Chilpancingo, Guerrero, 24 de agosto de 2024. El luchador social, perredista del movimiento histórico, Eloy Cisneros Guillén reconoció el trabajo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos de 1965 a 1990, aunque le parece que se quedó corta la cifra de víctimas de la violencia política en la entidad.
Ayer se documentó que el informe final del mecanismo registró 225 personas ejecutadas, y fue el estado con mayor número de militantes del PRD violentadas en sus derechos humanos.
En consulta telefónica, el luchador social aclaró que aún no conoce el documento pero va a revisarlo para ver si se encuentra, por ejemplo, el homicidio del activista del movimiento poselectoral de la elección de Ometepec, en 1989 Tito Morales, originario de la localidad de Zacualpan, muy activo el PRD, que tenía ya algunos problemas con la Policía Municipal de Ometepec.
Entonces universitario y candidato a la alcaldía, Cisneros Guillén encabezó un plantón que comenzó el 11 de diciembre de 1990 con la participación de muchos pueblos que se organizaban para mantener la protesta, por el reconocimiento del triunfo del PRD en la elección del 3 de diciembre, que terminó el 11 de marzo de 1990 con un desalojo violento. Ahí fue detenido y llevado a prisión.
Dijo que confía en que los integrantes de la Comisión para la Verdad hicieron una búsqueda amplia en todos lados, y no duda del profesionalismo en su investigación, pero estimó que de la cifra, “hasta se queda corto ese número porque no sé si haya tomado en cuenta algunos asesinatos que hubo después de los desalojos violentos. Pero creo que la comisión de la verdad ha estado buscando por todos lados, considero que su planteamientos son correctos, dudaría un poco”.
Confirmó que en el sexenio de Ruiz Massieu “hubo una gran cantidad de asesinatos, algunos que documentó la Comisión de Derechos Humanos del PRD y algunos que se le escaparon, no los registró”.
Indicó que en un encuentro por la verdad y la justicia en Oaxaca, organizado por la Comisión, los activistas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que, como jefe supremo de las fuerzas armadas, primero instruyera a quien corresponde a efecto de abrir expedientes, para consultar todos los libros para tener un informe con toda la verdad, no con una verdad a medias”.
Además, que pidiera perdón al pueblo de México por todos los actos represivos, asesinatos cobardes, pueblos quemados, torturas que el Ejército cometió en contra del pueblo que se dio antes de la represión al PRD, a todo el pueblo de Guerrero.
Enfatizó que antes del desalojo del 6 de marzo de 1990, hubo una serie de actos criminales.
Señaló que en el 88 comenzó la lucha electoral con Cuauhtémoc Cárdenas por la presidencia de la República, con una represión selectiva en todo el país. En el 89 cuando se crea el partido del PRD, con el gobierno Ruiz Massieu, en el 90 que se desalojaron varios ayuntamientos violentamente, hubo una gran cantidad de asesinatos.
También fue organizador del Consejo de Colonias Populares de Acapulco en 1980, después de salir de la cárcel, en la represión de los actores sociales por el exgobernador Rubén Figueroa Figueroa.
Destacó que la Universidad Autónoma Guerrero participó activamente en apoyo a los colonos, con el fin de que Figueroa Figueroa no lograra su objetivo de sacar de los lugares estratégicos con vista a la bahía, para llevarlos a Ciudad Renacimiento.
Durante la guerra sucia se crearon “los nudos de impunidad” aún vigentes en el país: Pérez Ricart
La tarea era titánica. Había que explicar que el Estado cometió graves violaciones a los derechos humanos y atacó de manera sistemática a las distintas disidencias en el periodo conocido como guerra sucia, delimitado de 1965 a 1990. Había que exponer que fue una política de contrainsurgencia contra la población y que no se limitó a grupos políticos; que tanto las organizaciones que eligieron la vía armada como civiles y distintos grupos sociales sufrieron la persecución del Estado.
