En un encuentro a puerta cerrada con activistas, la gobernadora les ofreció mantener un diálogo permanente. Le presentaron un informe sobre luchadores sociales desaparecidos y asesinados y sobre el desplazamiento forzado de familias
Chilpancingo, Guerrero, 12 de enero de 2022. Sin acceso a los medios de comunicación, dirigentes de 32 organizaciones sociales, sindicales, magisteriales y organismos de derechos humanos se reunieron este martes con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en Casa Guerrero, donde le plantearon el diagnóstico que tienen con respecto a justicia, derechos humanos, la situación de desaparecidos, asesinatos de luchadores sociales y el problema de desplazamiento forzado interno.
De acuerdo a algunos dirigentes del movimiento social, la propuesta de reunirse surgió de la gobernadora y los motivos habrían sido el asesinato del promotor del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg), Salvador Catalán, en diciembre pasado en Tierra Colorada.
Otro fue el caso de la desaparición de Vicente Suástegui, hermano del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, así como el problema de la venta de niñas en las comunidades indígenas de la Motaña y Costa Chica.
Los dirigentes de las distintas agrupaciones comenzaron a entrar a las 11 y media de la mañana por la puerta dos de Casa Guerrero. A pesar de que el actual gobierno informó que se retirarían las vallas metálicas tanto del Palacio de Gobierno como de Casa Guerrero para tener acceso libre, ayer se volvieron a instalar para limitar el paso desde la calle hasta los accesos dos y tres de la residencia oficial.
Antes del filtro se apilaron los representantes de las organizaciones y organismos de derechos humanos y desde el otro lado el personal de seguridad los llamó uno a uno por sus nombres anotados en una lista.
La reunión estaba programada a las 11:45 de la mañana, pero de acuerdo a los asistentes la gobernadora llegó aproximadamente a la una y media de la tarde.
Antes, los dirigentes platicaron solo con funcionarios como el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña; el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez; el subsecretario de Asuntos Políticos, Ludwig Marcial Reynoso y el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
En declaraciones después de la reunión, Diana Hernández, la hija del dirigente social asesinado en Chilapa, Ranferi Hernández Acevedo, informó que la agenda que se trató con fue el recrudecimiento de la violencia en la entidad, la impartición y acceso a la justicia, libertad de algunos presos que están encarcelados “injustamente” y el desplazamiento forzado interno.
En la cuestión de la violencia, informó que le plantearon que se tienen que buscar las estrategias que permitan amortiguarla “para que los guerrerenses podamos transitar en situaciones diferentes por el estado”.
Agregó que le propusieron que la participación no sólo debe ser de las instituciones sino también de la ciudadanía a través de sus organizaciones “y de todo aquel que tenga interés de participar para que cambien las cosas que hay en el estado”.
Añadió que en la cuestión de impartición y acceso a la justicia le plantearon que prevalece la impunidad porque las estrategias de las instituciones “no funcionan y que queremos acceso a la justicia en otras circunstancias”.
Diana Hernández, dijo que solicitaron que el gobierno estatal vea la manera “de como entrarle para la liberación de algunos presos políticos, porque hay muchos compañeros que están encarcelados injustamente y muchos han sido perseguidos y criminalizados”.
Informó que otro problema que le plantearon fue el del desplazamiento forzado interno, que de acuerdo a las organizaciones son aproximadamente 36 mil guerrerenses en los últimos años.
Explicó que la gobernadora sólo los escuchó y que les propuso trabajar en mesas temáticas cada uno de los problemas que le presentaron y abrir un diálogo permanente. “Nos pidió que la apoyemos para que en verdad haya un cambio, y nosotros lo vimos bien y ahí mismo se acordó una segunda reunión para el 11 de febrero”.
También en declaraciones al salir, la dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, informó que esta es la primera reunión del movimiento social con Salgado Pineda y que la idea surgió a raíz del asesinato del promotor del Fusdeg, Salvador Catalán, la desaparición de Vicente Suastegui, y el problema de la venta de niñas en la Montaña.
Por su parte, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Walter Añorve, calificó esta reunión como “histórica”. Informó que asistieron un total de 32 dirigentes y que le plantearon el diagnóstico de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Guerrero.
Anunció que de manera interna están trabajando en un plan de acción, aunado a la atención que se va a desarrollar a partir de la reunión de ayer con la gobernadora, con respecto a la temática de la que hablaron.
Informó que habrá una calendarización de las mesas temáticas para tratar los diferentes problemas que se abordaron con ella. Anunció que el 11 de febrero se reunirán nuevamente para hacer una evaluación de los avances que se tengan hasta entonces.
De acuerdo a algunos de los asistentes a la reunión, de los 32 dirigentes que asistieron, sólo nueve de ellos intervinieron.
Al salir, el grupo de dirigentes coreo consignas como: “El pueblo unido, jamás será vencido” y “Presos políticos libertad”.
Entre algunos de los dirigentes que participaron en la reunión, estuvieron el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suástegui, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien finalmente dijo que no entró a la sala de la reunión para evitar riesgos por el Covid-19 debido a que eran muchos los asistentes, pero se le vio entrar a Casa Guerrero.
Además, el dirigente de la CETEG, Walter Añorve; la dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara; la hija del dirigente social asesinado Ranferi Hernández Acevedo, Diana Hernández; la representante del Comité de los Caídos de 1960, Roberta Campos Adame; el integrante de la Asociación de Jubilados de la UAG, Celestino Hipólito Fierro, y el dirigente de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa), Carlos de Jesús Alejandro.
Asistieron el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio y la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, así como representantes del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso, antes Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados del Estado y del País o Colectivo Chilpancingo.
Texto: Zacarías Cervantes/Foto: Archivo
