Entrega el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, al gobernador, el Informe Especial sobre la Situación en materia de desaparición de personas y delitos vinculados en ese municipio. Confirman el incremento de la criminalidad a partir de 2011, y lo ubica en el noveno lugar de entre 234 de alta criminalidad en el país.
Chilpancingo, Guerrero, 1 de noviembre de 2019. Impunidad, omisión de las autoridades, así como datos imprecisos de la criminalidad, registró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe Especial sobre la Situación en materia de desaparición de personas y delitos vinculados que impera en el municipio de Chilapa, que fue entregado ayer en Casa Guerrero al gobernador Héctor Astudillo Flores.
El documento confirma el incremento de la criminalidad en ese municipio a partir de 2011, y lo ubica en el noveno lugar de entre 234 de alta criminalidad en el país, y en donde se cometen 136 homicidios por cada cien mil habitantes.
En ese mismo periodo de 211 casos de desapariciones de personas se integraron sólo 178 expedientes y de éstos sólo11 víctimas fueron localizadas con vida, refiere el texto.
Se destaca, asimismo, la poca efectividad de los operativos en contra de la criminalidad, pues de 217 operativos realizados de 2011 a este año, en los que participaron 6 mil 600 soldados y policías estatales, sólo 28 presuntos delincuentes fueron detenidos.
En el acto en el que se entregó el documento, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, condenó hechos como el ocurrido en Pochahuizco, municipio de Zitlala, la semana pasada donde nueve personas fueron asesinadas en un supuesto enfrentamiento.
Con el informe se emitieron 73 conclusiones y propuestas a los gobiernos federal y estatal y el presidente de la CNDH les pidió a las instancias de los dos niveles realizar las acciones correspondientes para disminuir la situación de criminalidad en la zona.
A su vez, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que acepta las conclusiones y propuestas y que en lo que corresponde a su gobierno realizará las acciones que sean necesarias.
El citado informe fue presentado en presencia de integrantes del colectivo Siempre Vivos de Chilapa y no fueron invitados los colectivos y organismos de derechos humanos que pertenecen al Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos que el lunes y martes pasado participaron en el Encuentro rompiendo el muro del miedo en Chilapa.
El documento fue presentado y entregado al gobernador en la Sala de la República de Casa Guerrero a donde asistieron, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alberto Catalán Batista; el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra García; el capitán de fragata Ramón Javier López, así como el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Ramón Navarrete Magdaleno y el visitador de la CNDH, Ismael Eslava.
Dada la situación de criminalidad, la impunidad y la omisión de las autoridades el organismo nacional resalta la necesidad de que el “Estado, a través de sus instituciones encargadas de brindar seguridad pública, educación, salud y trabajo, cumplan con el deber que tienen de garantizar los mecanismos necesarios a la sociedad, a través de una eficaz coordinación entre los tres niveles de gobierno, a efecto de crear una política sistemática e integral en el diseño y ejecución de estrategias conjuntas en la lucha contra la delincuencia, el analfabetismo, las enfermedades y el desempleo”.
La información que recabó la CNDH para la elaboración de su informe, comprende del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2018.
En ese periodo, se encontraban en trámite, de acuerdo al organismo, 247 casos de víctimas desaparecidas, de las cuales 78 ya habían sido localizadas, de ellas 67 sin vida y 11 con vida.
Además se establece que desde la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el 2013, se iniciaron apenas 24 averiguaciones previas por personas desaparecidas en el citado municipio, aludiendo que ninguna de ellas se inició por el delito de Desaparición forzada”.
El documento menciona que en cuanto al hallazgo de fosas clandestina, el órgano de procuración de justicia de Guerrero, “no cuenta con una base de datos o registro eficaz y actualizado que permita conocer con exactitud el número de fosas clandestinas que se han localizado en el municipio de Chilapa, y menos aún, el número de cadáveres que de ellas han sido exhumados”.
La CNDH, refiere que derivado de 13 notas periodísticas relacionadas con ese tema permitieron advertir un total de 19 fosas clandestinas localizadas en ese municipio, de las que se desprende la exhumación de 44 cadáveres.
Mientras que los datos de la Procuraduría General de la República (actualmente Fiscalía), registró la localización de112 fosas clandestinas de donde se exhumaron 262 cadáveres y un número indeterminado de fragmentos óseos.
“Así tenemos, que en el año de 2012 fueron localizadas 28 fosas clandestinas de las que se exhumaron 42 cadáveres; en 2013, se encontraron 4 con 8 cuerpos; en el 2014 fueron 6 las fosas halladas con 7 cadáveres; en 2015, 4 entierros ilegales con 6 cuerpos en su interior; en 2016, fueron 6 fosas las que se localizaron con 8 cuerpos; en 2017, se contabilizaron 5 fosas de donde se exhumaron 11 cadáveres; y finalmente, en el 2018, la autoridad federal reportó el hallazgo de 5 fosas clandestinas con 5 cadáveres.
