▼ Hay “enojo” del secretario, dice el prelado que ha insistido en que autoridades están coludidas con el crimen organizado
▼ Ayer hubo tres ejecutados más en Acapulco y una balacera en transitada zona comercial de Chilpancingo
Nota: Lourdes Chávez
Fotos: Archivo El Sur (En la imagen, del 18 de agosto, el obispo Salvador Rangel celebró dos años en la sede episcopal)
Chilpancingo, Guerrero.- El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, consideró que en el fondo, la degradación de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos a Dirección, responde al “enojo” del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, por sus declaraciones sobre los hechos de violencia que ocurren en el estado.
Señaló que Salazar Adame declaró a la prensa que el subsecretario destituido, Jorge Alberto González Rivero, “no sabía operarme”, y en esta circunstancia adelantó que ya no puede haber un diálogo franco y abierto con las autoridades.
En consulta telefónica sobre el cambio en la dependencia creada para un trato directo del gobierno con las iglesias, aclaró que no tenía conocimiento de la medida, pero que los cuatro obispos de Guerrero se habían puesto de acuerdo en apoyar la continuidad de González Rivero en el cargo.
Incluso, solicitó al gobernador que volvieran a instalar a Jorge Alberto, “pero al parecer no es conveniente para ellos”.
Lamentó que no hayan tomado en consideración la opinión de los obispos, en un puesto clave para aportar iniciativas. “Yo en lo personal, no estoy de acuerdo con el cambio de persona, porque el que estaba se llevaba muy bien con los obispos. Para nosotros hacía un buen trabajo”, subrayó.
Y cuestionó la forma en que lo destituyeron, por un “enojo” del secretario de Gobierno que denunció en la prensa “que el subsecretario no sabía operarme. ¿El qué tenía que operarme a mí?”.
Opinó que es injusto que se haya removido a un funcionario solamente porque el secretario salazar Adame estaba molesto con él por sus declaraciones de que la violencia en Guerrero no se detiene porque hay colusión de autoridades de todos los niveles con la delincuencia organizada.
Pugnó porque la decisión institucional sea para bien, pues el gobierno y la Iglesia católica tienen una finalidad común, que es el bienestar de las personas.
Sin embargo, estimó necesario que la sociedad conozca cómo se toman las decisiones institucionales, porque la Iglesia trata de ayudar a construir una mejor sociedad, sin subordinación, “o que me estén operando”.
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