El resultado de dos años y medio de trabajo quedó plasmado en el extenso informe Fue el Estado (1965-1990). Informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, presentado el 16 de agosto pasado por Carlos A. Pérez Ricart, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y David Fernández Dávalos, exrector de la Universidad Iberoamericana. Los tres, en su calidad de integrantes del MEH, uno de los mecanismos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México (COVEHJ).
A una semana de la difusión pública, Pérez Ricart habla en entrevista con El Sur de las que considera son los grandes aportes de ese informe sin precedente: documentar los circuitos de contrainsurgencia, su funcionamiento, con nombres y apellidos de los ejecutores, “que no eran manzanas podridas”, aisladas, sino parte del sistema.
“Es una catástrofe que muy poca gente conozca qué sucedió. Gran parte de la población nunca se enteró” de los alcances de la represión, remarca. “Para muchos, el 2 de octubre, en el 68, y el halconazo, en el 71, son los ejemplos únicos de represión estatal”.
Lo que hizo el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, agrega, fue ofrecer pistas sobre la guerra sucia. “Es hora de que nuevos investigadores, periodistas, estudiantes, trabajen sobre eso”. No son palabras definitivas, no es una verdad con un punto final, sino una posibilidad para que otros y otras continúen las comisiones de la verdad hasta donde sea necesario, subraya el comisionado. “Para eso se necesita gente interesada, comunidades interesadas, que sigan estudiando el tema”.
Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín, Pérez Ricart resume la labor del MEH: “Ha sido muy duro. Más de mil 300 testimonios, revisión de 90 archivos, dos años y medio de trabajo, más de 40 personas involucradas”.
Pero ha tenido sentido. Una de las mayores virtudes del informe “es que da cuenta de una gran cantidad de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el periodo, que no habían sido nombradas o habían sido invisibilizadas por las narrativas hegemónicas”.
–Se trata de graves violaciones contra una gran cantidad de disidencias políticas y sociales en el país.
–Ese es uno de los principales hallazgos, además de sistematizarlas en un solo documento. Son muchas cosas que habían sido planteadas por otros investigadores, por activistas. Se trató de reunir todo eso para darle sistematicidad, algo muy importante.
La Sedena, el principal antagonista del MEH
La COVEHJ o Comverdad “es una comisión extraordinaria que trabajó en condiciones ordinarias, con presupuestos raquíticos, con salarios paupérrimos. Sin oficinas, con pocas computadoras disponibles. Sin posibilidad de hacer los viajes necesarios para la investigación”. Esto, respecto a lo burocrático, relata el comisionado.
Pero si hablamos de la obtención de los documentos, el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue el principal antagonista.
“Los investigadores vivimos la obstrucción del Ejército, primero en una colaboración pasiva y después en una obstrucción activa para el acceso de documentos. Además, la falta de colaboración desde la Secretaría de Gobernación para que nosotros pudiéramos tener acceso a archivos muy importantes, entre otros el archivo del Estado Mayor Presidencial”, expone.
“Nosotros contamos en La forma del silencio, un libro que es parte del informe, cómo durante meses en el archivo histórico de la Sedena los investigadores sufrieron la obstrucción activa del Ejército para que pudiéramos acceder a esos documentos”.
El pasado que siempre se relaciona con el presente
–¿Cuál es la relevancia de explorar hoy una etapa como la guerra sucia?
–Nosotros hicimos un trabajo inminentemente histórico, sobre el pasado, pero que establece relaciones desde el presente. Creemos que fue en ese periodo cuando se crearon los nudos de impunidad que siguen permeando el presente en México. Esto en las décadas de los setenta y los ochenta. Creemos que es muy importante denunciar que en ese periodo fue cuando se dio la génesis de la represión y de la impunidad que vivimos aún en el presente. Pienso en las procuradurías y fiscalías, en jueces, en las policías, que nunca fueron renovadas o no renovadas del todo.
“Nombres y apellidos que vemos en esa época, siguen vivos hoy –enfatiza Pérez Ricart–. Están presentes en los mecanismos de impunidad de hoy, que continúan a la fecha. Nosotros les llamamos factores de persistencia”.
