A fines de diciembre se graduó la segunda generación de este cuerpo especializado en resguardo de minas, entrenado por el Ejército y la Marina. Mientras, defensores de territorios alertan sobre su potencial efecto de desmovilización social
El Sur / Ciudad de México, 2 de febrero de 2021. En México, los empresarios mineros tienen a su disposición un cuerpo de seguridad conformado por elementos altamente especializados y creado a fines de octubre de 2020 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en respuesta a sus demandas de mayor seguridad.
Lo que ahora se conoce como “policía minera” surgió tras la presión que compañías de este sector estratégico ejercieron ante el Ejecutivo federal por el aumento de robos por parte de la delincuencia organizada –el más increíble, quizás, ocurrió el 8 de abril pasado en la mina Mulatos, Sonora, en donde un comando armado sustrajo varios lingotes de doré (aleación de oro y plata) y se fugó hacia la sierra a bordo de una avioneta.
El pasado 18 de octubre, esta nueva corporación policiaca dedicada a la seguridad en minas se estrenó en la mina de oro de La Herradura, de Minera Penmont, ubicada a unos 120 kilómetros de Caborca, Sonora.
Se trata de 120 agentes del Servicio de Protección Federal (SPF), perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En los últimos cinco años, Minera Penmont, la primera en firmar un contrato comercial con el SPF, sufrió pérdidas millonarias en tres asaltos perpetrados por grupos armados a camiones de traslado de valores.
“No existe una policía minera tal cual”, puntualiza en entrevista con El Sur Javier Soberano Miranda, director de información estratégica del SPF y uno de los mandos a cargo del diseño de este cuerpo de seguridad. “Lo que estamos haciendo es atender ciertos sectores estratégicos del país por medio de células especializadas de alto desempeño.
“Estamos entrando en el tema de aeropuertos, puertos y obviamente del sector minero, y hay probabilidad de que otros sectores estratégicos también nos soliciten servicios, como la industria manufacturera”, agrega.
Desde su oficina de Ciudad de México, Soberano Miranda explica que estos cuerpos especiales están conformados por elementos del SPF que cuentan con mínimo tres años de experiencia y tomaron una especialización de seis semanas proporcionada por las mismas empresas mineras.
Entre junio y octubre del año pasado, funcionarios del SPF visitaron 23 diferentes instalaciones ubicadas en las 10 entidades de la República que reúnen 92 por ciento de las actividades mineras, entre éstas Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y San Luis Potosí.
Para cada estado realizaron un diagnóstico preliminar enfocado en seguridad, presencia de delincuencia organizada y peligros que tienen las instalaciones de acuerdo con su ubicación.
Con base en los datos recolectados, si la empresa lo solicita en el SPF elaboran un análisis de riesgo. Éste y los demás servicios de vigilancia –que varían según la cantidad de agentes y el tipo de vehículo de que disponen– son pagados por las compañías mineras.
En el Diario Oficial de la Federación del 6 de julio de 2020 se publicó el costo del servicio de protección de instalaciones del sector privado: de 930 a 3 mil 429 por elemento al día. Para la custodia de bienes: de mil 474 a 3 mil 429 pesos por elemento por día. Y los análisis de riesgo en instalaciones oscilan entre los 202 mil 416 pesos y los 416 mil 390 pesos.
“Nosotros no sustituimos a las empresas de seguridad privada de las empresas, reforzamos los procedimientos de seguridad que ya hay. Nuestros elementos tienen un entrenamiento militar, somos la única institución que tiene entrenamiento directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina, y tenemos armamento que es exclusivo de las fuerzas armadas”, puntualiza Soberano Miranda.
Entre su dotación de armas, menciona, podría haber también rifles AR-15.
Posibilidad real de represión
La creación de la policía minera ha despertado la preocupación de colectivos que trabajan en la defensa de los territorios frente a los consorcios mineros, pues temen que este cuerpo armado termine siendo utilizado para reprimir la movilización social.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) reporta la experiencia de Perú, en donde se firmaron, de 1995 a 2018, 138 convenios de seguridad entre empresas extractivas –especialmente mineras e hidrocarburíferas– y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Como señala el informe elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), estos convenios representan una violación constitucional, ya que varias de sus cláusulas alteran la función pública de la PNP en contra de la población y violan la seguridad ciudadana, sobre todo de pueblos indígenas y comunidades campesinas que viven en las áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos extractivos.
Algunas cláusulas, además, califican como personas al margen de la ley a activistas ambientales, comunidades nativas y a quienes tengan intereses distintos y opuestos a la empresa, convirtiéndolas en potenciales enemigos.
El informe también denuncia que, al ser privatizada en función de los intereses de un particular, la PNP se vuelve inaccesible para la población, “pues los efectivos policiales siempre deberán estar a disposición de la empresa, e incluso estos deberán laborar y residir en sus instalaciones”.
