Recurrirá a su derecho de audiencia ante el Congreso y sigue en el cargo, responde Sandra Valdovinos. Ya no es fiscal y sus funciones las asume el vicefiscal de Investigación, le replica el gobierno del estado. La federación mantendrá su apoyo a la gobernadora para garantizar la paz en Guerrero, escribe la secretaria de Gobernación. Pide Sheinbaum llegar a “las últimas consecuencias” y “castigar a los culpables”. Prisión preventiva a dos policías por el asesinato del normalista Kothan. Adrián LeBarón entrega al Congreso solicitud de juicio político a Evelyn Salgado
Chilpancingo e Iguala, Guerrero, 15 de marzo de 2024. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aceptó las renuncias de los secretarios general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y ordenó la remoción de la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos en el contexto de la crisis social y moral tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por parte de policías estatales, el intento de criminalizar a los estudiantes y la fuga del autor material.
Con un mensaje desde Casa Guerrero difundido en línea, Salgado Pineda informó que aceptaba las renuncias de los dos integrantes de su gabinete y anunció que en ejercicio de sus facultades constitucionales notificaría a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, su remoción del cargo, mediante el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente del que dará vista al Congreso local.
De acuerdo con el artículo 142, numeral 7, de la Constitución del estado, “el Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador del Estado por las causas graves previstas en la propia Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”.
Aunque la Constitución no señala dichas causas graves, la remoción de la fiscal también podría ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso local, que realiza el nombramiento.
El mensaje
Casi a las 2 de la tarde, desde el lobby de la residencia oficial Casa Guerrero, la gobernadora emitió el mensaje para la ciudadanía mediante las redes sociales, a una semana del asesinato del joven de 23 años ocurrido el pasado 7 de marzo en el viejo libramiento a Tixtla en Chilpancingo.
Salgado Pineda ratificó que tiene “total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia” en el caso en el cual además del asesinato, secretarios de su gabinete difundieron una versión falsa de los hechos para responsabilizar a los normalistas y autoridades locales permitieron la fuga del policía señalado de haber disparado contra el estudiante Gómez Peralta.
Informó que “en un ejercicio de responsabilidad moral, y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, Maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez y del secretario de Seguridad Pública, General Rolando Solano Rivera”.
Añadió que, “con base en mi facultad constitucional, se notificará a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo estatal”.
Aseguró que en Guerrero “hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, trabajando en estrecha coordinación con el gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le reconocemos su liderazgo y compromiso con la justicia y la no impunidad, en este y en todos los casos”.
En la parte final del mensaje enfatizó que su compromiso es con la verdad y la justicia, “al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”.
Tras el homicidio del normalista de Ayotzinapa, la noche del 7 de marzo, los secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública dieron una conferencia de prensa a las 2 de la madrugada el 8 de marzo, unas horas después de los hechos, para decir que los policías fueron atacados a balazos por los ocupantes de una camioneta con reporte de robo donde encontraron drogas y un arma. La versión fue desmentida el lunes en su conferencia matutina por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien también informó que los tres policías ya estaban presos y a disposición de la “Fiscalía General”. Y al día siguiente reveló que el policía que habría disparado contra el normalista se había escapado con la complicidad de autoridades locales.
El 25 de enero de este año, el general brigadier Rolando Solano Rivera sustituyó al capitán de la Marina Evelio Méndez Gómez, como secretario de Seguridad Pública en Guerrero. Llevaba mes y medio en el cargo.
Mientras que Ludwig Marcial Reynoso es un viejo colaborador del senador Félix Salgado Macedonio –con quien fue secretario general del Ayuntamiento cuando éste fue alcalde de Acapulco– y a pocos meses de la gestión de Evelyn Salgado sustituyó en el cargo al experimentado político de izquierda Saúl López Sollano.
Recurrirá a su derecho de audiencia ante el Congreso, responde la fiscal Valdovinos
La fiscal General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, se rebeló, refutó y no aceptó su remoción del cargo como lo anunció la tarde de ayer la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y advirtió que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del estado.
“La Fiscalía General del Estado que encabezo, continuará desempeñando la función constitucional de investigación y esclarecimiento de los hechos, promoviendo la defensa de los intereses de la sociedad en beneficio de la ciudadanía guerrerense”, sostuvo en un comunicado.
