Andrés Juárez
Detrás de la comida que llega a nuestra mesa
Existen algunos bienes públicos generados por la vida rural que la urbanidad ya no valora. Ya no valora ni asigna precio. Porque ni se le aprecia o se le significa, ni se le mercantiliza. Leí alguna vez el famoso estudio sobre los niños de ciudades estadunidenses que piensan que la leche chocolatada viene de vacas color café (78 por ciento no sabía que el pepinillo era pepino y 50 por ciento no sabía que el tomate venía de una planta). Y no es un mal chiste, muchos niños en las ciudades creen que la leche viene del refrigerador o hay adultos que piensan que el problema del hambre se soluciona con más empresas como Kellogs. El ejemplo con las mercancías es demasiado sencillo de entender: la sociedad industrial educa para desaparecer ante nuestra conciencia que las mercancías que adquirimos no incluyen relaciones sociales y relaciones de producción.
Cada producto agrícola que llega a nuestra mesa no es solamente un producto que sirve para comer, es también tierras, dueños de las tierras, intermediarios, jornaleros explotados, externalidades negativas al medio ambiente, dominio de corporaciones internacionales y un largo etcétera. Claro, es también empleo y bienestar de millones de campesinos, según la fuente del producto. Y ahí es donde está la clave: ¿de dónde viene el producto que se consume? En la respuesta se halla la ruta para comenzar a redirigirnos hacia un consumo más responsable con el medio ambiente, con los recursos naturales y con los campesinos.
Pero hay otro nivel más profundo, por lo intangible. La vida rural –en concreto, la vida campesina– genera bienes públicos que no observamos porque no están en el mercado. El agua, el oxígeno, el enfriamiento del planeta, la conservación de especies y ecosistemas, la pervivencia de sistemas de producción y culturas, el atesoramiento de formas de alimentación que, de no ser por la vida rural, ya no existirían –¿quién paga por este resguardo cultural?–; y es precisamente la parte más amenazada de la ruralidad la que mantiene la generación de estos bienes comunes: el manejo forestal comunitario y la agricultura de pequeña escala.
¿Para qué necesitamos a los campesinos de subsistencia, si podemos importar maíz del “cinturón de maíz norteamericano”? Los campesinos de subsistencia mantienen abejas meliponas entre miles de insectos polinizadores que brindan servicios a los agricultores medianos e intensivos, mientras la producción de maíz del mencionado cinturón está poniendo en riesgo a la mariposa monarca. He ahí la utilidad pública de la agricultura de pequeña escala.
La paradoja de los pequeños productores agrícolas es que sus ingresos nunca son suficientes para seguir resguardando los bienes públicos que genera. Esta baja monetarización de su economía resulta en pobreza ante la presión del sistema para que se tornen consumidores de mercancías externas, lo que conduce a la carencia alimentaria y desnutrición. Y finalmente, en deterioro de recursos naturales, abandono de sistemas de producción diversificados y en pérdida de biodiversidad. Salir de esta trampa puede costar generaciones.
La cosificación de la conciencia estimulada por el sistema industrial ha generado consumidores de mercancías sin idea de las relaciones, pero también ha generado productores aspiracionales que esperan convertirse en productores extensivos y agroindustriales a toda costa. Si bien regular ambientalmente la agricultura industrializada es un reto inmenso, mantener a los pequeños productores como tales también lo es, pues esto atraviesa por sus deseos de adquirir cierto estatus social. Por ejemplo, en la mixteca oaxaqueña, los monjes dominicos introdujeron la crianza de ganado menor para los indígenas y permitieron –por orden real– la crianza de ganado mayor sólo para los criollos; desde ahí, ser ganadero es un estatus de hombre blanco superior mientras que ser productor de ganado menor es estatus de hombre indígena inferiorizado. Eso se observa en muchos lugares donde la ganadería no es rentable en ningún aspecto y más que una caja de ahorros –como se cree– es una cuestión de estatus social. Disolver este trauma social no es cosa menor. Convencer a un pequeño productor de que su agricultura diversificada, su agroecología, tienen mayor valor que ser un productor de monocultivo, es una tarea difícil en un contexto de presiones sobre su sistema interior de deseos proveniente del exterior.
Quizá la sociedad urbana en esta tarea tenga un papel mucho mayor del que ha asumido hasta ahora. Revalorar el origen, las relaciones sociales que implican los productos y los bienes públicos que genera la pequeña agricultura coadyuvaría a fortalecer las estrategias de sociedad civil y gobiernos que empujan el sostenimiento de estos sistemas.
La caminera
La agricultura que regenera los servicios ambientales no podría alimentar al 75 por ciento de población urbana, tal vez, pero mantiene servicios hasta para la agroindustria que alguien tiene que empezar a valorar y a-preciar.
