La fuga de información es deliberada desde la FGR, con el objetivo de entorpecer la investigación, debilitarla o propiciar que algunos inculpados evadan la acción de la justicia, le dicen al presidente. Urgen a realizar nuevas detenciones, entre ellas las de al menos cuatro militares del 27 Batallón de Infantería
Chilpancingo, Guerrero, y Ciudad de México, 13 de agosto de 2020. Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos expresaron su preocupación al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la filtración de datos de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala a la prensa, a fin de adelantar una versión de los hechos sin sustento, como ocurrió con la “verdad histórica”.
Consultado sobre el encuentro con el presidente, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que al inicio del año se acordaron reuniones mensuales con el Ejecutivo federal para evaluar el avance de las investigaciones, que se suspendieron en marzo debido a la contingencia sanitaria a causa del Covid-19, y se reanudaron junio.
Ayer, dijo que el encuentro se realizó entre las 12 del día y las 2 de tarde en el salón donde se llevan a cabo las conferencias matutinas del presidente.
Informó que los padres señalaron sus preocupaciones por el poco avance de la investigación y en el ejercicio de las acciones penales. Aclaró que si bien ya se emitieron órdenes de aprehensión, no hay nuevas detenciones ni procesamientos de los responsables.
Por ejemplo, indicó que hace dos meses se liberó la orden de aprehensión para el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y en lugar de ir a prisión el ex funcionario peñista obtuvo un amparo.
Por otro lado, dijo que los padres señalaron las filtraciones constantes y deliberadas a la prensa desde la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de entorpecer la investigación, debilitarla o propiciar que algunos inculpados evadan la acción de la justicia.
En el peor de los casos, advirtieron que esas filtraciones tienen la intención de perfilar en la opinión pública alguna conclusión.
“Le dijeron: no queremos que de nueva cuenta arriben a una conclusión apresurada, porque hoy muchos en el gobierno que se ven tentados a utilizar un testimonio para propiciar una conclusión que no garantiza la verdad a las familias”, relató Rosales Sierra.
Se refirieron a la publicación de una nueva hipótesis de la FGR sobre la noche de Iguala publicada por el semanario Proceso, después de la identificación de un resto de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43, a partir del fragmento óseo localizado en una barranca a 800 metros del basurero de Cocula.
La nueva versión basada en el testimonio de un presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, indica que los estudiantes fueron divididos en tres grupos, ejecutados y sus restos esparcidos en varios lugares. Un grupo de los normalistas habría sido llevado por militares armados al 27 Batallón de Infantería.
Aseguró, “hoy muchos en el gobierno se ven tentados a utilizar este testimonio para propiciar una conclusión que no da más, faltan datos de prueba y no ofrece verdad a los padres”.
Aunque el paradero de Christian ya fue establecido, aclaró que todavía no hay nada sobre el paradero de sus compañeros, pese a las investigaciones.
“En opinión de los padres, la filtración del testimonio tendría el objetivo de ir creando una nueva narrativa que puede llegar a presentar como conclusión anticipada, sin certeza”, expuso.
Advirtió que es muy delicado hablar de un presunto destino de los estudiantes, sin el esclarecimiento cabal de los hechos.
Dijo que solicitaron al presidente que se investigue a quienes filtraron los datos de la investigación, pero éste aclaró que es responsabilidad de la FGR y ofreció invitar al fiscal, Alejandro Gertz Manero, al próximo encuentro.
El compromiso del presidente es que de ningún modo se va a emitir una conclusión anticipada y la verdad que se confirme será compartida y consensuada con ellos, y sobre todo deberá ser satisfactoria para las víctimas, dijo.
Ahí mismo entregaron un documento con éstas y otras preocupaciones de carácter procesal que no reveló, justamente por el cuidado de la investigación.
Informó que otro tema de la reunión fue que el Poder Judicial no está contribuyendo para resolver el caso Ayotzinapa. Consideraron que privilegia los formalismos sin llegar al fondo del asunto, tal es el caso de la liberación de un presunto líder de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, y siguió en detención por intervención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
López Obrador también ofreció invitar a la siguiente reunión al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
Que se detenga también a agentes de la Policía Federal, de la Ministerial y municipales de Huitzuco y Tepecoacuilco, demandan
Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos urgieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar nuevas detenciones dentro de la investigación del caso, entre ellas las de al menos cuatro militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.
En la reunión con López Obrador, los familiares, en compañía de sus representantes legales, entregaron un documento con propuestas de acción dirigida a la Fiscalía, pero también al propio mandatario federal y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar.
“Priorizar las acusaciones y detenciones de los (personajes) más relevantes y estratégicos es un paso que ya no puede posponerse”, indican los padres y las madres de los estudiantes en el documento que Reforma pudo leer.
En el apartado dirigido al fiscal general Alejandro Gertz Manero y al fiscal del caso, Omar Gómez, piden que se detenga también a agentes de la Policía Federal, de la Policía Ministerial de Guerrero y policías municipales de Huitzuco y Tepecoacuilco.
“(Es prioritario) detener y someter a proceso a los elementos del 27 Batallón de Infantería que incurrieron en falsedad en sus primeras declaraciones, que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos, que tenían vínculos con la delincuencia organizada y/o que por acción u omisión participaron en los hechos”, indica otro punto, en el que hacen referencia al menos a cuatro soldados.
Asimismo, pidieron que sea extraditado y procesado Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como la recaptura de quienes ya estaban presos y por fallas procesales recuperaron su libertad.
En el oficio, los familiares llaman a los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial, y al fiscal general, no inventar otra “verdad histórica”.
“No queremos que por querer cerrar el caso se vuelva a forzar la evidencia para contarnos una historia concluyente”, señalan.
“Si alguien que participó en los hechos brinda información, la misma debe allegarse a la indagatoria, pero también debe verificarse y contrastarse con otras pruebas para no dar toda la credibilidad a versiones que puedan darse por intereses que no tienen que ver con la verdad”.
Al ministro presidente Arturo Saldívar le reprochan que por actos de corrupción se pretenda favorecer a implicados, como en el caso de El Mochomo, por lo que le pidieron que informe sobre sanciones al respecto.
Le insistieron también en la necesidad de que se cree un órgano jurisdiccional único para conocer de todas las nuevas acusaciones que presente la Fiscalía General de la República.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le exigieron depurar las instituciones de todos aquellos funcionarios que hubieran participado en la llamada verdad histórica, e instruir a la Marina y el Ejército a brindar la información requerida para el caso sin mayores obstáculos.
Con los padres estuvieron sus abogados y con el Ejecutivo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo y su jefe de Oficina, Ricardo Mejía Berdeja, y el fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.
Texto: Lourdes Chávez y Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