Derivado de las irregularidades y discrepancias que ha habido en el caso del asesinato del estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta la noche del 7 de marzo, la tarde de ayer la gobernadora informó que recibió y aceptó las renuncias del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y del Secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera.
En tanto que de la fiscal Valdovinos Salmerón, la gobernadora dijo: “hago de su conocimiento que con base a mi facultad constitucional notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de Fiscal General del Estado realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo estatal”.
Sin embargo, más tarde, la fiscal Valdovinos Salmerón refutó mediante un comunicado a la gobernadora: “En atención a la comunicación realizada este día por la Gobernadora del Estado de Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda, la suscrita Fiscal General del Estado es respetuosa de lo dicho por la mandataria estatal; sin embargo, no debe pasar desapercibido que para mí remoción del cargo, se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales que para tal efecto se han establecido, los cuales me permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa”.
Y advirtió: “Informo que haré valer mi derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que esta Fiscalía General realizó por los lamentables hechos que derivaron en la muerte de Yanqui N, ilícito que se investigó dentro de la carpeta iniciada de oficio el día 8 de marzo de 2024, por el delito de homicidio calificado.
Valdovinos Salmerón, agregó: “No omito señalar, que la Fiscalía General del Estado que encabezo, continuará desempeñando la función constitucional de investigación y esclarecimiento de los hechos, promoviendo la defensa de los intereses de la sociedad en beneficio de la ciudadanía guerrerense”.
Da la Constitución facultades al Ejecutivo para removerla, responden a la fiscal
En respuesta a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la Secretaría General de Gobierno sostuvo que la Constitución da facultades para que la gobernadora la remueva por causas graves.
En un comunicado de prensa a las 10:23 de la noche, después de que Valdovinos Salmerón afirmó que ejercería su debida defensa y que para su remoción se deben de agotar los procedimientos constitucionales y legales, la Secretaría General afirmó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda determinó la remoción de la fiscal con fundamento en el numeral 7 del artículo 142 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
“El Fiscal general podrá ser removido por el gobernador de Estado por las causas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. La remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de Congreso del estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el fiscal será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto se entenderá que no existe objeción”.
Agrega el comunicado que en este contexto y en espera del proceso constitucional que “conlleva la designación de una nueva persona titular para la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de Congreso local, corresponde al vicefiscal de investigación atender lo dispuesto por el artículo 144 del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Guerrero número 500, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar.
Afirma que el gobierno estatal reitera su compromiso “absoluto con la justicia, la legalidad y el estado de derecho, pilares fundamentales para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad”.
Fuentes de gobierno posteriormente explicaron que la fiscal general podrá ser removida por la persona titular del Poder Ejecutivo con base en el artículo 142 de la Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, además de cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales.
En un texto se señala que la “ahora ex titular” incumplió diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 68 señala que los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.
También que incumplió en los términos de los artículos 131, 149 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no ordenar la detención de los policías involucrados.
Y señala que Valdovinos Salmerón “ha sido incapaz de reducir los índices delictivos y lograr avances significativos en la resolución de casos de alto impacto”.
La decisión de removerla se fundamenta “en la obligación de garantizar el cumplimiento de estas leyes, la eficiencia en la procuración de justicia y salvaguardar el correcto funcionamiento de nuestras instituciones, principios que son pilares fundamentales para el estado de derecho y la justicia” en el estado.
La federación mantendrá su apoyo a Evelyn para garantizar la paz: Segob
En medio de la crisis de violencia que vive el estado de Guerrero, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expresó su respaldo a la gobernadora Evelyn Salgado.
Manifestó que la federación mantendrá su apoyo al gobierno de Evelyn Salgado para “garantizar la paz” y “tranquilidad” en la entidad.
En sus redes sociales, reconoció “el compromiso” de la morenista “con la justicia, la transparencia y el combate a la impunidad”.
“La decisión de aceptar las renuncias de los secretarios de Gobierno y de Seguridad, así como la remoción de la Fiscal, son determinaciones valientes que ayudarán a garantizar una investigación imparcial”, expresó, en referencia al proceso para el esclarecimiento del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta.
La funcionaria aseguró que la federación mantendrá su apoyo y coordinación con el gobierno del estado para “garantizar la paz y la tranquilidad” en la entidad.
El respaldo de Sheinbaum
La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, respaldó la salida de altos funcionarios de Guerrero tras el asesinato de un normalista a manos de policías estatales.