“Es la misma lógica que están construyendo acá, en México, con la policía minera, pero lo están haciendo más tenue por una simple razón: casi 52 por ciento del territorio de México es propiedad colectiva: está en manos de campesinos y comunidades indígenas. Entonces no puedes hacer una regulación tan rápida porque te va a brincar una sub-revolución: son grupos con una visión colectiva de la tierra aún muy fuerte, y el grueso del modelo extractivo literalmente está encima de las comunidades de propiedad colectiva”, explica a El Sur un integrante de Rema, de quien se omite la identidad por razones seguridad.
Más que para contrarrestar las amenazas de grupos del crimen organizado y velar por la seguridad de las operaciones mineras, advierte, existe la posibilidad real de que la policía minera opere en detrimento de las poblaciones locales que efectúan algún proceso de oposición a las minas.
“Todavía está muy tierna su actuación, además a los primeros elementos los metieron en una zona (La Herradura) en donde no tienes un franco proceso de rebeldía grande. Es una zona donde ese proceso de desarticulación social tendrá que activarse en algún momento”, prevé el activista.
“Nosotros no tenemos facultad de intervención en un tema social, es importante que eso esté claro”, dice por separado Soberano Miranda. “Las áreas de gobierno de todos los niveles son las que tienen que tratar ese tipo de cosas, nosotros vamos siempre a proteger al personal y a los bienes de nuestros clientes: es nuestro trabajo y es lo que vamos a hacer”.
Protegen a las mineras, descuidan a comunidades
En contextos sociales complejos en donde hay una fuerte operación de grupos armados relacionados con mega proyectos y también se cuenta con la oposición de las comunidades locales, la eficacia de la policía minera “queda muy chiquita”, considera Rema.
Como ejemplo, la Red hace referencia a Guerrero, donde empezó a dar seguimiento a las afectaciones provocadas por la minería a partir de 2007 con el caso de Carrizalillo, comunidad del municipio de Eduardo Neri, en la región centro.
Desde hace 13 años, los terrenos ejidales en Carrizalillo están rentados para la extracción minera –en manos ahora de la canadiense Equinox Gold–, con el consecuente grave daño a la salud, al medio ambiente, al tejido comunitario y a la seguridad local.
“¿Cómo es que creas una policía especial para proteger los intereses de las minas y no haces ninguna incursión del Ejército para aniquilar a los grupos del crimen organizado que están en un montón de pueblos y no tienen la capacidad de fuego para confrontar a las fuerzas armadas?”, cuestionan en Rema.
Para Guerrero, la Red ha elaborado una serie de criterios enfocados en documentar las distintas expresiones de violencia que se viven en las comunidades afectadas por la minería. Extorsión, secuestros, asesinatos, fosas clandestinas e imposición de gobernantes son las más comunes, pero también el desplazamiento forzado, como el caso de Carrizalillo, donde más de la mitad población se ha visto obligada a abandonar sus casas.
Rema ha documentado la conformación de fuerzas armadas, tanto legales como ilegales, vinculadas con distintos proyectos mineros del país. Hay empresas, denuncia la Red que para sus operaciones de seguridad subcontratan a grupos del crimen organizado, de modo que no necesitarían de los servicios que ofrece el SPF.
El ejemplo de Carrizalillo: ¿tranquilidad o más sangre?
El 18 octubre de 2020, en su discurso de presentación del nuevo cuerpo de seguridad en minas, el comisionado del SPF, Manuel Espino Barrientos, afirmó que el inicio de este servicio policial representa “una esperanza de tranquilidad” para las comunidades aledañas a las unidades mineras.
“¿Qué pueden hacer las empresas con una policía que tiene unas pocas decenas de elementos?”, pregunta el activista de Rema. “Si, por ejemplo, la Equinox Gold quisiera hacer eso en Carrizalillo, lo único que va a generar, si no entra en contubernio y realmente quiere proteger, es que empiecen una serie de asesinatos terribles. Porque es una zona gobernada por el crimen organizado y que tiene sus reglas desde hace tiempo”.
Soberano Miranda difiere de esa visión. En su opinión, esta fuerza policial podría proveer mejor percepción de seguridad.
“A lo mejor ahí en La Herradura eso no sucede tanto porque es un área muy lejos de la mayoría de las poblaciones. Si te vas a Guerrero, Estado de México o Zacatecas, hay minas en pleno centro de la ciudad; es ahí en donde podría haber más ese efecto disuasorio. Cuando ven que hay tráfico, hay gente armada, hay patrullas, esto obviamente ayuda a distender cualquier sensación de inseguridad”, dice.
Conforme lo soliciten las mineras, el servicio de seguridad del SPF se instalará en otros yacimientos del país. De momento, asegura el funcionario, no hay más contratos comerciales firmados.
El pasado 19 de diciembre, Espino Barrientos anunció que para este año se incorporarán entre 14 mil y 15 mil elementos al SPF dedicados a la salvaguarda de las instalaciones de la administración pública federal. Ese día, el comisionado presentó la segunda generación especializada en resguardo de minas, conformada por 222 elementos: 60 mujeres y 162 hombres.
Texto: Caterina Morbiato
