Protagonistas de aquél hecho, por el que la CDNH emitió este miércoles una recomendación en favor de las víctimas que protestaban en Acapulco contra el resultado electoral, recuerdan que el 27 de febrero de ese año hubo dos muertos, 48 heridos y 34 detenidos. “Fue una emboscada, a los policías los armaron (primero) con piedras de río que les llevó un camión. (El entonces gobernador) Ruiz Massieu dio la orden de madrearnos”, recuerda Wulfrado Salgado. Fue violencia política y selectiva contra un partido en construcción, cuya fuerza estaba en el sur del país, concluye la CNDH
Acapulco, Guerrero, 12 de septiembre de 2025. El 27 de febrero de 1990, centenares de ciudadanos militantes y simpatizantes del PRD, en Acapulco y Petatlán fueron reprimidos por la policía estatal del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993). Dirigentes del PRD de aquél entonces recuerdan de que había un acuerdo de que esa movilización sería respetada.
El estado era gobernado por el PRI. René Juárez Cisneros había sido electo presidente municipal de Acapulco, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI era Rubén Figueroa Alcocer, el secretario General de Gobierno era Jesús Ramírez Guerreros, el entonces procurador general del estado José Rubén Robles Catalán, el comandante de la Policía Judicial del Estado era Reynaldo Ríos de los Santos.
En el conteo final, en Acapulco el entonces dirigente estatal del PRD Rosalío Wences Reza reportó 48 heridos, 34 detenidos y dos muertos, un simpatizante del PRD y un policía.
La protesta del incipiente PRD se dio en el contexto de la lucha postelectoral. El PRD era un partido de nueva creación que había participado en su primera contienda electoral por cargos de elección popular en diciembre de 1989.
El PRD se fundó el 5 de mayo de 1989, luego de la caída del sistema en 1988 para no reconocer el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Para los comicios de 1989, recuerda Misael Medrano Baza, el PRD ya estaba prevenido de que había el riesgo de que no le reconocerían los triunfos electorales.
Este miércoles se conoció la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por violaciones graves a los derechos humanos cometidas por diversas corporaciones policiacas en contra de integrantes del PRD, a queja de una persona en noviembre de 2021, por la represión a una manifestación pacífica para protestar contra los resultados electorales de 1989 en diversos municipios de esa entidad.
También le solicitó a la SSPC gestionar ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la reparación integral del daño, además de proporcionarle, en caso de que así lo requiera, atención médica y psicológica por parte de personal especializado.
“En el contexto de la persecución política de los noventas, se cometieron principalmente detenciones arbitrarias y homicidios, y fue así que en el estado de Guerrero terminó de consolidarse un contexto de impunidad estructural, que hasta el día de hoy dificulta el esclarecimiento de los crímenes perpetrados durante todo el periodo de la violencia política de Estado”, dice la Recomendación de la CNDH.
El relato de uno de los sobrevivientes
La represión a la protesta de perredistas se dio, de acuerdo con el ex perredista Wulfrano Salgado Romero, por orden del finado ex gobernador Ruiz Massieu, porque cuando comenzó la movilización pasó en su camioneta. Venía del aeropuerto hacia Acapulco, “él dio la orden de que nos madrearan”.
Wulfrano Salgado contó que la protesta se convocó para iniciar en la Glorieta de Puerto Marqués, de donde salieron como a la 1 de la tarde. Se congregaron unos 5 mil perredistas de todo el estado, según quien fue posteriormente diputado local, pero no podía salir porque había negociaciones entre la dirigencia del PRD y las autoridades.
De acuerdo con Misael Medrano, hubo acuerdos de que la marcha se realizaría hasta el aeropuerto pero no lo bloquearían. Sólo estarían un rato y se retirarían. Wulfrano Salgado narró que antes de hacer la marcha se platicó con el director de Gobernación de esa época, de quien no recuerda el nombre, con quien acordaron que la marcha llegaría hasta el entronque a Barra Vieja, donde hoy está el centro de convenciones Mundo Imperial. A partir de ahí se dispersarían.
