1 febrero,2019 7:33 am

Se desactivaría si el gobierno da seguridad, dice la Policía Ciudadana de la sierra

Miembros del grupo de Chichihualco y Zumpango se reunieron ayer con Alejandro Encinas en la Cdmx. Su contrario, el Frente de Policías Comunitarias, propone una consulta para determinar qué grupos se deben desarticular. 
Chilpancingo, Guerrero, 1 de febrero de 2019. El vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, Salvador Alanís, propuso que se realice una consulta para determinar qué policías comunitarias o ciudadanas no tienen el respaldo y el consenso de los pueblos para que proceda su desarticulación, como lo anunció el miércoles el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.
Mientras tanto, una comisión de miembros de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango), se reunieron ayer con el subsecretario federal para exponerles los motivos de su integración.
El Frente y la Policía Ciudadana de esos municipios de la sierra son organizaciones antagónicas en la región de la sierra donde operan.
El subsecretario Encinas Rodríguez declaró el miércoles en Tetelilla, municipio de Tepecoacuilco, que entre las autodefensas, policías comunitarias o ciudadanas que operan en el estado, hay unos que son legítimos y otros que son grupos de paramilitares o responden a los intereses de las diversas bandas de la delincuencia organizada que se disputan el territorio y el control de las actividades ilícitas en el estado.
Anunció que el gobierno federal está trabajando en un plan para desarticular a estos grupos, pero que no tiene que participar sólo el gobierno federal, sino también el del estado y el Congreso local para legislar en la materia.
Al respecto, el vocero del Frente que el 11 de noviembre tomó el pueblo de Filo de Caballos, reconoció que es del conocimiento público que algunos grupos de autodefensa, policías comunitarias o ciudadanas “son parapetos de la delincuencia, y que otros son paramilitares, como los de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)”.
Pero dijo que para desarticular a estos grupos armados va a depender mucho de la población, “porque un grupo comunitario que no tiene una base social es porque no emanó de las asambleas y ese grupo cuando el gobierno quiera desarticularlo el pueblo estará agradecido de que los desarmen o se los lleven detenidos, pero en el caso de las policías sanas, siempre habrá una diferencia porque el pueblo va a defender a su policía porque es nata, del pueblo”,
Agregó que por eso, a la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo que pertenece al Frente, no le preocupa la advertencia del subsecretario de Gobernación federal, “porque nosotros hemos trabajado con las asambleas y con los pueblos”, aseguró.
Agregó que todos los policías comunitarios que pertenecen a su organización son emanadnos de las asambleas, “entonces no nos preocupa eso, más bien estamos en la postura de que hace falta una plática con las autoridades federales, lo hemos planteado siempre”.
Agregó: “Nosotros los policías comunitarios sanos quisiéramos dejar las armas, porque no somos gente  de armas, somos gente de paz, somos gente que le gusta trabajar, pero debido a que los gobiernos han omitido su trabajo para darnos el estado de derecho, nos han obligado a agarrar las armas y a dejar las tierras de labor para tomar las armas”, declaró.
Insistió que a las policías comunitarias que integran el Frente no les preocupan las declaraciones del secretario de Seguridad, y que, por el contrario, lo invitan a que haga un consenso y tenga una plática con las policías sanas del estado “para ponernos de acuerdo porque aquí pueden venir mil, 2, 5 o 10 mil soldados para desarmarnos pero el pueblo va a salir a defender a su policía comunitaria”.
En cambio, añadió que en otros lugares va llegar el Ejército y ningún ciudadano va salir a defender a la policía comunitaria y que esa va a ser la señal, si es o no una policía nata o auténtica.
Propuso que el gobierno federal haga una consulta y que si el 75 por ciento de la población está de acuerdo con su policía comunitaria, es que es una policía nombrada por el pueblo, y que si no, es que responde a otros intereses.
Insistió: “lógicamente hay grupos de  policías comunitarias que hacen bloqueos con 20 o 50 policías comunitarias y con unos 20 o 30 civiles, que no evidencia que representan al pueblo”.
Pero agregó que hay otros grupos como el de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo o de las policías del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que han movilizado a miles de gentes “y es allí donde uno ve la diferencia de si son o no policías originarias del pueblo”, insistió.
Por su parte, una comisión de integrantes de los pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri que en junio del año pasado formaron la Policía Ciudadana de esos municipios, se reunieron ayer con el subsecretario Alejandro Encinas en su oficina de la Ciudad de México para exponerle los motivos por los que se conformaron.
Vía telefónica, Crescencio Pacheco González  informó que le expusieron al funcionario federal el proyecto de esa policía y sus objetivos.
Pacheco González informó que esa policía surgió para defender a los pueblos de las agresiones de grupos delincuenciales que llegaban de Heliodoro Castillo, y que cuenta con el respaldo de las comunidades.
