En pronunciamientos por separado exigen la libertad de Ubaldo Segura. Su detención es parte del “clima de animadversión” contra los “defensores comunitarios que ha implantado el gobierno federal”, señala Tlachinollan
Chilpancingo, Guerrero, 20 de marzo de 2026. Más de 20 organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, del estado y del país exigieron mediante pronunciamientos por separado, la libertad de Ubaldo Segura Pantoja, y señalaron que la misma confirma un patrón de persecución del gobierno federal contra los luchadores sociales.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, denunció que en los últimos años se ha incrementado la persecución contra organizaciones sociales y de la Policía Comunitaria.
Expuso que en octubre del 2025 Jaime Morales fue detenido en un retén de la Guardia Nacional en Ayutla; el 5 de febrero del 2026 policías estatales detuvieron a Noel Silva, quien perteneció a la Policía Comunitaria de Olinalá.
“Recientemente la Policía Ministerial detuvo a Policarpio Patriarca Agustín, integrante de la Policía Comunitaria de la comunidad de El Paraíso, municipio Ñuu Savi, acusado de homicidio”, recordó.
El caso de Marco Antonio Suástegui como un ejemplo
El organismo, añadió que lo más grave es que el 24 de abril del 2025 asesinaron a Marco Antonio Suástegui, “líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), que a diferencia de los compañeros de la Policía Comunitaria y de organizaciones sociales perseguidos y dete-nidos, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ejercita las acciones penales contra Pedro Santos Cruz, el comandante Pino, señalado como autor intelectual de la desaparición de Vicente Suástegui cometida en agosto del 2021”.
El organismo denunció que este patrón de impunidad se mantiene en el caso de Marco Antonio que a 11 meses de su asesinato la Fiscalía detuvo y dejó en libertad a uno de los autores materiales.
También recordó que el 20 de febrero del 2024 fue detenido el maestro Evodio Pérez Malpica, acusado de secuestro agravado y ataques a las vías de comunicación en 2014.
“Al igual que Ubaldo Segura fue detenido al salir de su domicilio y llevado por la Policía Ministerial Federal a un penal de alta seguridad en el estado de Durango. Afortunadamente el juez determinó la libertad del maestro Malpica”.
Añadió que la detención de Segura Pantoja corrobora el “clima de animadversión contra los luchado-res sociales y defensores comunitarios que ha implantado el gobierno federal sin avocarse a ejercitar las órdenes de aprehensión contra los perpetradores de la violencia que nos desangra en el estado”.
Concluyó: “Exigimos la libertad inmediata de Ubaldo Segura Pantoja, que las autoridades federales garanticen protección a su integridad física y que respeten sus derechos humanos, máxime que se trata de un luchador social y defensor de derechos humanos”.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, de la Ciudad de México hizo el “más enérgico” llamado a las autoridades en todos sus niveles, para que con fundamento en el artículo 1 de la Constitución, la Declaración Uni-versal de los Derechos Humanos, y la Declaraciones sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, “se garantice la libertad personal e integridad física y sicológica” de Ubaldo Segura Pantoja.
Explicó que Segura Pantoja es integrante de la Comisión Política del Frente Popular de la Montaña “organización que lucha por la justicia social en una de las regiones más marginadas del país, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, además de defensor del comercio de Tlapa”.
Recordó que ha sido parte del movimiento que exige justicia para Arnulfo Cerón, un miembro del FPM desaparecido y luego asesinado en el 2019, además de que participa activamente por la libertad de la defensora social, Kenia Hernández, “presa política” desde el 2020”.
La Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR), que aglutina a más de 10 agrupaciones en el país, entre éstas la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y el mismo FPM, exigió la “liberación inmediata” de Segura Pantoja.
“Estos hechos recrudecen la persecución y criminalización del movimiento social legítimo en México; hacemos un llamado a mantenernos en unidad y a luchar organizados”, convocó.
La Union de Trabajadores de la Educación (UTE) de Oaxaca, exigió, por igual, la “libertad inmediata” del “dirigente social y luchador incansable por la presen-tación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de otros dirigentes víctimas de desaparición forzada por órganos represivos del Estado mexicano”.
El Frente Popular Revolucionario de Guerrero (FPR) exigió la libertad “del compañero” y convocó a las “organizaciones sociales hermanas” a solidarizarse para exigir su libertad inmediata.
“Hacemos responsable a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta Claudia Sheinbaum de la integridad física del compañero”, advirtió el FPR.
Zacarías Cervantes
