Consultar a comunidades sobre la Ley de Seguridad Interior, pide la Red Nacional Indígena
El gobernador acompaña al presidente magistrado del TSJ en la presentación de su primer informe, en el que reconoció que hace falta más trabajo en el labor judicial del estado
Texto: Anarsis Pacheco Pólito
Foto: Jessica Torres Barrera
Chilpancingo, Guerrero. En el primer informe del presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, el gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que se debe de afinar el nuevo sistema penal acusatorio, en el tema de “armamento y extorsión”.
Este viernes al mediodía, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, el gobernador Astudillo Flores acompañó al presidente magistrado en la presentación de su primer informe, en el que reconoció que hace falta más trabajo en el labor judicial del estado.
Durante la intervención de Astudillo Flores, éste enfatizó que es necesario afinar el nuevo sistema, para mejorar la atención en Guerrero en cuanto a justicia, ya que aceptó que este sistema tiende a ser halagador.
“Tiene muchas cosas que dar pero también yo creo que se debe afinar, hay temas que visiblemente es necesario acomodar, como el tema de las armas, el tema de la extorsión y algunas otras cosas que son muy importantes”, agregó.
Astudillo Flores enfatizó que una de las grandes preocupaciones de su administración es escuchar a la población en sus demandas, por lo que atendieron la demanda del sector empresarial, quienes le relataron el problema de las extorsiones.
Informó que uno de los grandes problemas que impera en el estado es el de las armas, ya que reconoció que en este estado existe una gran cantidad que se utilizan y por lo que se necesita regir.
El ejecutivo aprovechó el estrado para recordar que el proyecto de los diálogos del Pacto por la Seguridad no van a resolver la violencia en Guerrero, no obstante dijo que está convencido en que unirá a la sociedad y así se compartirá el “tamaño” del problema que se vive en el estado.
“Vale la pena entonces, que nos estemos convocando para conversar, para intercambiar puntos de vista y también creemos que es necesario que participe todo el poder judicial”, agregó.
Este mismo viernes por la mañana, el gobernador difundió en su cuenta oficial de Twitter el encuentro privado que tuvo con el presidente magistrado López Celis, a quien le detalló los trabajos que realizan las dependencias de seguridad.
La entrevista
Tras concluir la actividad protocolaria, en declaraciones a medios, Astudillo Flores enfatizó que la Ley de Seguridad Interior constituye en este momento la única alternativa para hacer frente a la delincuencia organizada.
A pesar de que será sometida a discusión, el gobernador insistió en defender la ley y subrayar que se trata de la mejor opción que hay para atender el problema de violencia en el estado y el país.
“En estados como Guerrero por supuesto que se requiere hacer más y lo que se tiene es eso, hasta este momento no se tienen más posibilidades de hacer, al grado que hemos vivido la delincuencia en regiones”, agregó.
Sobre el problema de armamento, indicó que se necesita afinar este nuevo sistema, porque “quien porta una AR-15, fácilmente puede salir de la cárcel o no se sujeta a proceso”, por lo que entonces sostuvo que el sistema tiene muchas cosas “esperanzadoras”.
En la consulta también habló sobre el enfrentamiento en Polixtepec, a lo que respondió que se estará pendiente de lo que pase, ya que “de repente la violencia se nos presenta a veces en Chilapa, en Chilpancingo, todo depende”.
El informe
El presidente magistrado Alberto López Celis enfatizó que aún hace falta trabajo dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero que se seguirá trabajando arduamente para mejorar el desarrollo de la justicia en el estado.
En su intervención ante el pleno, detalló que en la cuestión de infraestructura se invirtieron 2 millones 837 pesos en la aplicación de la administración sala de juzgado para adolescentes en Chilpancingo.
El monto de inversión en la sala de ejecución de Acapulco fue de 2 millones 300 mil pesos, así como la inversión de cuatro millones 163 mil pesos para la explanada del estacionamiento de Ciudad Judicial de Chilpancingo.
(El presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, saluda al gobernador Héctor Astudillo; los observan el magistrado Raúl Calvo y el diputado Eduardo Cueva).