Dijo que en su reunión con el funcionario federal le expusieron que si el gobierno se hace cargo de la seguridad y les garantiza que no serán agredidos y que podrán regresar los desplazados por la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo a sus comunidades, la Policía Ciudadana se desarticula y que sus miembros regresarán a sus comunidades y a sus labores del campo.
Debe Encinas señalar qué grupos están al servicio de la delincuencia, dice Bruno Plácido
El dirigente de la UPOEG propone un protocolo para que cada policía ciudadana presente un acta de asamblea donde su comunidad lo respalde. Dice que se reunirá con el alcalde de Coahuayutla.
Chilpancingo, Guerrero, 1 de febrero de 2019. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, respondió que el subsecretario de Derechos Humanos,  Migración y Población, Alejandro Encinas, debe señalar qué grupos son los que están al servicio de la delincuencia organizada y no generalizar.
Consultado por teléfono sobre las declaraciones del funcionario de que entre las autodefensas, policías comunitarias o ciudadanas hay algunas que son legítimas y otras que son grupos paramilitares o responden a la delincuencia organizada, el dirigente de la UPOEG expresó: “que diga quiénes, porque no puede generalizar a todos”. Plácido Valerio dijo que ha planteado al gobierno del estado y en el Senado (durante el foro de pacificación) un protocolo, para que cada grupo de policías ciudadanos presente un acta donde su comunidad lo respalde en asambleas y les dé legitimidad.
De la desarticulación de estos grupos de autodefensa el dirigente indígena expresó que antes de que el gobierno realice ese tipo de acciones deben de revisar la conformación de cada autodefensa, porque los policías del gobierno sólo hacen presencia en las comunidades en determinadas acciones, y cuando hay muertos.
“Lo que debemos de trabajar es en un mecanismo para liberar a la población, y a la ciudadanía, y no de concentrar el poder al estado, o la federación. Se trata de que la población participe para mediar y erradicar la inseguridad, que no va a poder un gobierno solo”, y se manifestó a favor de construir un diálogo permanente para erradicar la inseguridad en el estado.
Plácido Valerio defendió el surgimiento de nuevos grupos de policías ciudadanos en lugares no indígenas, porque es un derecho que tiene la sociedad, y llamó a los gobiernos a no sectorizar a la población. “Nosotros como UPOEG, tenemos el sistema de Policía Ciudadana, por eso es muy importante sentarnos con el gobierno para no hacer señalamientos, ni satanizar que todos estamos vinculados, ¿quiénes están vinculados?, quien no cumpla el perfil (el protocolo que propone) que sea detenido, porque es muy fácil dar una declaración mientras los ciudadanos están en manos de la delincuencia”.
Adelantó que hoy en la ciudad de Cruz Grande, la UPOEG revisará la ley de creación de la Guardia Nacional, en la que de manera personal el dirigente está a favor de que este nuevo modelo sea comandando por militares, pero que sus miembros sean civiles, “porque eso es lo que dice la Constitución”.
Dijo que en esta revisión que se hará a la ley, que actualmente está en el Senado y que tendrá que regresar a la Cámara de Diputados, es para ver si la organización puede plantear alguna propuesta en los transitorios, pero no quiso decir cuál.
Se le preguntó sobre los señalamientos de ciudadanos y el alcalde de Coahuayutla contra la Policía Ciudadana de la UPOEG de que es el grupo de la delincuencia organizada Los Cuernudos.
Bruno Plácido respondió que buscará al presidente municipal Rafael Martínez Ramírez quien dijo que el vocero de la Policía Ciudadana de la UPOEG, Eleazar Mercado Rodríguez (ex candidato a alcalde de ese municipio por el PRI y PVEM en 2018), es líder de una fracción de la banda delincuencial, de Los Cuernudos. Indicó que en caso de que existan elementos está a favor de que se actúe y se interpongan las denuncias necesarias.
Dijo: “Tenemos una sociedad que todos nos señalamos contra todos, yo voy a tratar de comunicarme con el presidente para reunirnos, y revisar si efectivamente hay esos elementos y se pueda acudir a alguna instancia a interponer una denuncia y si efectivamente es o no es”.
El dirigente dijo que la UPOEG no se opone a que sus elementos sean investigados porque lo que busca es la unidad entre los pueblos, para erradicar los conflictos de inseguridad y de pobreza, “si tú revisas en la Costa Chica, tenemos muy buena comunicación con todos los alcaldes, no de subordinación, sino de un trabajo de equipo, que a ellos les toca hacer como Ayuntamiento y a nosotros como comunidades”.
Plácido Valerio recordó que el alcalde de Coahuayutla ha denunciado amenazas en su contra desde que fue candidato, y eso “es un riesgo de gobernabilidad de ese municipio”, y que con este caso que señala se debe de particularizar y ver si es cierto lo que dice. Insistió que a seis años de la conformación de la Policía Ciudadana, siempre ha buscado el diálogo con todos los gobiernos.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: El Sur