Ciudad de México, 27 de mayo de 2025.- El gobierno de México y los socios de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, pidieron dar por terminado el juicio civil iniciado en Miami en 2021 para que el erario recupere 600 millones de dólares provenientes de contratos públicos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la familia Weinberg, empresarios señalados como prestanombres de García Luna, informaron hoy a la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade que llegaron a un “acuerdo confidencial”, por lo que pidieron desechar la demanda, que nunca llegó a un juicio con jurado.
“Las partes llegaron a un acuerdo el 28 de febrero de 2025. Este acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México”, explica el escrito conjunto presentado ante la jueza Lisa Walsh, quien, de aceptar la solicitud, sólo mantendrá jurisdicción sobe el caso para vigilar el cumplimiento del acuerdo.
El escrito agrega que las audiencias ante un juez mexicano, necesarias para implementar el acuerdo, estaban previstas para este lunes y martes.
Se trata de audiencias en las cuales los Weinberg acordarían convertirse en testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de un criterio de oportunidad que les permitiría librar los cargos penales que enfrentan, a cambio de pagar una reparación del daño.
Sin embargo, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, aplazó las comparecencias de Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pinto, así como de su socio Natan Wancier Taub.
García Luna, sentenciado a 38 años de prisión en Nueva York por proteger al Cártel de Sinaloa, fue titular de la Secretarìa de Seguridad Pública (SSP) de México de 2006 a 2012 y, según la demanda, recibió sobornos de los Weinberg desde 2006, para luego asociarse con ellos.
La semana pasada, la jueza Walsh condenó a García Luna y a su esposa Linda Pereyra a pagar más de dos mil millones de dólares, en un proceso en el que los acusados no se defendieron de la demanda de la UIF. Muy poco, o nada de esa cantidad, se podrá recuperar en la práctica.
El litigio contra los Weinberg se enfocó sobre 28 inmuebles en Florida, comprados por empresas de papel que ellos crearon. Al menos 18 de esas propiedades ya fueron vendidoa por más de 28 millones de dólares, 12 antes del inicio del proceso judicial y seis después.
Estos fondos seguramente serán parte de la reparación del daño que pagarán los Weinberg, como parte del trato con la FGR.
México ya ha recuperado al menos 2.8 millones de dólares por la venta de un departamento y tres oficinas que estaban a nombre de una entidad de la esposa de García Luna, quien aceptó entregar los bienes, además de 330 mil dólares que pagó en abril José Francisco Niembro, ex subsecretario de la SSP que también fue demandado.
Podría UIF revivir demanda contra socios de García Luna
La UIF aclaró hoy que podría reanudar la demanda contra la familia Weinberg, socios del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, si el acuerdo con ellos para poner fin al caso no logra concretarse.
La UIF agregó que dicho acuerdo no pudo suscribirse antes del 23 de mayo, que era la fecha límite fijada por una jueza de Miami.
No obstante, REFORMA informó este martes que abogados de la UIF y de los Weinberg pidieron a la jueza desechar la demanda iniciada por México en septiembre de 2021, en un escrito del viernes pasado en el que afirmaron que, desde el 19 de febrero, habían logrado un convenio que para completarse, requiere diligencias judiciales en el país.
“Las partes solicitaron a la Jueza Lisa Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio, conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia”, explicó la UIF.
El acuerdo requiere la comparecencia de los Weinberg ante un juez federal de Almoloya de Juárez para oficializar un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República, por el cual serán testigos colaboradores y se cancelarán los cargos penales en su contra, a cambio del pago de una reparación del daño al gobierno mexicano.
Esa audiencia se iba a celebrar ayer, pero fue aplazada para el próximo lunes, y no está claro si en los últimos dos días surgieron nuevos elementos que ponen en duda la viabilidad de lo que ya parecía un convenio acordado entre las partes.
“Aún y cuando las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado Mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada, además de la recuperación de bienes derivados de ésta, el mismo no pudo suscribirse antes de la fecha límite señalada”, expuso hoy por la tarde la UIF en un comunicado.
La demanda busca recuperar hasta 600 millones de dólares de contratos supuestamente ilegales adjudicados a empresas de los Weinberg y otros socios, principalmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Texto y foto: Agencia Reforma
