En asamblea en Tepango, Ayutla, conmemoran su 29 aniversario las cinco Casas de Justicia. También acuerdan combatir la violencia digital, en especial la pornografía infantil. Acuerdan seguir impulsando el reconocimiento de sus derechos en la Constitución local y leyes secundarias y anuncian movilización estatal en noviembre. El territorio de la CRAC-PC, reiteran, es el más seguro, a diferencia del resto del estado donde por la violencia se vive una crisis humanitaria
Tepango, Ayutla, Guerrero, 14 de octubre de 2024. Integrantes de las cinco Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) celebraron su 29 aniversario con un desfile por caminos de Ayutla de los Libres, donde refrendaron su defensa del territorio contra las mineras y el crimen organizado que en los últimos años han acechado sus comunidades para intentar controlarlas. Además, acordaron combatir la violencia digital en sus pueblos, en especial la pornografía infantil.
Ayer, más de 2 mil policías comunitarios de las Casas de Justicia de El Paraíso, Ayutla; San Luis Acatlán; Espino Blanco, Malinaltepec; Zitlaltepec; Metlatónoc y Caxitepec, Acatepec, desfilaron del crucero de Pozolapa en la carretera federal Cruz Grande-Ayutla a la comunidad de Tepango, donde caminaron durante más de una hora para conmemorar 29 años luchando por la seguridad de sus comunidades y exigir el reconocimiento de las autoridades a su sistema de justicia.
Armados y vestidos de verde olivo, los indígenas recorrieron 7 kilómetros cobijados por los rayos del sol y gritando consignas como: “La CRAC no se vende, los derechos se defienden”, “vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto camarada, tu muerte, tu muerte será vengada”, “Zapata vive, la lucha sigue”, entre otras.
“Son 29 años de defender nuestros territorios de la delincuencia, nuestros pueblos siguen siendo los más seguros del estado (de Guerrero), nuestro sistema de justicia es un ejemplo de seguridad, pero ahora también tenemos que seguir organizados porque hay comunidades donde el crimen organizado pretende entrar para desplazarnos y quedarse con nuestras tierras para que las mineras las exploten, pero creo que los pueblos no quieren nada de eso”, expresó un policía comunitario que a sus 70 años cargaba una escopeta con la que protege una parte de la Montaña alta del estado.
En el mismo tenor, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los Padres y Madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, en el sonido del contingente dijo que “a veces es importante empuñar las armas para proteger el territorio de las empresas que pretenden explotar sus recursos naturales y ahora en defensa de la amenaza del crimen organizado a las comunidades”.
La caminata inició a las 10:30 de la mañana y terminó una hora después en la Escuela Primaria Federal Juan S. Ojeda de Tepango, donde los organizadores dieron a conocer los resolutivos de las tres mesas de trabajo realizadas el sábado sobre la Reforma Indígena, defensa del territorio y la reestructuración de su reglamento interno.
En esa primaria el consejero de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Martín Rosales Sierra, expresó que desde hace 29 años “los pueblos me’pháá, na savi, nahuas y afromexicano de la Costa Chica y la Montaña se organizaron para responder a los embates de los grupos delictivos que actuaban con la complacencia de los gobiernos”.
Recordó que de nada sirvieron los desesperados llamados de auxilio a las autoridades para que les brindaran seguridad y “como siempre se mostraron indolentes y arrogantes. Nos miraban con desprecio y nos discriminaban por ser indígenas y pobres”.
“Tuvimos que retomar nuestros sistemas normativos, de cargos comunitarios e instituciones propias, como los comisarios, comisariados y asambleas de los pueblos, conformando nuestro sistema de justicia, ahí estaba la solución que buscábamos, ahí está la fuerza de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitarias (CRAC-PC)”.
Martín Rosales manifestó que no ha sido fácil mantener su sistema de justicia porque durante 29 años han enfrentado persecución, criminalización y discriminación de los gobiernos, “pero la CRAC-PC aquí está, de pie, sorteando las tempestades que provocan las acciones de caciques y gobiernos”.