Respecto a los homicidios dolosos, los datos proporcionados por la Fiscalía estatal a la CNDH son de un total de 632, de los cuales 32 se cometieron en el 2011, 26 en el 2012, 35 se registraron en el 2013, 25 en el 2014, 115 casos fueron cometidos en el 2015, 104 ocurrieron en el 2016, en el 2017 se registró el índice más alto de ese delito con 277 casos, mientras que del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 se cometieron 18.
En el informe se incluye, asimismo, el caso del video en el que aparece un grupo de aproximadamente 8 niñas y niños, de no más de 10 años de edad, de Rincón de Chautla, “quienes simulando portar armas de fuego, realizaron ejercicios de adiestramiento, a la vez que anunciaban su incorporación a la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), lo anterior lo manifestaban como consecuencia del ataque armado que sufrieron en su comunidad por parte de miembros de un grupo de la delincuencia organizada”, se consigan en el informe.
Agrega que en un video diverso se aprecian 6 mujeres de origen nahuas, algunas de las cuales se encontraban armadas y acompañadas por menores de edad, quienes refirieron ser oriundas del poblado de Rincón Tapila (la comunidad es Paraíso de Tepila), “solicitando el apoyo de los tres niveles de gobierno ante los constantes ataques armados que ha sufrido su comunidad por parte de un grupo delictivo”.
Recordó que entonces el organismo exhortó a diversas autoridades federales y del estado para que adoptaran las medidas pertinentes y salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
“A consideración de esta Comisión Nacional, es de vital importancia la intervención inmediata del Estado mexicano en favor de la seguridad de los habitantes de este municipio guerrerense, a efecto de dar cumplimiento al mandato que establece el artículo primero de la Constitución General de la República”.
El organismo exhorta, además, a “realizar todas aquellas acciones tendentes a la implementación de políticas públicas orientadas a la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social, tanto en el plano familiar como en el comunitario, a efecto de que se den las condiciones óptimas para satisfacer necesidades humanas elementales o superiores, es decir, para todo aquello que represente o contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas y la comunidad”.
La CNDH incluyó en su informe 73 propuestas para la atención integral de la problemática las cuales fueron dirigidas al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, al Gobernador Héctor Astudillo Flores, al Poder Legislativo del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
De estas, 46 corresponden al gobierno de Guerrero y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Guerrero y se refieren al principio de participación conjunta y “la generación de mecanismos que aseguren el derecho a la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas”.
Asimismo, garantizar la coadyuvancia en las etapas de investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias, además de fortalecer la participación de los familiares y/o víctimas indirectas en el municipio de Chilapa en la evaluación de las acciones, así como en el diseño de políticas públicas y prácticas institucionales relacionadas con la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
En materia fortalecimiento del marco legal y asignación de recursos, se emitieron 4 propuestas al Congreso local, y se refieren a la implementación de las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo noveno transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a fin de que se expida a la brevedad una ley que contemple la figura de declaración especial de ausencia, con el objeto de garantizar el derecho a la identidad y a la personalidad jurídica de las víctimas desaparecidas.
El organismo refiere que con ello se pretende brindar certeza jurídica a sus familiares; “ello, sin dejar de considerar la necesidad de asignar recursos suficientes a la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del estado de Guerrero, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y a las corporaciones estatales y municipales, con el propósito de que puedan cumplir cabalmente con las atribuciones y funciones que tienen encomendadas”.
En su intervención el gobernador Héctor Astudillo Flores, dijo que acepta las conclusiones y propuestas y admitió que el caso de la desaparición de personas “lamentablemente son problemas que se han presentado y que se siguen presentando, como el caso de Arnulfo Cerón Soriano”.
Y luego ante la presencia del presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra, le dijo que las propuestas son también para el municipio, pues le reprochó que es un municipio que tiene recursos económicos suficientes, “buenos” y que estos son más que Chilpancingo por lo que le pidió “redireccionar las acciones de carácter social e invertir más en el rubro social”.
E cuanto a lo que le corresponde a su gobierno, ofreció ponerle “más atención a todos los temas”, y sobre todo una mejor operación de la Fiscalía y dijo que esta tiene que tener una oficia “especial” en Chilapa.
Anunció que su gobierno irá de la mano con el colectivo Siempre Vivos, allí presente, “y con otros”, que reconoció, “viven circunstancias lamentables que nadie quisiera vivir”.
Dijo que con ellos su gobierno será solidario, acompañarlos, tendrá sentido humano, y que estará pendiente y presente. “Yo creo que el gobierno del estado tiene que hacer su parte y yo haré, por supuesto, lo que me corresponda y vamos a tratar de hacer una serie de acciones derivado del documento que nos han hecho llegar”, dijo.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Entérate más
https://suracapulco.mx/2019/11/01/la-situacion-en-chilapa-ha-rebasado-la-capacidad-de-respuesta-dice-el-gobernador/