Surgirán más testimonios y nueva documentación
Lo dijeron ya los comisionados que elaboraron el informe Fue el Estado (1965-1990). Informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico: este periodo se podría investigar por mucho tiempo y ni siquiera así podríamos terminar de entender todo lo que pasó.
Pérez Ricart dice que “las atrocidades fueron de tal tamaño y escala, que es imposible tantos años después poder rastrearlas por completo. Son atrocidades que no se pueden documentar en su totalidad. Aunque nuestro trabajo es bastante extensivo, no tiene una pretensión de abarcarlo absolutamente todo.
“Hay muchas víctimas que murieron ya, que no tienen familiares o que no quieren dar cuenta de su sufrir en ese periodo. Y estas víctimas, simplemente, en algunos casos morirán en el olvido.
“Es una investigación que necesariamente está limitada por el contexto, estamos hablando de un periodo del 65 al 90, en donde ya no podemos realmente documentar todo. Aún así, nos dimos cuenta de que mientras más explorábamos contextos y víctimas, más encontrábamos graves violaciones a los derechos humanos”.
–¿Qué ha pasado tras la publicación del informe?
–En estos días más gente se ha acercado a nosotros. Quieren dar su testimonio, nueva documentación. Lo que nos dice que el periodo lejos está de esclarecerse por completo. La comisión es un punto y coma, tres puntos suspensivos, es un paso muy importante, pero de ninguna manera damos el punto final al trabajo de esclarecimiento.
No se persiguió sólo a la disidencia política
Se comenta a Pérez Ricart que antes de la presentación del informe se pensaba que los reprimidos de aquel periodo habían sido, en su gran mayoría, actores políticos y opositores al gobierno. Fue el Estado (1965-1990) revela que la persecución abarcó a diversos grupos sociales.
Para el comisionado, esta información es lo fundamental y más relevante del informe. “Es lo que subrayamos y quisimos poner en primer lugar. Afortunadamente, los grupos de contrainsurgencia, de izquierda, tuvieron conciencia de clase, la capacidad de organizarse, la voz para protestar por los desaparecidos, torturados. Son grupos que han luchado durante décadas para que se haga justicia.
“Sin embargo, otras disidencias no estaban agrupadas políticamente, no tenían, digamos, una lucha política detrás y quedaron invisibilizadas. Quedaron completamente fuera de la narrativa de la represión del Estado en este periodo. No hubo colectivos de víctimas que se plantaran en el Zócalo a luchar por su memoria, por ejemplo”.
–¿Qué era necesario hacer?
–Nosotros creemos que estos grupos merecen ser recordados. Que merecen un nuevo lugar en la historiografía mexicana y el reconocimiento de que el Estado hizo daño y atacó de manera sistemática y generalizada a muchos de estos grupos. El informe es una primera piedra que ponemos para pensar en estas comunidades de víctimas, que, insisto, no están organizadas, que empezaron, en todo caso, a organizarse gracias al informe.
La esperanza del comisionado es que el informe sea “un vector de organización y mecanismo para que se puedan organizar, para que puedan cumplir sus demandas. Y, fíjate, en tanto ciudadanos, no tanto como víctimas. Ciudadanos sujetos de derecho y personas que también tienen acceso a la justicia, a la búsqueda, a la memoria”.
Mucha gente no supo del alcance de la represión
La palabra contrainsurgencia es clave en Fue el Estado (1965-1990). Pérez Ricart considera que otra de las grandes contribuciones del informe fue documentar los circuitos de contrainsurgencia, su funcionamiento, nombres, apellidos de ejecutores, “demostrando que no eran manzanas podridas, sino parte del funcionamiento del sistema”.
El producto de la amplia investigación realizada por el MEH “sirve para las universidades, para las preparatorias. Es fundamental para adentrarse a la historia de México. Es una catástrofe que muy poca gente conozca qué sucedió. Gran parte de la población nunca se enteró de esto. Para muchos, el 2 de octubre, en el 68, y el halconazo, en el 71, son los ejemplos únicos de represión estatal”, lamenta.
