La feminista responsabiliza a diputados y diputadas del Congreso local de que están obligados a regular la despenalización del aborto en el estado, pero siguen retrasando el dictamen de la iniciativa que llegó a la Comisión de Justicia en enero, para terminar con más obstáculos de acceso a los servicios
Chilpancingo, Guerrero, 12 de abril de 2022. Lejos de corregir las fallas institucionales, la Secretaría de Salud Guerrero justifica o trata de minimizar las denuncias de familiares y activistas que dan acompañamiento a las víctimas de violencias en la búsqueda de atención integral en el sector público, señaló la feminista Marina Reyna Aguilar.
Responsabilizó además a diputados y diputadas del Congreso local que están obligados a regular la despenalización del aborto en el estado, pero siguen retrasando la dictaminación de la iniciativa que llegó a la Comisión de Justicia en enero, para terminar con más obstáculos de acceso a los servicios.
La activista fue consultada vía telefónica sobre el caso de Liz, víctima de violencia sexual y sicológica de parte de su pareja, que se sometió a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el hospital Raymundo Abarca Alarcón, pero cuando llegó al área de emergencias por atención urgente le pidieron la autorización del Ministerio Público y copia de su denuncia penal, contrario a la NOM 046 para la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Reyna Aguilar informó que supo de este caso el viernes en la noche, cuando los familiares recurrieron a la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim), para que les ayudara a explicarles la condición que enfrentaba la usuaria.
Aclaró que en el acompañamiento de estos casos ha notado que cuando una falla se hace visible, lejos de revisar o corregir las deficiencias en los procesos, la dependencia estatal trata de justificar.
Aunque toca a la Secretaría operar y revisar los procedimientos de atención integral a las víctimas de violencia.
“Si el equipo está actuando mal, cometiendo violencia institucional y re victimizando a las usuarias, la autoridad debe corregir”.
Aclaró que no todas las víctimas tienen acceso al acompañamiento de organizaciones o activistas que las ayuden en situaciones como la que enfrentó Liz, y Salud en lugar de corregir las conductas y malos procedimientos en los hospitales, “cuida que no se les salgan de control, que no se hable de ellos, encubriendo las fallas institucionales”.
Consideró necesario llamar a la Ssa a que ayuden a corregir, a subsanar la ruta de actuación, y vean a las defensoras de derechos de las mujeres como aliadas, “porque la atención y toma de decisiones (del personal médico) no llega a los primeros niveles”.
Asimismo, aclaró que la Ssa debe tener una coordinación estrecha con la Fiscalía General del Estado, pero no para autorizar la IVE, sino para dar cuenta de los hechos registrados de violencia, para que en un momento dado, cuando la víctima decida denunciar, le sirva de antecedente.
Por otro lado señaló que la aprobación de una ruta de trabajo en la Comisión de Justicia de Congreso local, para analizar el dictamen reformas y adiciones al Código Penal sobre el aborto, que incluye “reuniones con expertos”, es una salida fácil del poder Legislativo para justificar su no actuar en la recomendación de la Alerta por Agravio Comparado, prolongando y haciendo más polémico el tema.
Ratificó que los derechos no se consultan, “no lo quieren hacer, porque seguro traen compromisos”, denunció.
Advirtió que mientras no se reforme el Código Penal del estado, las consecuencias en los hospitales serán la mala atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, y responsabilizó a los diputados y las diputadas locales de éste y demás hechos que se sigan presentando.
“Porque que no dicen nada, tendrían qué decir cómo van a resolver este problemas y los otros que vienen”. Recordó que se han denunciado casos graves, pero ¿qué hay de aquellos de los que no nos damos cuenta?”.
Lamentable que, pese a casos visibles, sigan negando la IVE: Remjina
De la Red de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (Remjina), Nadia Maciel Paulino lamentó que pese a las denuncias que se visibilizan y las intervenciones de activistas para que las mujeres tengan acceso a un aborto legal, personal médico sigue obstaculizando la atención de las víctimas.
Vía telefónica aclaró que no es un tema de partidos en el gobierno, porque hace 10 años diferentes siglas han dirigido los destinos de Guerrero, y nadie se pronuncia a favor ni en contra.
Aunque en el estado falta homologar el aborto con leyes nacionales, precisó que la interrupción es un derecho en México.
Además, señaló que en los hospitales hay protocolos, normas internas y un marco jurídico que debe atender para la protección de víctimas que suelen estar muy cercanas a sus agresores.
“Que lamentable que cuando toman decisiones tan difíciles como solicitar una IVE y lleguen a una institución que debe garantizar su derecho a la vida y la salud, y no tengan acceso a él, particularmente en un estado feminicida, donde la mayor parte de las mujeres tienen miedo de solicitar ayuda. Con estas actuaciones, simplemente se van a quedar calladas”.
Aclaró que en el acompañamiento de caso, con organizaciones civiles en el sector público o de manera privada, ha incidido en la atención, “porque la vida de la mujer y la salud están en peligro, lo principal es resolver la situación que enfrentan”.
Señaló un caso de una joven profesionista que solicitó servicios en el Sector Salud, a pesar de su perfil y conocimiento de sus derecho, ante la violencia institucional, finalmente fue a una clínica privada.
Lamentó que poco o nada haya cambiado ante los casos visibilizados, “por eso digo, no importa el color, todos los partidos cuidan sus formas, sus maneras, ponen sus intereses personales o de partido antes que la vida de las mujeres”, recriminó.
Texto: Lourdes Chávez