En conferencia de prensa en puerto Progreso, Yucatán, la morenista subrayó que debe llegarse “a las últimas consecuencias” en este caso y castigar a los responsables.
“Yo creo que está bien que hayan renunciado, pero además tiene que llegarse a las últimas consecuencias en este caso. Siempre hemos estado en contra de que se utilice la fuerza pública en contra de un ciudadano, más de un estudiante y tiene que llegarse a las últimas consecuencias en la investigación y que haya castigo a los culpables”, enfatizó.
Sobre la violencia política en Guerrero y el asesinato de candidatos, Sheinbaum reiteró que se debe fortalecer la vigilancia en “ciertas” zonas de la entidad para evitar que “ocurra esta situación”.
“Como lo he dicho, hay algunas zonas de Guerrero, algunas zonas de Michoacán, una buena parte de Guanajuato, unas zonas de Jalisco en donde tiene que incrementarse la presencia para garantizar la seguridad en este proceso electoral”, manifestó.
“Sabemos que ya hay una plática entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de México y que están trabajando en ello”.
Dictan prisión preventiva a los dos policías por el asesinato de Kothan en una audiencia de 7 horas
Alrededor de 7 horas duró la audiencia de vinculación de proceso sobre el asesinato del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, cometido por policías estatales el 7 de marzo.
El director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, informó que se dictó prisión preventiva por homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio a dos policías estatales, que sigue la búsqueda del agente prófugo y se exigió a las autoridades encontrarlo, además de que no se les vinculó a proceso porque la defensa pidió la ampliación del término constitucional para determinar su situación jurídica.
La madre del estudiante asesinado, Liliana Vianey Gómez llegó a las 9:30 de la mañana a los juzgados federales en la zona Diamante de Acapulco, con el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio y alumnos de la Normal Rural que llegaron en 11 autobuses de Estrella de Oro.
La madre salió pasadas las 4 de la tarde de los juzgados y en breve entrevista se le preguntó por el anuncio de la gobernadora Evelyn Salgado de que aceptó las renuncias del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y del de Seguridad del estado, Rolando Solano Rivero, y que se removerá del cargo a la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y respondió que está bien.
Declaró que está bien la salida de los funcionarios estatales porque ellos “no pierden mucho, ellos pierden su trabajo, yo perdí un hijo”.
Señaló que tanto el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, como el titular de Seguridad Pública, general de brigada Rolando Solano, “todavía estuvieron avalando muchas cosas que son incomprensibles”.
La madre del estudiante, su hermana y dos testigos estuvieron casi 7 horas en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para la audiencia de vinculación, contra los policías que atacaron a los normalistas el pasado 7 de marzo en Chilpancingo.
Preocupa la militarización de las instituciones de seguridad
En entrevista, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, sacerdote Filiberto Velázquez Florencio dijo que hasta el momento la audiencia de vinculación va favorable para las víctimas, y dijo que se irá informando conforme vaya avanzando.
Se le preguntó sobre el juez que lleva el caso y respondió que no podían revelar nada, “nada más reiteramos no a la militarización de las instancias de gobierno, especialmente las que procuran la justicia y la seguridad pública”.
Sobre la renuncia de los funcionarios del estado, el sacerdote manifestó, “es lo mínimo que podrían haber hecho por ella (la madre del estudiante asesinado) y las víctimas”.
En declaraciones el sacerdote dijo que la mamá del estudiante fue muy explícita desde el inicio en pedir a las autoridades federales el cese del secretario de Gobierno y del secretario de Seguridad Pública estatal, “yo me imagino que hubo esa resonancia, y es lo mínimo que pudieron haber hecho por ella. A nosotros como sociedad civil sí nos preocupaba la militarización que existía en la Fiscalía como en la Secretaría de Seguridad Pública, así que ahora nuestra exigencia es que las personas que vayan a ocupar esos cargos no sean militares, por la impunidad que se genera en cuestión de los militares involucrado en actividades que les corresponden a los civiles”.
Se le preguntó si considera que con la renuncia de los funcionarios se avance en las investigaciones, y respondió que “la parte judicial es independiente y va a seguir su rumbo, pero políticamente sí va a haber cambios en cómo se viene generando esto”.
En cuanto a si el ex secretario Rolando Solano debe declarar sobre los hechos dijo que, “en su momento sí tendrá que ser llamado a cuentas”.
