militares en 2009.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, trató el caso este viernes en una audiencia pública que se transmitió en línea.
Encinas ofreció una solución amistosa para concluir el proceso, pero los familiares de la víctima tuvieron objeciones.
La CIDH decidió abrir un periodo de 30 días para expresar o ampliar respuestas de las partes. Si se iniciara un diálogo entre el Estado y los quejosos, deberán informar por escrito de un eventual acuerdo de solución amistosa, señaló la comisión.
Bonfilio Rubio Villegas, joven nahua de 30 años de edad, originario de Tlatzala, municipio de Tlapa, en la región Montaña, fue asesinado por soldados en un retén cuando viajaba en un autobús de pasajeros el 20 de junio de 2009.
En la audiencia de este viernes estuvieron la representación de la víctima y familiares, quienes aclararon que si se sientan a discutir la solución amistosa con el Estado será con reconocimiento total de la responsabilidad de acciones de los soldados, como el uso indiscriminado de la fuerza.
Señalaron que también demandan el enjuiciamiento de los responsables de la ejecución extrajudicial y la discusión de las medidas de no repetición.
“El caso de Bonfilio es extremo y no es aislado, se enmarca es esta lógica y estrategia de seguridad pública que involucra cada vez mas a las fuerzas armadas”, señaló el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Saulo Loya.
Como medida de un acuerdo preparatorio, el abogado adelantó que se podrían establecer criterios claros sobre el uso de la fuerza y sobre la participación que puedan tener autoridades militares en lo relativo al derecho a circulación, y determinar cuáles son los alcances de retenes militares desplegados en ciertas zonas del país, pero generalizados.
Sin embargo, Encinas insistió en el reconocimiento parcial de violaciones al derecho de vida, de violación a las garantías judiciales y a derechos y libertades personales.
No obstante, añadió que la CIDH tendrá que hacer una valoración sobre los estándares del uso de la fuerza que expone en el informe.
Planteó también que para que haya plena certeza de la actuación que se desarrolló en el proceso judicial concluido, que las partes revisen los expedientes en un término de 30 días, para ver qué personas pudieran ser todavía sujetos de investigación, además de brindar garantías de no repetición y brindar la disculpa pública que han requerido en la solución amistosa.
Por su parte, la maestra Verónica Gonzalez Gonzalez, representante de la familia, recordó que Bonfilio era el hijo más joven de su casa y el sostén de sus padres. Recordó que desde que tuvieron conocimiento del asesinato, buscaron su cuerpo para sepultarlo.
Contó que no hubo ritos, no lo vistieron, no se despidieron, porque estaba dentro de una bolsa y sus padres –ahora fallecidos– no se explicaban qué había hecho el joven para que lo dejaran así, “los militares que debían protegerlo”, indicó.
Lourdes Chávez/ Fotograma tomado de la transmisión en vivo de la CIDH
