Este miércoles serán presentados los menores en ese pueblo que pertenece a José Joaquín de Herrera, tras la privación de la libertad de cuatro integrantes de la familia Domingo Gaspar, el viernes pasado en Zacatepec, mientras pastoreaban su ganado
Chilpancingo, Guerrero, 23 de enero de 2024. El Consejo Tradicional del Gobierno Nahua y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), acordaron nuevamente incorporar a niños a las filas de la Policía Comunitaria, debido al resurgimiento de la violencia.
Los menores que formarán parte de la autodefensa, tras la privación de la libertad de una familia de cuatro integrantes la semana pasada, serán presentados este miércoles en ese pueblo, según el acta de asamblea que se dio a conocer ayer.
El viernes pasado, fueron privados de su libertad Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años respectivamente en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado.
Los cuatro integrantes de la familia continúan desaparecidos hasta la noche de ayer, a pesar de que desde el domingo realizan la búsqueda militares, agentes de la Guardia Nacional, policías ministeriales y policías estatales, informó la CRAC-PF.
Por la mañana, la agrupación dio a conocer un acta de asamblea convocada por el Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, el Comisariado de Bienes Comunales, la Comisaría Municipal y la propia CRAC-PF en la que acordaron fortalecer su sistema comunitario con la participación de los menores.
“Informamos a los medios de comunicación que presentamos la demanda ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de cuatro personas; José Teodoro Domingo Ortiz y Cecilia Gaspar Hernández, así como sus hijos Roberto Domingo Gaspar y Gaudencio Domingo Gaspar”.
Refieren que las cuatro personas desaparecieron desde el 19 de enero en el punto conocido Zacatepec a un kilómetro de Acojtapachtlán, municipio de Chilapa alrededor de las seis y siete de la mañana.
Señalan que fueron levantados por un comando armado encabezado por Cenobio Romero Hernández, Fermilo Romero Ramos, Lorenzo Romero Ramos, Félix Romero Gática, Juan Domingo Gática, Godilon Domingo Gática, Víctor Domingo Gática, Nicolás Fermín Morales, Efrén Fermín Morales, Nicasio Fermín Morales, Eufrasio Romero Rodríguez e Ignacio Morales Ramírez.
“Los familiares de los desaparecidos y toda la comunidad, así como el Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, exigimos la detención inmediata de las personas antes mencionadas”, refiere el acuerdo.
Advierten que ante el regreso de la violencia, acordaron en su asamblea del domingo “que se vuelven a armar los niños comunitarios por la inseguridad y exigen el rescate de sus familiares y que incluye una madre de cuatro hijos”.
“Recordamos a los tres niveles de gobierno que la actuación de la Policía Comunitaria es legal, la ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados entre los que destacan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Publica del Estado de Guerrero así como el Convenio, 169, de la OIT”.
Por tanto exigen a las autoridades “respeto y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse y responsablemente de ser grupos armados legales”.
El documento lo firman los consejeros de la CRAC- PF, Luis Morales Rojas, Margarito Silva Hernández; Antonio Toribio Gaspar y Constantino Espinoza Prisciliano.
En junio del 2019 se incorporaron 19 niños a la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, según argumentaron los consejeros para defender a su comunidad de los ataques que estaban sufriendo por parte del grupo delictivo Los Ardillos.
En el 2020, otro grupo de niños fue presentado como parte de la autodefensa debido a que los tres órdenes de Gobierno no garantizaban la seguridad en la zona y se incrementaron los levantones y asesinatos.
En el 2022 los niños fueron desincorporados de la Policía Comunitaria cuando funcionarios de los gobiernos federal y estatal encabezaron una reunión en la que se comprometieron a brindar seguridad con militares, Guardia Nacional y la Policía Estatal, también se comprometieron con obras y programas sociales.
Sin embargo, la violencia resurgió el viernes pasado con la privación de la libertad de la familia Domingo Gaspar.
Texto: Zacarías Cervantes/Foto: Archivo