Que participe, pide al prófugo
Sobre la fuga del policía estatal involucrado en el caso, al sacerdote se le preguntó cuál es el llamado que le hace y dijo: “que participe porque yo creo que tiene que hablar sobre lo que sucedió y en su derecho de defenderse”.
“Como dijo el presidente (Andrés Manuel López Obrador) tiene una familia, tiene un proyecto de vida y que confíe en el proceso porque, sobretodo, tiene que aclarar las motivaciones para haber actuado de la manera en que actúo”, agregó que el mencionar a su familia no es una amenaza sino que “una persona prófuga pues yo creo que su familia también sufre la ausencia de no estar presente”.
Sobre los familiares del joven asesinado dijo que es difícil para ellos estar en una situación como la que estaban viviendo, y “a nadie le gustaría estar frente a un juez, pero ella (la mamá) tiene mucha fortaleza y va a seguir en la lucha por la justicia de la vida que le arrebataron”.
El padre dijo que estaba en calidad de defensor porque “nosotros llevamos la defensa, nuestros abogados llevan la defensa, nosotros venimos acompañando el proceso”, y dijo que por seguridad no podría revelar los nombres de los abogados. Adelantó que hay víctimas que van a dar declaraciones en su momento, porque esta audiencia es de vinculación.
Indicó que la resolución del caso es la “prueba de fuego” del presidente López Obrador antes de que se vaya, y “así como ha dicho que no es igual a los de antes, que lo demuestre”.
Pidió que el conflicto que hay entre el presidente y el Poder Judicial “no signifique que sea algo que atrase la justicia para este caso”.
Añadió que lo que buscan es que haya una justicia pronta y expedita, “una justicia impecable”.
Alrededor de las 11 de la mañana, un par de horas antes de que la gobernadora Evelyn Salgado anunciara que había aceptado la renuncia de los funcionarios, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa hicieron un mitin afuera de los juzgados federales donde pedían la renuncia de los tres funcionarios, así como a la “cadena de mando” responsable de los hechos.
Acusaron a los funcionarios de avalar una versión preliminar de los hechos donde criminalizaron a sus compañeros, al decir que los estaban persiguiendo por el robo de una camioneta y que llevaban armas, drogas y bebidas alcohólicas, lo cual se demostró que no era cierto.
Los manifestantes dijeron que acudían a los juzgados federales para hacer presión y se castigue a los culpables del “crimen extrajudicial”.
“Estamos aquí en la exigencia de que no haya impunidad en el caso. Ya no podemos creer en esas formas de investigación de la Fiscalía, porque son ineptos. Por eso queremos la destitución de los funcionarios, porque no quisieron hacer nada, no quisieron poner a disposición a los policías”.
Uno de los oradores leyó el posicionamiento donde exigen al Poder Judicial de la Federación una investigación sobre la muerte del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, quien “perdió la vida a manos de estatales”.
Expuso que esas corporaciones reprimen a los estudiantes, están en contra del pueblo, y por eso “nuestro repudio al gobierno federal, a la gobernadora y a la Fiscalía les exigimos que den con el paradero del policía que se dio a la fuga, ese policía tiene mucho que ver porque fue el que le disparó a nuestro camarada”.
Afirmó que fue un crimen de Estado porque “fueron partícipes corporaciones que son parte del Estado, corporaciones que supuestamente están para salvaguardar la integridad física de todos los mexicanos, pero vemos que no, que sólo están para reprimir al pueblo”.
Exigió castigo a los culpables, que se les apliquen las sanciones necesarias a los que estuvieron implicados y que eso incluía a los funcionarios.
Indicó que su compañero no iba tomado ni drogado y que todo, “fue sembrado por las autoridades de seguridad pública, algo similar a lo que hicieron el 12 de diciembre del 2011 cuando de igual manera mencionaron que accionaron armas de fuego, lo que no es cierto”.
Recriminó a la “prensa amarillista” la forma en que los han criminalizado y “por qué no transmiten en vivo cuando vamos a las comunidades para ayudar a las personas que más lo necesitan. Eso sí no se da a conocer, y vemos que para el gobierno es más peligroso ser estudiante que traficante”.
Otro estudiante dijo que mientras la pobreza exista las escuelas normales rurales tendrán razón de ser.
