La mesa ejidal advirtió que la minera de capital canadiense en vez de distender la relación y sentarse a negociar, actúa en “abierta confrontación con nuestro ejido”. La Procuraduría Agraria llama a la empresa a “que se conduzca con estricto apego a las leyes mexicanas y se abstenga de cualquier acción de hostilidad en contra de la organización comunal de Carrizalillo”
Chilpancingo, Guerrero, 7 de marzo de 2025. Empresas subcontratadas por la minera canadiense Equinox Gold comenzaron a rescindir convenios de prestación de servicios de manera anticipada a vecinos de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), a quienes acusa de haber provocado “daños” a la empresa con el bloqueo del 19 de febrero.
La mesa ejidal advirtió que la minera de capital canadiense, en vez de distender la relación y sentarse a negociar, actúa en “abierta confrontación con nuestro ejido” y se manifiesta “en flagrantes actos de intimidación y hostigamiento”.
En tanto que el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera hizo un llamado a la empresa minera “para que se conduzca con estricto apego a las leyes mexicanas y se abstenga de cualquier acción de hostilidad en contra de la organización comunal de Carrizalillo”.
Con fecha 3 de marzo, directivos de empresas subcontratadas por Equinox Gold enviaron al menos dos oficios a prestadores de servicios a avecindados de Carrizalillo a quienes les notifica “la terminación de convenio de ocupación temporal” de sus servicios o en su caso “convenio modificatorio”.
En uno de ellos en el que se tacha el nombre del destinatario da por terminado el convenio de ocupación de una superficie de terreno en ese ejido, que era utilizado por la empresa Desarrollos Minero San Luis S.A. de C.V.
“Lo anterior, por haberse vuelto financieramente inviable y por lo mismo insostenible hacia el futuro; tal y como se les ha informado detalladamente a sus representantes”, indica el documento.
La notificación la firma la representante legal de la empresa Claudia Valencia Borbolla.
La protesta del 19 de febrero, la razón de que se termine la relación laboral
El otro documento es una notificación de terminación de la relación contractual “por incumplimiento del prestador/contratista”.
En el documento que también está testado, se acusa al prestador de servicio de maquinaria por su participación en el bloqueo del 19 de febrero “con la intención de causar un daño a la Empresa”.
Agrega que, por lo anterior, “se les notifica que no se les renovará ni contratará en lo futuro para los servicios que ha venido prestando en la Empresa, derivado de su participación directa y dolosa, acreditada por fedatario público y por muy diversos testigos, en el bloqueo de las instalaciones de la Empresa en la llamada Caseta 4, donde acceden los trabajadores, el día 19 de febrero del año en curso”.
Se señala en el documento que con el referido bloqueo “atentaron contra los intereses de la Empresa y su operación normal, para infligirle el mayor daño económico posible, y obtener por la vía de la extorsión, beneficios indebidos”.
Derivado de la notificación le dan al concesionario cinco días hábiles “a partir de la notificación electrónica” de esta comunicación para retirar de nuestras instalaciones su excavadora, “de lo contrario será considerada un riesgo para nuestros trabajadores y nuestras instalaciones, por lo que la empresa procederá a retirarlos con la mayor diligencia y a cargo de usted a instalaciones especializadas, donde quedará debidamente en resguardo, de lo cual dará fe un notario público, pudiendo usted por supuesto, retirarlo, una vez que cubra los costos involucrados”.
El documento está firmado por la misma representante legal de Desarrollos Mineros San Luis, S.A. de C.V., Claudia Valencia Borbolla.
“Reclamaremos que nuestras tierras estén plenamente rehabilitadas”
Derivado de ello, los integrantes de la Mesa Agraria denunciaron en un comunicado que la empresa Equinox Gold, en vez de distender la relación y sentarse a negociar, “continúa en su abierta confrontación con nuestro ejido que manifiesta en flagrantes actos de intimidación y hostigamiento”.
Refieren que estos actos significan que la empresa “ya tomó su decisión, por lo tanto, concluye la supuesta etapa de negociación e inicia el proceso de cierre de la operación, al menos en lo que corresponde a nuestro territorio, y en ese sentido, vale la pena recordar que en nuestro territorio se ubica poco más del 80% de las áreas estratégicas de la empresa”.
Reconocen que la empresa está en su derecho de avisar y finiquitar los contratos vigentes de concesionarios, pero que empezarán a advertirle a la empresa “que seguimos dispuestos a negociar el cierre y por supuesto que lo haremos con mayor contundencia porque su convenio concluye a fin de este mes y en consecuencia nosotros reclamaremos que nuestras tierras estén plenamente rehabilitadas para darle continuidad a nuestra profesión de origen que es el ser campesinas y campesinos”.
Advierten: “De ninguna manera nos devolverán las tierras como se les dé la gana, por lo tanto exigimos que para el 1 de abril del 2025 nuestras tierras estén en condiciones de ser utilizadas, toda vez que se han acabado los beneficios mineros debemos utilizarlas para mantener a nuestras familias y para ello requerimos la tierra se encuentre en perfectas condiciones y sin tóxicos tal cual como estaban cuando se las rentamos, es decir, que regresen a su estado original”.
Lamentan la “reacción tardía” del subsecretario de Desarrollo Político del gobierno del estado Francisco Rodríguez Cisneros, “porque en su nota publicada en El Sur el 6 de marzo llama a las partes para que se agote el diálogo, cuando él fue partícipe que en ese proceso nunca hubo diálogo ni negociación entre el ejido, la empresa y el gobierno del estado”.
Por su parte, el titular de la PA, Víctor Suárez Carrera convocó en un comunicado a la empresa minera canadiense Equinox Gold “que se conduzca con estricto apego a las leyes mexicanas y se abstenga de cualquier acción de hostilidad en contra de la organización comunal de Carrizalillo”.
Le pidió, como institución de servicio social garante de la legalidad en el campo mexicano, que retome la mesa de negociación con la comunidad agraria bajo un marco de respeto y de justicia social, ambiental y sanitaria.
Refirió que los derechos de las comunidades agrarias deben ser plenamente garantizados, armonía con el bienestar de las comunidades.
“La Procuraduría Agraria reafirma su compromiso con la defensa de los derechos agrarios y la justicia social en los ejidos y comunidades agrarias”, indica y añade reitera la necesidad de un diálogo “franco y equitativo que priorice los intereses y la dignidad de las comunidades agrarias”.
Recuerda que el ejido Carrizalillo cuenta con un registro en su padrón de 175 miembros activos, y aproximadamente mil 300 hectáreas, de las cuales el 95% ha sido ocupado en el proyecto minero Los Filos, que ha operado por más de tres décadas al interior de la comunidad agraria.
Texto: Zacarías Cervantes/ Foto: Archivo
