Se abstiene México en OEA contra Maduro

Los países latinoamericanos, así como Estados Unidos y Canadá, se han negado a reconocer el segundo mandato que Nicolás Maduro ha iniciado este jueves y han anunciado una serie de medidas diplomáticas y económicas para aislar aún más al presidente venezolano con el propósito de restaurar el orden democrático en Venezuela.
Tal y como había prometido, Maduro ha jurado el cargo para un nuevo mandato de seis años reivindicando que “Venezuela es una democracia” y él es “un presidente demócrata de verdad”, y acusando de los problemas del país a la “guerra” económica y mediática lanzada por Estados Unidos y sus “gobiernos satélite”.
La oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional habían pedido a Maduro que no iniciara este segundo periodo advirtiendo de que a partir del 10 de enero, cuando expira el primero, no reconocerían su legitimidad en el cargo, conforme a su decisión de no reconocer tampoco las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo.
Estos comicios han sido cuestionados porque los principales partidos y dirigentes de la Mesa de Unidad de Democrática (MUD) –coalición opositora– fueron inhabilitados o estaban encarcelados, se prepararon sin apenas tiempo y no hubo observación de importantes actores internacionales.
Como muestra del rechazo interno, la investidura se ha celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por magistrados “chavistas”, porque la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y donde suelen tener lugar las tomas de posesión de los presidentes venezolanos, se ha negado a acogerla.
En cuanto a la comunidad internacional, los únicos presidentes latinoamericanos que han acudido a Caracas para atestiguar el arranque del segundo mandato de Maduro han sido los de Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador, miembros del llamado eje bolivariano.
El Grupo de Lima –formado por catorce países de América Latina y el Caribe– ha boicoteado el acto, a excepción de México, que ha estado representado por su encargado de negocios en Caracas. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y sus estados miembros no han enviado a nadie.
OEA Y Grupo de Lima
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha decidido este jueves en sesión extraordinaria “no reconocer la legitimidad” del segundo mandato de Maduro, al que ha urgido a permitir la celebración de “nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo”.

Hasta entonces, la OEA ha animado a los países que la integran a “adoptar, de conformidad con el Derecho Internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela”.
El Grupo de Lima, el otro gran bloque regional de importancia en lo tocante a Venezuela, ya anunció el pasado viernes que, a partir del 10 de enero, iniciaría una ofensiva diplomática contra Maduro y su Gobierno para forzarle a celebrar unas elecciones “creíbles”.
Paraguay ha sido el país más contundente a la hora de responder al llamamiento de OEA y Grupo de Lima. El Gobierno de Mario Abdo Benítez ha anunciado directamente la ruptura de las relaciones con la Venezuela de Maduro, aclarando que esto “no afecta al pueblo venezolano”.
Desde Perú, el Ejecutivo de Martín Vizcarra ha llamado a consultas a la encargada de negocios de la Embajada en Caracas, Rosa Álvarez; ha prohibido la entrada en territorio peruano a Maduro y cien miembros de su “régimen”; y ha anunciado “medidas económico-financieras” contra la cúpula venezolana.
El presidente colombiano, Iván Duque, también ha ratificado su intención de contribuir a “cercar diplomáticamente la dictadura” de Maduro. Su ministro de Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, ya anunció esta semana que Maduro y sus colaboradores no podrán pisar suelo colombiano.
Por su parte, Mauricio Macri ha acudido a Twitter para confirmar la posición argentina. Ha reprochado a Maduro que se intente presentar como una “víctima”. Aunque “hoy intenta burlarse de la democracia”, los venezolanos y el mundo saben que “Venezuela vive bajo una dictadura”, le ha dicho.

Estados Unidos y Canadá
En el norte del continente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha calificado a Maduro de “usurpador” y ha pedido a quienes le apoyan, “desde los empleados que se las arreglan con los subsidios alimentarios hasta las fuerzas de seguridad que juraron la Constitución”, que dejen caer al presidente venezolano.
Pompeo ha confirmado además que Estados Unidos “seguirá jugando un papel activo para este fin”, recordando en este sentido las recientes sanciones que ha impuesto contra varios individuos y entidades venezolanas, incluida la cadena de televisión Globovisión.
“Hoy, el régimen de Nicolás Maduro ha perdido cualquier apariencia de legitimidad (…) Se ha consolidado plenamente como una dictadura”, ha dicho la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, en un comunicado. También ha apuntado que el Gobierno de Justin Trudeau seguirá emprendiendo “acciones potentes” contra el Gobierno venezolano.
“Hoja de ruta”
Los países de la región han propuesto como solución a la crisis política en Venezuela que Maduro ceda el poder a la Asamblea Nacional para que la sede legislativa guíe al país hasta la celebración de unas nuevas elecciones presidenciales que sean “creíbles”.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde los comicios parlamentarios de 2015, ha sido señalada por los detractores de Maduro como la única institución legítima en Venezuela desde este 10 de enero.
Sin embargo, su margen de actuación es escaso porque el TSJ la ha declarado en “desacato” por no expulsar a unos diputados cuyo triunfo en las urnas ha sido cuestionado por las autoridades electorales.
Con ello, las funciones del Parlamento han sido absorbidas por la Asamblea Constituyente, una institución que tampoco reconocen ni la oposición ni la comunidad internacional por ser fruto de otro proceso fraudulento, según denuncian.
En este contexto, Maduro se ha mostrado dispuesto a aceptar una mediación de los gobiernos latinoamericanos que mantienen el “equilibrio político” pero ha aclarado que agotará su nuevo mandato.