Dijo en el mitin, los estudiantes que estaban ahí para exigir justicia y conocer la verdad de los hechos y señaló que lo que encontraron fue sembrado para hacer quedar mal a las normales, “nosotros queremos que se sepa la verdad de lo que pasó el 7 de marzo para que se haga justicia, y que no quede impune como ha sucedido, como en el caso de los 43 compañeros desaparecidos”.
“Exigimos que haya justicia por primera vez, que se hagan valer nuestros derechos y estamos aquí para que se cumplan”, subrayó el normalista. No hicieron ninguna pinta en el inmueble y sólo lanzaron consignas.
Juicio político para la gobernadora por la violencia en el estado, pide Adrián LeBarón
El activista Adrián LeBarón solicitó a la Cámara de Diputados federal y al Congreso del Estado que inicien un juicio político contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, y otros hechos de violencia en la entidad, en la que “son los grupos criminales los que cada día imponen su autoridad de miedo”.
Este jueves por la tarde, mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter), Julián LeBarón hizo públicas las peticiones de juicio político que entregó ese mismo día y que están fechadas un día antes. Con los oficios entregados y firmados, acompaña un video en el que justifica su solicitud.
“Pedimos juicio político a la gobernadora Evelyn Salgado. Es muy grave lo que ocurre en Guerrero, un lugar donde no existe el Estado de derecho, y son los grupos criminales los que cada día imponen su autoridad de miedo”, dice el activista en un video corto y un texto que acompaña su publicación.
Menciona que este jueves pidió al Congreso local y al federal, que inicie un juicio político contra Evelyn Salgado porque “ya no es posible que la gente esté pagando los costos de una administración omisa, incapaz de brindar seguridad a su población”.
Menciona, además, el homicidio del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez, cometido por agentes de la Policía Estatal la noche del jueves de la semana pasada, y ante las inconsistencias que se evidenciaron desde el inicio de las investigaciones, consideró que “se quería construir otra verdad histórica, y formar una realidad sesgada, para deslindarse de la responsabilidad”.
Agrega que con la fuga del policía que presuntamente habría matado a Yanqui Kothan, “se demostró que la institución del Estado no sirve y no responde a quienes debería servir. Eso es una muy alta traición”.
El miembro de la comunidad LeBarón, asentada en Chihuahua, y que ha apoyado a víctimas de la violencia en Guerrero, agregó: “No podemos dejar solos a nuestros hermanos guerrerenses, no podemos ser omisos ni voltear la mirada ante lo que sucede. No los dejemos solos y espero que el Congreso atienda este llamado”.
La demanda de juicio político contra la gobernadora se da en medio de la crisis política debida al asesinato del estudiante Yanqui Kothan, que este jueves obligó a la separación del cargo de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el general Rolando Solano Rivera, respectivamente, y a la remoción de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Las solicitudes de juicio político
Las demandas de juicio político contra la gobernadora Evelyn Salgado fueron entregadas este jueves a la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, y en la oficialía de partes del Congreso del Estado, dirigido a la presidenta de la mesa directiva, Leticia Mosso Hernández.
Es promovida por el activista Adrián LeBarón Soto, en la que se indica que con fundamento a los artículos 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, 6 y 7 fracción VII, 9 y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “comparezco ante usted, para presentar una denuncia contra Evelyn Cecia Salgado Pineda, actual gobernadora del estado libre y soberano de Guerrero, con la finalidad de que se dé inicio al procedimiento de juicio político”.
Justifica que la procedencia de la denuncia, para que se inicie este juicio político, está de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados”.
En el segundo punto de la petición, establece que es procedente que se inicie el procedimiento en contra de la gobernadora Salgado Pineda, en virtud del artículo 110 de la Constitución, que establece que los ejecutivos de las entidades federativas “sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen”.
Asimismo, indica que es procedente, en virtud de que los hechos sobre los que se sustenta la presente denuncia encuadra en la hipótesis reconocida en el supuesto normativo del numeral 5, en relación con el artículo 7 fracciones VI y VII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “los gobernadores de los estados (…) podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen”.
Mientras que en la denuncia ante el Congreso local, Adrián LeBarón fundamenta su petición de juicio político contra Salgado Pineda en los artículos 195 de la Constitución Política del estado de Guerrero, así como los artículos 9, 10, 11, 13 y 14 de la ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Guerrero.
Texto: Lourdes Chávez, Zacarías Cervantes, Redacción y Alejandro Guerrero / Foto: Jessica Torres Barrera
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