Pero todo cambió cuando pasó por Ruiz Massieu por el bulevar Las Naciones. A él le atribuyen la orden de reprimirlos porque la marcha ya estaba pactada. En su relato la CNDH sostiene que hubo diálogo con el entonces alcalde de Acapulco.
Contó que los perredistas llegaron hasta donde hoy está el paso elevado del bulevar Las Naciones, frente al acceso al hotel Princess, pues ahí había unos 200 policías estatales armados con piedras y toletes y comenzaron a apedrearlos, “eran piedras de río de las grandes, boludas”. Afirmó que se trató de una emboscada porque en el lugar se vio que fueron a descargar los camiones con las piedras que los policías usaron para dispersarlos.
La gente corrió y la policía montada a caballo también los perseguía. Como era una marcha estatal iban personas armadas con machetes y palos y algunos se enfrentaron con los policías estatales. Otros respondieron también a pedradas.
Unas 200 personas corrieron hacia el hotel Princess, otros se metieron al campo de golf y los policías estatales los fueron siguiendo. Con uno de ellos se enfrentaron a golpes y lo desarmaron. Luego los empezaron a seguir los policías a caballo. A ellos los dispersaron con el arma que le habían quitado a un policía y eso les permitió refugiarse en el hotel Princess, donde estuvieron hasta las 7 de la noche. La policía Montada no entró al hotel porque había turistas y los perredistas permanecieron refugiados.
Recordó que para poder salir del hotel sin ser detenidos tuvieron que falsificar credenciales de la Federación de Comerciantes en Pequeño, que lideraba la priista Dalia Serna, quien meses antes les había ofrecido que se unieran a su grupo y les había dado credenciales en blanco para que las repartieran entre los comerciantes de playa. Lo que hicieron fue rellenarlas con sus nombres y como las credenciales tenían el logo del PRI pudieron pasar un retén que la policía del estado había instalado en la Glorieta de Puerto Marqués para detener a los perredistas. En ese entonces recordó el PRD no daba credenciales de militante.
Los perredistas que se quedaron en el hotel Princess fueron sacados en autobuses y llevados hasta el Zócalo de Acapulco por presión del hotel, que no quería a los refugiados.
Salgado Romero consideró que aun con la recomendación de la CNDH que reconoce la represión y la violaciones graves a los derechos humanos que sufrieron los perredistas “difícilmente podrá haber justicia, no le hacen caso a la Comisión, ya han pasado muchos casos, El Charco, lo de los 43 (desaparecidos de Ayotzinapa), y todo parece un juego y no les hacen justicia”.
El relato de la CNDH
De acuerdo con el relato de hechos de la CNDH en su recomendación 189VG/2025, en la contienda de 1989 el PRD presentó candidatos en 65 de los entonces 75 municipios del estado, ante la Comisión Estatal Electoral en ese entonces controlada por el estado. Esta sólo reconoció el triunfo en tres municipios, lo que provocó la inconformidad de los perredistas.
El 15 de diciembre en Chilpancingo, el ex candidato presidencial Cuauhtemoc Cárdenas encabezó un mitin con unas 15 mil personas, donde dijo que había 16 triunfos seguros en Guerrero y 35 posibles, y demandó la desaparición de poderes en el Estado. Días después el Colegio Electoral rectificó y reconoció el triunfo del PRD en nueve municipios
El 26 de diciembre de 1989 hubo una marcha en Acapulco que culminó con un plantón en el Zócalo. Fueron tomados los Ayuntamientos en 20 municipios en protesta por no reconocer los triunfos perredistas.
En enero y febrero, de acuerdo con el relato de la CNDH, no cesó la violencia hacia los perredistas que se manifestaban contra los resultados electorales.