“Cuando uno habla de la guerra sucia en México piensa en esos momentos, cuando en realidad, a juzgar por los números y las víctimas, hay otros eventos, quizá mucho más violentos, que esos dos. Sin embargo, están fuera del análisis. Lo que hace el informe es subrayar esos casos y decir: la contrainsurgencia fue más amplia, más extensiva y mucho más dañina en el país de lo que pensamos”.
Los militares reprimidos fueron víctimas también
–Ustedes han llegado muy lejos. ¿Se podría ir más allá para que el periodo de la guerra sucia sea más claro?
–Este informe es solamente una pista. Ofrece pistas. Es hora de que nuevos investigadores, periodistas, estudiantes, trabajen sobre eso –insiste Pérez Ricart–. Es un insumo para ellos. No ofrece palabras definitivas. Se llama informe del MEH… es parte de la Comisión para la Verdad, pero no es una verdad final o una verdad con un punto final, sino una posibilidad para que otros y otras continúen las comisiones de la verdad.
–El informe revela que también hubo militares que se rebelaron, que no quisieron reprimir y recibieron castigo por ello.
–Fíjate que eso fue más resultado de la necesidad empírica. Haciendo las campañas de testimonios, mucha gente se nos acercó y nos planteaba que su hijo, su hermano, su papá, habían estado en el Ejército y habían sido reprimidos. Eran víctimas también, y había que escuchar a esas víctimas. Así que fue resultado de la propia necesidad empírica de escuchar todas las voces, incluyendo aquellas de miembros de Ejército violentados por sus propios mandos. Nos pareció importante y lo incluimos.
Esperaba más del MEH; se quedaron como meros historiadores, dice Micaela Cabañas
La hija del maestro rural y líder guerrillero del Partido de los Pobres (PDLP), Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas declaró que esperaban más del trabajo de los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad, pero que se quedaron como meros historiadores o escritores de novelas.
“Lo que consignaron en su último informe ya estaba dicho desde hace mucho tiempo y, aparte, había mucha evidencia de ello, lo que molesta a los familiares de las víctimas y a los colectivos es que, a pesar de que ya se sabía, no se haya hecho nada por hacer justicia”, dijo la también representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Guerrero.
Entrevistada por teléfono, declaró que, sin embargo, ahora, con esas evidencias que dejaron por escrito, van a seguir exigiendo “castigo a los miembros del Ejército responsables de las violaciones graves a los derechos humanos y que dañaron al pueblo de Guerrero”.
De acuerdo al último informe de los integrantes del MEH de la Comisión de la Verdad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutó todo un plan para criminalizar a la guerrilla de Lucio Cabañas.
Consultada al respecto, la hija del guerrillero, agregó que, más que eso, se confirma que fue una orden que partió del Ejecutivo, “es decir, vino de parte del Estado y fue una orden ejecutada por quien nos debe de proteger a los mexicanos”.
Añadió que eso es muy doloroso, también, porque más allá del esclarecimiento de los hechos, no hay avances para que se haga justicia a las víctimas y a sus familiares.
“Te puedo decir como víctima que esperábamos más de la Comisión de la Verdad, porque lo que se dice ahí (en el informe), ya estaba dicho desde hace mucho y con mucha evidencia, yo creo que lo que molesta a los familiares de las víctimas y a algunos colectivos es que en ese informe se hable de que fue personal del Ejército los que dañaron al pueblo en ese entonces, y no se haya actuado en su contra”.
Indicó que esa es también una agresión “que sentimos en particular como víctimas”.
Añadió que lo que publicaron los integrantes de la Comisión de la Verdad, “si, es importante que se siga escribiendo, pero yo siento que es una revictimización para todas las personas que hemos pasado por tanto”.
Añadió que lo que están esperando las victimas es “esa grandiosa disculpa pública y esos memoriales donde se recuerde a la gente que luchaba por ideales”.
