Chilpancingo, Guerrero, a 14 de octubre de 2025.- A mes y medio de que se desplegó el operativo Costa Chica Segura, integrado por soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), agentes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR) así como policías estatales y ministeriales, se retiró sin explicación y sin realizar ninguna detención de los responsables de la masacre en El Cortijo, municipio de Ayutla, informó un representante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Dicho operativo se puso en marcha el 28 de agosto en el 48 Batallón de Infantería de la Defensa en Cruz Grande, en medio de la tensión que originó la masacre de 12 policías de la UPOEG, en El Cortijo, municipio de Ayutla.
Ese día se dijo que la operación se integró con 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano, Policía Estatal, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la FGR, quienes participarían en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas.
Uno de los integrantes de la dirigencia de la UPOEG informó por teléfono ayer que el sábado pasado se retiraron los últimos miembros de ese operativo que quedaban, 90 que estaban en la localidad de El Charco, municipio de Tecoanapa, y 80 en Los Tepetates, municipio de Ayutla.
“Ya quedó todo el municipio libre y solo, otra vez, y con el riesgo de que haya nuevamente una incursión del grupo armado que nos atacó en El Cortijo”, reprochó.
Recriminó que con el retiro sin resultados, se confirma que “ese operativo fue una farsa, un engaño y una acción mediática” derivada de la presión que tenían los gobiernos federal y estatal por la masacre de los policías de la UPOEG.
“Ahora la gente teme por su seguridad y que se recrudezca la violencia, yo no sé por qué se fueron, no sé qué pasó, en las comunidades los trataron bien, a diferencia de otros pueblos donde dicen que no los dejan llegar o los corren”.
Explicó que en el transcurso de la semana pasada ya se habían retirado los que estaban en los pueblos de Colotepec y El Cortijo, municipio de Ayutla, y los últimos que quedaban eran los de El Charco y Los Tepetates que fueron los que salieron el sábado.
“Se retiraron sin explicación alguna y sin hacer ninguna detención de los responsables de la masacre”, dijo el integrante de la UPOEG.
Reprochó: “yo lo que no alcanzo a entender e por qué el Gobierno no entra a donde se encuentran los delincuentes, por ejemplo a las comunidades de Michapa, El Terrero, Tlayolapa, de Juan R. Escudero, y a Ochoapa de Tecoanapa, que es donde están los que atacaron a los policías de la UPOEG en El Cortijo”.
Aseguró que el Gobierno tiene toda la información, coordenadas, tecnología, equipo militar, helicópteros, “se supone que tienen todo, yo no sé qué es lo que pasa, hay muchos intereses oscuros”.
Informó que la información la han proporcionado tanto de manera directa, como a través de denuncias hechas a través de los números de emergencia 089 y 911.
“No hay pretextos, la Sedena (ahora Defensa) ya tiene todos los datos de dónde se ubican los responsables de la masacre”, insistió.
Informó que este lunes sólo quedaba un reducido grupo de agentes de la Guardia Nacional en la cabecera municipal, “pero esos de por sí han estado ahí, pero los del famoso y flamante despliegue militar y de la Guardia Nacional, ya se retiraron todos”.
Derivado de ello contó que la gente de algunos pueblos ha propuesto movilizarse para exigir al Gobierno el retorno de las fuerzas federales y estatales.
En tanto que de las investigaciones de la masacre de los 12 policías de la UPOEG en El Cortijo, insistió, no les han informado nada.
Contó que de manera extraoficial se enteraron que 10 días después de los hechos, atrajo el caso la FGR, “pero no ha habido avances, detenciones, información, nada”, recriminó.
Agregó que, mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen esperando justicia y que el 24 de septiembre pasado les llevaron “un poco de dinero” a los familiares de los asesinados, pero no les dieron a los que resultaron heridos, ni tampoco becas para los hijos de las víctimas directas.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: El Sur – Archivo