“Nuestro sistema de justicia ha demostrado ser eficaz y exitoso frente al desastre humanitario que han provocado los grupos delictivos en la entidad y el país. En nuestros territorios los pueblos cohabitan en paz, libres de la violencia irracional que deja terror y muerte en otros lugares”, exclamó durante la clausura del aniversario donde escucharon policías comunitarios formados en la cancha de la escuela.
El consejero reclamó que el gobierno se ha negado a reconocer el sistema de justicia y los ha colocado deliberadamente fuera de la legalidad al abrogar la Ley 701.
“Con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dijo tener una apuesta por los pobres creímos que tal reconocimiento sería una realidad y saldaría una deuda histórica con nuestros hermanos indígenas y afromexicanos. Vimos con esperanzas que el Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó cincuenta foros de consulta en los que nuestros hermanos participaron de manera entusiasta derivando en una iniciativa que condensaba nuestras aspiraciones, sin embargo, cuando el presidente AMLO presentó la iniciativa con tristeza vimos que estaba totalmente rasurada”, dijo.
“Es fundamental para los pueblos indígenas ser gobierno, hacer justicia y tener la propiedad del territorio y bienes naturales”.
Finalmente señaló que van a Seguir impulsando el reconocimiento de sus derechos en la Constitución local y las Leyes secundarias para lo cual llamó a una movilización estatal el 14 de noviembre y exigir el reconocimiento de sus derechos.
Pidió continuar ejerciendo la seguridad, justicia y reeducación con o sin Ley, porque el reconocimiento no viene de una Ley, sus derechos son inherentes y preexistentes, vienen desde que nacen y habitan sus territorios antes de la creación de los Estados.
“Los pueblos que conformamos la CRAC-PC seguiremos en nuestros territorios, aquí donde nos dejaron nuestros padres y abuelos y el padre creador. A ellos y a nuestras asambleas nos debemos, no a los gobiernos. No renunciaremos a la lucha por nuestro reconocimiento, no permitiremos que los gobiernos neocoloniales nos sigan pisoteando en nuestra propia tierra”, finalizó.
Las mesas de trabajo
El sábado, más de 2 mil policías comunitarios y pobladores de las comunidades donde trabajan las cinco Casas de Justicia, realizaron tres mesas de trabajo en la secundaria Benito Juárez de Tepango donde discutieron principalmente la Reforma Indígena y la defensa de su territorio.
En la primera mesa sobre la Reforma Indígena y Afromexicana reclamaron que no se incorporó el problema de la tenencia de la tierra y el territorio, sobre todo para defender sus pueblos de las explotaciones mineras y otros recursos naturales, además de su autonomía.
En la mesa dos hablaron de la defensa del territorio, comprometiéndose a cuidar y defender su territorio ante cualquier amenaza de empresas mineras, empresas forestales y delincuencia organizada.
Se comprometieron a denunciar la presencia del tráfico de drogas y delincuencia organizada a las autoridades competentes para brindar la seguridad del territorio y
actuar de manera inmediata ante un caso de delincuencia organizada para poder anticipar o responder ante una amenaza.
En la tercera mesa crearon una comisión especial de conformidad con el artículo 87 para analizar la posibilidad de propuestas para reformar el reglamento interno en el que se incluyan los temas de justicia en casos de adolescentes niñas y niños acusados de cometer algún error o delito dentro del territorio comunitario, así como los temas de consumo de drogas o algún otro tipo de enervantes y los delitos de violencia digital, “subir en redes sociales imágenes y fotografías de personas sin consentimiento”.
Se comprometieron de nueva cuenta a garantizar la participación de las mujeres dentro del sistema comunitario, respetando los espacios que hay para ellas para ocupar los cargos comunitarios como lo establece el reglamento interno de la Policía Comunitaria.
La CRAC-PC se fundó el 15 de octubre de 1995, cuando 34 comunidades indígenas principalmente de San Luis Acatlán, se organizaron para detener los asaltos y violaciones a las mujeres en los caminos olvidados por las autoridades de la Montaña y Costa Chica, desde su inicio fueron perseguidos y hostigados por el Ejército y las policías locales que intentaron desaparecer su sistema de justicia, 29 años después la CRAC-PC mantiene su territorio como el más seguro del estado de Guerrero.
Texto: Lenin Ocampo Torres