Pero para la hija de Lucio Cabañas, los miembros del MEH quedaron a deber mucho a las víctimas, informó que, por ejemplo, en su caso esperaba que por lo menos fueran el enlace con las autoridades para hacer justicia en algunos aspectos, como en los aspectos de salud para todas las victimas que superan los 50 años.
“Las víctimas que todavía sobreviven están esperando por lo menos una reparación del daño, una disculpa pública, una conmemoración, algo que verdaderamente dignifique, principalmente que presenten y que castiguen a los culpables de aquel horrible genocidio llamado guerra sucia o guerra de baja intensidad, como le quieran llamar”.
Insistió que, en lo personal, tenía muchas esperanzas en esta comisión que termina su vigencia el próximo mes de septiembre, “pero nos quedaron a deber”, insistió.
Debido a que no hubo avances, Micaela Cabañas añadió que a las víctimas no les queda más que seguir adelante exigiendo que los casos se resuelvan apegándonos a las leyes, “porque las leyes están bien hechas, sólo que no están bien aplicadas”.
Adelantó que irán a la Fiscalía General de la República (FGR), “a lo mejor ahora con menos miedo para alzar la voz y seguiremos en esta lucha que no se acaba. Pienso que a pesar de tanto daño que nos ha hecho el Estado, seguiremos adelante porque sabemos que tenemos la razón y porque fuimos agredidos de una manera brutal en nuestras familias y en carne propia lo vivimos”.
Micaela Cabañas declaró que otra vez ven expectativas en el próximo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum, como las tuvieron con Andrés Manuel López Obrador.
Informó que platicó con la próxima presidenta de la República y le pidió que lo que quedó inconcluso en el caso de la guerra sucia lo concluya, y que siga trabajando hasta lograr el esclarecimiento y en darles justicia a las víctimas.
“Yo espero que la Fiscalía nos dé algún indicio de que se hará justicia, sobre todo que entregara a los desaparecidos, “porque claro que saben dónde están, ya sea que los hayan tirado en los vuelos de la muerte, si los enterraron en fosas clandestinas, saben dónde están, los militares siempre están rindiendo parte de sus actividades, no es posible que digan que no saben dónde están los desaparecidos”.
Dijo que ni si quiera se cree que la Sedena no sepa dónde están los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotinapa, “claro que saben, lo que pasa es que no quieren tocar al Ejército. Yo pienso que a estas alturas el Ejército debe de dignificarse diciendo la verdad y pagando como tengan que pagar”.
Insistió que ante esa falta de respuesta a los deseos de los familiares de las víctimas, que es encontrar a sus desaparecidos, los integrantes de la Comisión de la Verdad, “se quedan solamente como grandes historiadores o escritores de novelas”.
Espera ex guerrillero presentación de desaparecidos y castigo a responsables
El integrante de la guerrilla de Genaro Vásquez Rosas, Gregorio Fernández Brito declaró que ahora que los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad han aportado evidencias y confirmado las “graves violaciones” a los derechos humanos en la guerra sucia, lo que espera es que se haga justicia, la presentación de los desaparecidos y castigo a los responsables.
“Las cosas no deben quedarse sólo ahí, en la publicación del documento, las autoridades deben hacer justicia a las víctimas y a sus familiares”, dijo que esa la demanda de sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Entrevistado por teléfono, el exintegrante de la guerrilla del dirigente de la Asociación Nacional Revolucionaria (ACNR), y quien fungió como correo durante el movimiento armado, Fernández Brito, ex preso y torturado, declaró que el Ejército ahora debe salir a dar la cara, y entregar toda la información que tiene sobre la represión en esa época para que, finalmente, aunque sea tarde, se haga justicia a los sobrevivientes y a las víctimas.
“Nosotros hemos estado exigiendo la aclaración de todos esos crímenes, y los que supimos y vivimos de cerca esa represión vamos a seguir exigiendo la aclaración de todo y que se haga justicia, que se presenten a los desaparecidos y que se lleve a la justicia a los responsables.
