Reprocha Darío Bolívar Rojas que este proceso contra el ya sentenciado por el homicidio calificado de su madre, haya iniciado casi siete años después de que fue desaparecida en Zihuatanejo el 22 de septiembre de 2016
Acapulco, Guerrero, 6 de julio de 2023. Este jueves y viernes se harán diligencias que forman parte del juicio que promovió la Fiscalía General de la República (FGR) a principios de este año por la desaparición de la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé.
Uno de los hijos de la víctima, Darío Bolívar Rojas Rivas reclamó que este proceso contra el ya sentenciado por homicidio calificado de su madre, haya iniciado casi siete años después de que fue desaparecida en Zihuatanejo el 22 de septiembre de 2016, luego asesinada y después encontrada sin vida el 11 de octubre del mismo año.
Está pendiente que se investigue el robo de medicamentos y dijo que ya agotó todas las instituciones posibles para que investiguen este delito, particularmente el IMSS, y denunció la “mala fe” de funcionarios que han querido dar “carpetazo” al caso de su madre.
En declaraciones Darío Rojas contó que fue citado para participar en las diligencias de esta semana, que se van a realizar en oficinas de la FGR.
También comentó que las audiencias del juicio se retomarán hasta finales de agosto porque el acusado metió un amparo en la audiencia del 21 de junio, como informó este periódico dos días después, y obtuvo una prórroga de dos meses de investigación complementaria.
Rememoró que en los primeros días de febrero de este año fue avisado de que iniciaba el juicio por la desaparición de Adela Rivas Obé.
La denuncia de este delito la presentaron sus familiares en la Ciudad de México inmediatamente después de que dejaron de tener contacto con la directora de microzona, en septiembre de 2016.
Las autoridades le pidieron que estuviera presente o se conectara vía internet a la audiencia que comenzaría cuatro días después de que le hablaran, y consistiría en la vinculación a proceso de Édgar Arturo Cuéllar Bravo, ya sentenciado por homicidio calificado en septiembre de 2018. No asistió a la audiencia porque lo consideró “inútil”, ya que de todos modos el acusado ya estaba en la cárcel.
Darío Rojas precisó que el juicio de desaparición es una de los caminos que está tomando el caso de su mamá este año, pero la familia quiere que el ya sentenciado por el asesinato de Rivas Obé también sea juzgado por robo de medicamentos, feminicidio y tortura.
Recordó que la razón por la que Rivas Obé fue desaparecida y asesinada es precisamente por la investigación que realizaba la doctora sobre la falta de medicamentos en la farmacia de la unidad médica de Petacalco, una de las cuatro que tenía bajo su supervisión como directora de micro zona en la Costa Grande del IMSS.
El intercambio de oficios por la denuncia del robo de medicamentos
Motivado por el inicio del juicio por desaparición de su mamá, Darío Rojas se presentó el 13 de febrero a Palacio Nacional, donde la Dirección General de Atención Ciudadana le recibió un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que expone un recuento de la desaparición y asesinato de Rivas Obé, y le pide justicia para esclarecer el caso.
Después se reunió con funcionarios de la Unidad de Atención al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob) y otro par de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pero tampoco tuvo resultados, por lo que volvió a entregar su carta a la comitiva del presidente durante su visita a Acapulco el 28 de marzo.
Darío Rojas recibió posteriormente un documento con fecha del 14 de abril, en el que el fiscal adscrito a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la FGR, Héctor Baranda Tello, responde a su carta enviada a López Obrador.
Le dice que “debe ser elaborada una denuncia que debe dirigirse al ámbito administrativo, que está representado por el órgano interno de control del IMSS, con la finalidad de instrumentar un proceso administrativo disciplinario, en el que sean sancionados los servidores públicos implicados en la sustracción de insumos de la institución, tales como aquel que usted denomina ‘cobarde asesino’ del que omitió anotar su nombre”.
Darío Rojas le contesta con otro documento fechado el 15 de mayo en el que le reitera su solicitud de ayuda para el caso de Rivas Obé, quien acudió a la clínica número 27 del IMSS de la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión, “por indicaciones de sus jefes jerárquicos del IMSS ya que le ordenaron ‘supervisar un desabasto de medicinas controladas’, que posteriormente mi madre en deber de sus funciones descubrió que se trataba en realidad de un robo mensual de medicinas y no de un desabasto”.
Con base en la Ley General de Víctimas, Darío Rojas le pide al fiscal Baranda Tello que lo considere como víctima del delito y que nuevamente le notifique de sus sugerencias sobre el caso de la doctora Rivas Obé, con un “lenguaje sencillo y claro, sin tecnicismos ni lugar a ambigüedades”.
Con fecha del 26 de mayo, Baranda Tello vuelve a responder a Darío Rojas con un documento, en el que dice que la dirección que representa no puede “intervenir en carpetas de investigación que se están trabajando en otras Fiscalías”, y menciona las carpetas de la FGR y la de Zihuatanejo.
Le remarca que “NADIE PUEDE SER JUZGADO DOS VECES POR LOS MISMOS HECHOS”, y cita la solicitud de Darío Rojas a López Obrador de que “tenemos preocupación de que el caso quede en la impunidad y el olvido”.
Esto “contraviene”, según el fiscal Baranda Tello, a la afirmación de la carta de Darío Rojas dirigida a él de que “el asesino sólo está sentenciado por el delito de homicidio clasificado a 38 años de prisión”.
“Luego entonces, no se advierte que la IMPUNIDAD prevalezca aun cuando pudiera tener razón, sólo en lo relativo al robo de medicamentos e insumos del IMSS; situación de robo que se sugiere que por ser de naturaleza federal, surte la competencia de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), razón por la cual le informamos que mediante Folio CEDAC-291277-2023-05-4 de fecha 26/5/23, la documentación e información que bien tuvo hacernos llegar fue turnada en copia simple a la Fiscalía en mención”, agrega el documento. La carta concluye con el anuncio de “dar por terminada la comunicación por este medio”.
Después Darío Rojas le responde con otro documento con fecha el 23 de junio, y le dice que a pesar de que el robo de medicamentos se sigue por oficio, “éste sigue en la impunidad aun cuando quedó al descubierto desde el 14 de abril”, fecha del primer documento de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Por último le reprocha “la mala fe” de sus oficios.
Darío Rojas comentó que también recibió una respuesta de la Fecor mediante un correo electrónico, en la que le dice que no puede realizar nada porque sus peticiones están dirigidas a la dirección de la FGR, sin mencionar todos los demás datos que aporta Darío Rojas del robo de medicamentos. “No sé las intenciones de la Fecor, ni sabía que existía”, dijo.
A pesar de que aún espera una respuesta de la dirección de la FGR, Darío Rojas consideró que este intercambio de oficios con esta institución lo revictimiza porque le piden aportar pruebas, “yo no soy funcionario público, yo no soy trabajador del IMSS”, además de que es una “falta de respeto a la memoria de mi madre” y pretenden dar “carpetazo”.
Darío Rojas recalcó que es militante del movimiento obradorista, pero reprochó que estos funcionarios, que son un “remanente del viejo régimen que aún quedan dentro del gobierno, permanezcan ahí sin ser juzgados, señalados y ni estén haciendo sus funciones”.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Archivo-Carlos Alberto Carbajal
