Ciudad de México, 22 de septiembre de 2023. Diputados de Morena y de la Oposición afirmaron que el otorgamiento de la libertad provisional al abogado Juan Collado, es un ejemplo de que en este país el acceso a la justicia es diferenciada para ricos y pobres.
La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, lamentó que un “presunto delincuente de alcurnia” como Collado, a quien se le acusa de peculado y lavado de dinero, presuntamente del Cártel de Sinaloa, pueda acceder a beneficios como el cambio de la medida cautelar, mientras que miles de personas que no gozan de su capacidad económica, incluidos jóvenes, están en prisión preventiva sin que hayan comenzado los procesos en su contra.
“Al parecer, existe la aplicación de la justicia y los procesos a presuntos delincuentes de manera diferenciada, lo que podemos decir para demostrar ello, es que Juan Collado es un presunto delincuente de alcurnia y millonario y en esa misma condición existen también presuntos delincuentes que, como no son de alcurnia, ni son millonarios, representan entonces una franja de pobreza social y eso significa también, en el acceso a la justicia, porque por delitos ridículos, muchas veces las y los jóvenes están en prisión sin siquiera haber comenzado sus proceso”, indicó.
Ayer, después de más de cuatro años en prisión, un juez federal le concedió la libertad provisional a Juan Collado, aunque deberá usar un brazalete electrónico para continuar con sus procesos.
La modificación de la medida cautelar se dio debido a su deteriorado estado de salud y con base en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaron al Estado mexicano eliminar de su legislación la prisión preventiva oficiosa.
La legisladora lamentó que se utilicen las sentencias de la Corte Interamericana para liberar a personajes relacionados con el crimen organizado, porque envía a éste el mensaje de que sus millonarias ganancias serán intocables.
“Lo cierto es que a Juan Collado se le acusa de fraude, peculado y lavado de dinero, presuntamente al Cártel de Sinaloa, y una vez más, no se toca al crimen organizado en el ángulo más sensible y estratégico con sus ganancias millonarias, este es el mensaje que se da al liberar a este personaje apelando a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo parece indicar que el Gobierno en turno tiene una lista de intocables”, advirtió.
La morenista Julieta Ramírez señaló que la liberación del abogado es un ejemplo de que urge una reforma al Poder Judicial.
“Un juez le concede libertad provisional a Juan Collado y lo deja estar a gusto en su casita para que pague sus crímenes y ahora los magistrados de injusticia intentan liberar al Fiscal Uriel Carmona. La ‘puerta giratoria’ del Poder Judicial deja en claro que algo está fallando adentro. ¡Urge la reforma!”, afirmó a través de sus redes sociales.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, dijo esperar que así como le dieron la protección a Collado, el mismo criterio se aplique para las miles de personas que continúan detenidas sin una sentencia.
Barrera indicó que el caso del abogado es un ejemplo de que la justicia tampoco es pronta y expedita en el país, ya que la modificación de la medida precautoria se dio cuatro años después de su detención.
“Esto nos lleva a cuestionarnos cuántos presos siguen sin ser sentenciados, llenando las cárceles del País, lo que claramente es una violación a sus derechos humanos. Espero que así como se está dando la protección en este caso en particular, se aplique para los miles que siguen sin ser juzgados por un tribunal”, dijo.
En su turno, la diputada Julieta Mejía, integrante de la Comisión de Justicia, recordó que del total de las personas detenidas en los centros penitenciarios, el 50 por ciento no tienen sentencia y están recluidas sin aún ser declaradas culpables.
Para la emecista, quien presentó una iniciativa para derogar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, esta es una figura que ha dañado severamente, sobre todo a las personas que no tienen recursos para su defensa.
“Se violan los derechos humanos de cuatro de cada 10 personas privadas de la libertad bajo esta figura que es inconvencional y que la Corte Interamericana exige a México modificar”, afirmó.
En el caso del abogado Juan Collado, Mejía sostuvo que el otorgamiento de la libertad provisional, no exime al Estado mexicano de la responsabilidad de continuar con la indagatoria y, finalmente, dictar sentencia.
Texto y foto: Agencia Reforma