Consultar a comunidades sobre La Ley de
Seguridad Interior, pide Red Nacional Indígena
“Quieren legislar sobre una Ley sin haber cumplido con los preceptos de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, sin haber consultado a los pueblos”, denunció el integrante de la Comisión Política de la Red, Marcos Matías Alonso
Texto: Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero.- El Gobierno federal y la Cámara de Diputados pasaron por encima de 20 millones de indígenas del país, con la Ley de Seguridad Interior que legaliza la presencia de los militares en territorio indígena, sin que se les haya consultado, violando con ello la Declaración Universal de los Pueblos Indígena, denunció el integrante de la Comisión Política de la Red Nacional Indígena, Marcos Matías Alonso.
Mientras tanto, el ex diputado federal perredista y dirigente indígena de los pueblos nahuas del Alto Balsas, Carlos de Jesús Alejandro, informó que 20 agrupaciones indígenas del país, entre estas tres de Guerrero, firmaron y entregaron el jueves un posicionamiento dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a todos los coordinadores de los grupos parlamentarios exhortándolos a que se detenga el proceso legislativo de esa ley que pretende militarizar el país y, sobre todo el territorio indígena.
Vía telefónica, Matías Alonso anunció que el lunes, organizaciones indígenas y sociales de todo el país se concentrarán afuera de la Cámara de Senadores y pedirán a los integrantes de la mesa directiva que den marcha atrás a esa ley que vulnera los derechos de los indígenas al legalizar la presencia de los militares en su territorio sin consulta previa.
“Quieren legislar sobre una Ley de Seguridad Interior sin haber cumplido con los preceptos de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, sin haber consultado a los pueblos, y están violando varios derechos que la legislación internacional tiene previsto”, dijo Matías Alonso.
Informó que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) con sede en Suiza y del Alto Comisionado de las Naciones en México, advirtieron al gobierno mexicano de que no debe aprobarse esa Ley, específicamente en los pueblos indígenas, porque viola flagrantemente los artículos de la Declaración Universal de las Naciones Unidas.
El ex secretario de Asuntos Indígenas y ex asesor en materia indígena en la Cámara de Diputados federal, añadió que en estados como Guerrero sería mucho mayor el agravio si se llegara a aprobar porque los militares han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
“Con esa ley que da permiso a los militares a entrar a las comunidades indígenas, violentaría y agudizaría más la situación de los derechos humanos de las familias indígenas guerrerenses”.
Informó que organizaciones y pueblos indígenas, así como organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sectores de la iglesia y movimientos campesinos, conformaron un frente común y que este lunes acudirán a la Cámara de Senadores a exigir a los senadores que den marcha atrás a esa Ley.
Dijo que La Ley contraviene no sólo lo que establece la legislación internacional en materia de pueblos indígenas, sino incluso lo que la Constitución consagra en materia de las garantías individuales.
“Estamos haciendo un frente común muy grande las agrupaciones de Guerrero con las de todo el país y el lunes nos concentraremos afuera de la Cámara de Senadores y tenemos prevista una reunión a puerta abierta con varios senadores y esperamos que también nos reciba la mesa directiva”, informó.
Informó que de Guerrero van autoridades comunitarias de Ayutla que promovieron la elección por usos y costumbres, autoridades de la Nación Amuzga, representantes de la población de origen negro y las autoridades y organizaciones de los pueblos del Alto Balsas, así como los integrantes de la Red Nacional Indígena.
“Ojalá que todo el pueblo indígena y los sectores que siempre han estado amenazados, nos manifestemos en contra en contra de esa ley”.
El dirigente indígena, lamentó que a pesar de que muchos sectores de Guerrero se han manifestado en contra de esa ley por “retrógrada” en materia de derechos humanos, el gobernador Héctor Astudillo Flores haya hablado con “benevolencia” sobre ella.
Aunque dijo que no le sorprende ni le extraña esa actitud “porque el gobernador Astudillo estará atento a todo, menos vigilando los derechos constitucionales del pueblo de Guerrero”.
Las 20 agrupaciones indígenas del país, exigen que se suspenda el proceso legislativo que busca aprobar sin el consenso ciudadano una ley de corte marcial contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, demandan que desde el Senado de la República “se promueva un debate amplio y abierto para encontrar mecanismo de consenso con todos los sectores de la sociedad para atender el problema de la inseguridad pública prevaleciente en el país”.
De Guerrero firman la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Altepetl Nahuas de la Montaña y el Consejo para el Autodesarrollo Sustentable del Alto Balsas. Además Carlos de Jesús Alejandro de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía y Marcos Matías Alonso del Movimiento Indígena Nacional.
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