El 27 de febrero de 1990 “en los municipios de Acapulco y Zihuatanejo se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en agravio de la ciudadanía guerrerense y la militancia perredista que participaron en las movilizaciones”.
En Acapulco, el contingente de perredistas que se congregó en la Glorieta de Puerto Marqués fue de 500 a 600 personas, de acuerdo con la CNDH. La intención era llegar al aeropuerto, realizar una manifestación momentánea y retirarse. La marcha fue hostigada desde el principio y después de diálogo se les permitió llegar hasta La Poza, pero “fue brutalmente reprimida por diferentes autoridades, al mando del gobernador José Francisco Ruiz Massieu”.
Para justificar la represión a los perredistas se dijo que por la protesta había cien turistas que no podían salir del aeropuerto, pero la CNDH, relata que los manifestantes iban en el carril en dirección a la terminal aérea y no bloqueaban el paso.
También los empresarios de Acapulco y Zihuatanejo acusaron a los perredistas de tener pérdidas económicas por 13 mil millones de los viejos pesos debido a las marchas, mitines y bloqueos. Y pidieron mediante un desplegado al entonces presidente de la República Carlos Salinas de Gortari que se aplique la ley.
En Zihuatanejo, de acuerdo con la recomendación 210/1992, emitida el 30 de octubre de 1992, participaron unos 300 perredistas en una marcha rumbo al aeropuerto de Zihuatanejo. En el trayecto el contingente fue detenido entre los poblados de Los Almendros y Las Achotas por la Policía Motorizada, donde murió Florentino Salmeron García por un disparo que recibió en la axila derecha. En esa recomendación la CNDH dictaminó que el disparo fue realizado por los mismos perredistas. En tanto de parte del PRD se denunció que fueron los policías quienes les impidieron el paso y cuando les pidieron que les dejaran pasar les dispararon.
Consecuencias
La CNDH señala que la década de los 90, el Estado mexicano siguió con su “violenta estrategia contrainsurgente”, la cual fue sistemática y selectiva y que los perpetradores no documentaron sus acciones para mantenerse en la impunidad y por esa causa muchos casos no pueden acreditarse pero no significa que no hayan sucedido.
“Dando como resultado el mayor número de personas desaparecidas por motivos políticos en la historia nacional, incluyendo, de manera destacada, a muchos habitantes del estado de Guerrero”.
“La verdad es que la violencia política contra miembros del PRD en esa etapa fue sistemática y selectiva, dirigida principalmente hacia personas reconocidas en sus espacios comunitarios por su comprometida incidencia política en la construcción de un modelo auténticamente democrático. Siendo el sur del país el espacio geográfico que aglutinó a la mayoría de las bases, para la lógica de la estrategia represiva era central el uso de la violencia local, a través de prácticas autoritarias perpetradas a través de caciques, policías municipales y grupos paramilitares”.
“En el contexto de la persecución política de los noventas, se cometieron principalmente detenciones arbitrarias y homicidios, y fue así que en el estado de Guerrero terminó de consolidarse un contexto de impunidad estructural, que hasta el día de hoy dificulta el esclarecimiento de los crímenes perpetrados durante todo el periodo de la violencia política de Estado”.
“Es importante subrayar que, durante esos años, cientos de perredistas fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, algunos de los cuales quedaron en el olvido y otros muchos casos no son posible documentarlos. Porque otra de las más sofisticadas formas de ocultamiento de las violaciones a derechos humanos, es justamente, desaparecer sus indicios y toda prueba”.
Otra de las consecuencias que destaca la CNDH es que la alteración a los resultados electorales “representa no solamente un agravio en contra de un partido político, sino de todo el pueblo” y la violencia política de estado que ejerció el gobierno afectó la libertad de los ciudadanos para manifestar abiertamente sus ideas políticas por temor a ser víctima de asesinato, desaparición o alguno otro tipo de violencia.
Daniel Velázquez