Fernández Brito, quien tiene desaparecida a su hermana Victoria, añadió que lo primero que debe hacer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es ya no seguir ocultando la información que tiene sobre todo de los desaparecidos y presentarlos.
Añadió que para las víctimas y sus familiares no es solamente que se aclare lo que pasó mediante documentos, como el que dio a conocer el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, sino ir más allá; que el Ejército entregue a los desaparecidos y que se lleve a la justicia a los responsables que todavía viven.
“Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir exigiendo la presentación de nuestros desaparecidos. Yo creo que todos los que tenemos desaparecidos a seres queridos nuestra demanda es que aparezcan vivos”.
Para Fernández Brito, aunque la información que da a conocer el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad en su último informe no es nueva, puesto que la mayoría de los datos ya eran conocidos, sirve de sustento para exigir al gobierno y al Ejército que entreguen a los desaparecidos.
En el informe de los integrantes del MEH se menciona como el primer desaparecido de la llamada guerra sucia a Epifanio Avilés Rojas.
Fernández Brito aclaró que desconoce si en verdad fue el primer desaparecido que se documentó, pero que si conocía el caso.
Del caso Avilés Rojas tuvo conocimiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en su documento se señala que “a pesar de comprobada la desaparición forzada por parte del ejército y de ser la primera a en catalogarse, desgraciadamente la CNDH no lo ha reportado en su Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas en la década de los setenta y principios de los 80, publicado en 2001 y el caso solo fue contemplado de manera escueta en el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).
Fernández Brito dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe entregar la información de todos los casos, “muchos de ellos de los que tenemos poca información”, dijo.
Documenta el MEH la violación y asesinato de una misionera en Cuajinicuilapa en la guerra sucia
La violación y el asesinato de la misionera colombiana Luz Marina Valencia Treviño en 1987 en Cuajinicuilapa forma parte de las violaciones graves a derechos humanos en contra de la “disidencia religiosa” durante la guerra sucia, documentadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), que señala que la “estructura caciquil” posibilitó la falta de esclarecimiento del crimen.
La Parte 4 Violaciones graves a derechos humanos en contra de disidencias sociales, del Volumen 2 del informe, incluye el capítulo Violaciones graves a derechos humanos en contra de la disidencia religiosa, cuyos practicantes se “caracterizan porque sus comportamientos y creencias se alejan o contraponen al orden establecido”, explica el MEH en el documento de 627 páginas.
Uno de los pocos casos que pudieron ser documentados por el mecanismo sobre violaciones graves a los derechos humanos de una mujer vinculada a la Iglesia católica es el de la tortura sexual y ejecución de la misionera colombiana Luz Marina Valencia Treviño en Cuajinicuilapa.
Recién terminada una licenciatura en Misionología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y perteneciente a la orden de las Misioneras de la Inmaculada Concepción, que se destacaban “por llevar un modo de vida sencillo desde la opción por los pobres”, la oriunda de Colombia ingresó a los 34 años a México, adscrita a la Arquidiócesis de Acapulco, el 5 de septiembre de 1986.
El 10 de diciembre se trasladó a la Costa Chica con el equipo misionero integrado por la española Justina Moreno, la argentina Emma del Valle Menéndez y el padre estadunidense Roberto Hickl, con el objetivo de la “promoción de Comunidades Eclesiales de Base y concientización en todos los niveles”, adscritos a la parroquia de San Nicolás Tolentino.
El actual párroco Francis Kabika le dijo al MEH que las integrantes del equipo misionero, aunque de manera breve, causaron buena impresión entre la población, “ellas ayudaron mucho a la formación de la gente en este pueblo, claro que a través de los grupos eclesiales, pero también ayudaron mucho con la catequesis. También iban mucho a visitar a los enfermos. Básicamente ese era su trabajo pastoral, caminar con el pueblo, acercarse al pueblo y estar con el pueblo”.
