Familiares de los indígenas ejecutados el 7 de junio de 1998 en esa comunidad demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador justicia para las viudas de los 10 indígenas y un estudiante de la UNAM que murieron.
Chilpancingo, Guerrero, 8 de junio de 2019. En el 21 aniversario de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, la demanda fue la misma de todos los años: justicia para las víctimas y castigo a los militares responsables de la matanza, declaró vía telefónica el sobreviviente Efrén Cortes Chávez.
Mientras tanto, familiares de los indígenas ejecutados el 7 de junio de 1998, en esa comunidad, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador justicia para las viudas de los 10 indígenas y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que murieron dentro y fuera de la escuela primaria Caritino Maldonado, donde pernoctaban esa noche.
El saldo de la masacre fue de 11 muertos y cinco heridos, que fueron detenidos junto con otras 22 personas, todas torturadas y enjuiciadas, mientras el Ejército impidió durante dos días la entrada al lugar de los hechos, a periodistas y organizaciones no gubernamentales.
Efrén Cortés declaró que la lucha por la justicia sigue, y que esta es una postura que se va a mantener mientras ésta no se haga, por los agravios que se dieron allí en contra de indígenas de la región, “y porque se trata de un antecedente a la violencia institucional que hay en Guerrero y en México, producto de una guerra contrainsurgente del Estado mexicano contra las regiones que considera que son base de la insurgencia”.
A las actividades de este aniversario asistieron unas 300 personas, quienes como todos los años marcharon de la entrada del pueblo a la cancha techada, frente a la escuela que fue escenario de la masacre, en donde luego se realizó un acto político, en el que participaron algunos de los dirigentes de las agrupaciones que estuvieron presentes.
Al acto asistieron dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), encabezados por su dirigente Nicolás Chávez Adame; una comisión de los mineros en huelga de Taxco, encabezados por su líder Roberto Hernández; el dirigente social Leopoldo Calderón; integrantes de la Organización Lucio Cabañas; así como una comisión de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El sobreviviente de la masacre destacó que a 21 años de los hechos, la demanda de justicia de las organizaciones sociales sigue viva, “porque el Estado mexicano no ha hecho nada por esclarecerlo y no ha querido castigar a los militares responsables”.
Cortés Chávez destacó que para las víctimas y sus familiares, la única esperanza es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya dio entrada al caso para su investigación.
Por su parte, Eustolia Castro Ramírez, viuda de José Rivera Morales, uno de los 11 indígenas asesinados en la masacre, dijo vía telefónica que hace un año las viudas se organizaron para ser atendidas por el gobernador Héctor Astudillo Flores, “pero nunca nos ha querido recibir en audiencia”.
Agregó: “Hoy le pedimos a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nos atienda de manera directa, queremos que venga a Ayutla de los Libres, para que conozca nuestra situación”.
Recordó que los indígenas caídos el 7 de junio de 1998, en su mayoría eran originarios de El Charco, y de otras comunidades, “queremos ser escuchados porque ya no se habla mucho de esta masacre. Hubo muchos niños huérfanos en ese tiempo, por eso queremos que se nos atienda lo más pronto”.
Agregó que a pesar de que el caso de la masacre de El Charco ya se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se ha resuelto, “parece que se va alargando más”.
Aseguró que los dirigentes del movimiento “ya están cansados, debido a que ya están grandes de edad, y por eso estamos invitando al presidente López Obrador que venga a visitarnos a Ayutla de los Libres. Al menos para que pueda escuchar a los dirigentes de las comunidades”.
Castro Ramírez informó que el pasado 8 de mayo murió María Julia Loecia, una de las viudas, que María Jiménez y María Abarca Modesta se encuentran delicadas de salud, en tanto que otras siete viudas se encuentra también sin que se les haya hecho justicia, “que es lo que estamos demandando”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: El Sur
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