El informe señala que las actividades económicas de la región a la que llegó el equipo misionero, “se centraban en el cultivo temporal por la carencia de sistemas de riego, la cría de ganado vacuno y caballar. Era una zona caracterizada por los altos niveles de violencia”.
Como parte del plan pastoral del equipo misionero, la hermana Luz Marina y el padre Hickl llegaron el 20 de marzo de 1987 a Gloria Escondida, “una cuadrilla o rancho de difícil acceso, el lugar más pobre y lejano de la parroquia de Cuajinicuilapa, sin servicios de luz ni agua potable”.
Aproximadamente 15 familias campesinas trabajaban en esta especie de antigua hacienda “al servicio de Nicolás Flores, cacique principal, su hermano Fernando y su hijo Candelario. La familia Flores, además de las tierras de Cuajinicuilapa tenían propiedades en Acapulco y compartían el poder económico y político en la región de la Costa Chica con otras familias de Ometepec, Cruz Grande y San Marcos”.
El MEH recupera el testimonio registrado con anterioridad de la hermana Justina Moreno, quien contó que en una de las dos misas que celebró, el padre Hickl “habló de la riqueza y de la justicia. Puso como ejemplo el de la comunidad, donde unos pocos (la familia Flores) acaparan la tierra y la riqueza, mientras pagan bajos salarios a los campesinos (1500 pesos por una jornada en la cosecha de la copra)”.
Los religiosos pernoctaron esa noche en el rancho, Luz Marina en la casa del campesino Miguel Cosme Guzmán y su esposa Caritina Cruz Vázquez, quienes intentaban habilitar la figura del comisariado ejidal para tener un representante en el municipio, mientras que el padre Hickl en una casa desocupada de la familia Flores.
Después de acompañar al sacerdote a instalarse, Miguel Cosme fue baleado en el regreso a su casa, mientras que su vivienda en la que estaba Luz Marina fue atacada por cuatro hombres.
El MEH recoge dos versiones de los hechos, una dicta que los hombres quisieron violar a la hija de Miguel Cosme y Caritina Cruz, Luz María de 15 años, pero la religiosa la defendió, entonces la atacaron y murió; la otra versión es que los hombres buscaron directamente a la misionera colombiana.
“Todas las versiones coinciden en que la hermana Luz Marina fue torturada sexualmente y luego recibió un disparo en el abdomen. El disparo no la mató rápidamente, permaneció desangrándose durante siete horas”.
El cuerpo de la religiosa fue trasladado al día siguiente a Cuajinicuilapa, donde fue enterrada y sus restos fueron trasladados a la parroquia de San Nicolás Tolentino en 2012.
El 26 de marzo de 1987, los pobladores protestaron durante la visita al municipio del entonces gobernador Alejandro Cervantes Delgado, quien respondió: “Yo no vine a arreglar problemas de monjas; la muerte ella se la buscó y la encontró”.
Fernando Flores Saavedra, ex marino e hijo del cacique Flores, fue detenido dos meses después en Cuautepec, con uno de sus cómplices, Javier Metodio; el otro hijo del cacique, Candelario, continuó prófugo. En 2016 la Arquidiócesis de Acapulco conmemoró el “martirio” de Luz Marina.
El MEH afirma que la tortura sexual y la ejecución de la misionera “dejó en evidencia las condiciones de violencia que enfrentaban las mujeres de la región afromexicana e indígena de la Costa Chica. Es decir, en este caso se conjuga su condición de mujer, cristiana y misionera”.
Al igual que en otros casos de los Altos de Chiapas documentados por el mecanismo, en los contextos indígenas, campesinos y afromexicanos de Guerrero “la violencia contra las disidencias religiosas católicas se vio atravesada por los actores locales que controlaban el poder político y la economía. En el caso de la ejecución de la misionera colombiana Luz Marina Treviño, la estructura caciquil posibilitó la falta de esclarecimiento efectivo del hecho”.
Texto: Zacarías Cervantes / Guillermo Rivera / Ramón Gracida / Foto: Tomada de Internet
