4 octubre,2022 4:21 am

Se sigue espiando con Pegasus, denuncian medios y ONG y señalan al Ejército

Mencionan casos de periodistas y defensores de derechos humanos contra quienes se ha usado ese programa de intervención de celulares. Son datos falsos o desfasados los que aparecen sobre ellos en documentos hackeados a la Sedena, afirman dirigentes. En otro material reciente se califica a la UPOEG de “pseudo comunitaria” y se le vincula con un grupo criminal

Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 4 de octubre de 2022. Periodistas y defensores de la libertad de prensa condenaron los intentos de usar el programa espía Pegasus contra activistas y trabajadores de los medios que dan seguimiento a violaciones a los derechos humanos del Ejército mexicano.

Una investigación forense del grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó la presencia de Pegasus, de acuerdo con la agencia AP.

Asimismo, según un informe de Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y organizaciones mexicanas de medios, entre los objetivos se encuentran el activista Raymundo Ramos, el periodista Ricardo Raphael —en 2019 y 2020— y un periodista no identificado del medio digital Animal Político.

“No les gusta que documentemos este tipo de casos, que sean difundidos y que sean denunciados penalmente”, señaló Ramos, quien ha documentado los abusos de las fuerzas militares y policiales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y cuyo celular aparentemente fue infectado en 2020.

“Si el Presidente no sabía, es muy grave; quiere decir que el Ejército espía sin conocimiento del Presidente. Y si el Presidente sabía, también es muy grave”, dijo Daniel Moreno, director de Animal Político.

Tras asumir el cargo en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con el espionaje gubernamental. En más de una ocasión afirmó que él mismo fue víctima de la vigilancia del Gobierno.

“No estamos nosotros metidos en eso. Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie. Antes, nosotros en la oposición éramos espiados”, dijo en 2019 en respuesta a preguntas sobre el uso de Pegasus.

Las víctimas de los ataques con spyware señalaron que asumieron que el Ejército era el responsable, debido a la naturaleza de su trabajo y el momento en que ocurrieron los actos de espionaje.

“Lo anterior implica la posibilidad de dos escenarios: el primero, es que el Presidente le mintió al pueblo de México. O bien, el segundo, que las Fuerzas Armadas espían a espaldas del Presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”, advirtió Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.

El informe de esa organización, agregó AP, destaca que el Ejército mexicano ha pedido cotizaciones de precios para programas de espionaje de empresas relacionadas con la distribución de Pegasus. Según NSO Group, compañía que lo desarrolló, el programa se vende únicamente a gobiernos.

De acuerdo con el reporte, el grupo de hackers Guacamaya encontró documentos del Ejército que contienen solicitudes de cotizaciones de 2020, 2021 y 2022.

NSO Group ha estado implicado en el espionaje gubernamental a opositores y periodistas en todo el mundo, y asegura que sus tecnologías sólo se venden “a entidades gubernamentales examinadas y aprobadas”.

México tenía la lista más grande: alrededor de 15 mil números telefónicos entre más de 50 mil supuestamente seleccionados por clientes de NSO para posible espionaje.

Datos falsos o desfasados, en documentos de la Sedena sobre su actividad: dirigentes 

Dos de los seis dirigentes sociales de Guerrero que se mencionan en uno de los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron hackeados por el grupo de hackers Guacamaya, con lo que se presume son vigilados por militares, aseguraron que aunque la fecha del documento es reciente, algunos de los datos son falsos o la información está desfasada.

Fue consultado por teléfono Ubaldo Segura Pantoja, de quien se dice en el documento PI (SIIO)-5500, con referencia  “actividades líderes”, de fecha 23 de noviembre de 2021, que es coordinador del Frente Popular Revolucionario (FPR), “una organización fachada del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en la región de la Montaña de Guerrero”.

Además, Félix Moreno Peralta, a quien en el mismo documento se le ubica como secretario de comunicación política de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD y secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).

Segura Pantoja dijo que la vinculación del FPR con el EPR no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, “claro que ahora ya se menciona por una fuente oficial, pero la misma Sedena había venido filtrando información de ese tipo a reporteros afines al régimen en contra de luchadores sociales independientes”.

Mencionó que el periodista Raymundo Riva Palacio desde el 2003 venia publicando que él (Ubaldo Segura), era dirigente del FPR en la Montaña, organización a la que ubicaba como “fachada del EPR”.

Explicó que esa información salió de áreas de espionaje militar pero que es falsa.

Dijo que no solo lo tienen él “en la mira”, sino también a Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos (Tlachinollan), así como a los dirigentes de la CETEG en la Montaña, Taurino Rojas y Ramos Reyes “y a gente que sabemos que tienen vocación democrática”.

Ubaldo Segura explicó que con esa información se trató, en su momento, de deslegitimar a dirigentes y organismos que actúan en el marco legal.

Añadió que al menos en su caso, “no tengo ninguna relación con el EPR, aunque reconocemos todo tipo de lucha que sea a favor de los oprimidos y no descalificamos ningún tipo de lucha”.

Indicó que el señalamiento en su contra no le preocupa porque su trabajo es abierto y conocido por la sociedad; “es un trabajo que se hace a plena luz del día, es visible y transparente”.

Aunque aclaró que su organización no se vincula con los partidos políticos y no reivindican ese tipo de lucha “de engaño a la gente”, su trabajo es pacífico “y no podemos decir que los vamos a combatir (a los partidos políticos) o a hacer otras cosas, sólo nos manifestamos en contra del engaño al pueblo pero lo hacemos en el discurso político y en el discurso público y todo mundo lo conoce”.

Informó que también participa en la dirigencia del Frente Popular de la Montaña (FPM), que aunque es una organización muy similar, no es parte del FPR.

Segura Pantoja dijo que a pesar de esos señalamientos se van a seguir organizando porque es la única forma de tener un margen de defensa en favor de la sociedad.

Cuando se le insistió que sus nombres aparecen en documentos oficiales y actuales, (del 2021) e indican que siguen siendo vigilados, el dirigente social reiteró que inteligencia militar de administraciones pasadas filtró información a los medios de comunicación afines al régimen de entonces, y esta misma información se está utilizando ahora en documentos oficiales de la Sedena.

“Debido a la falta de objetividad y verdad en la información que se contiene a mí no me preocupa mucho, porque cae por su propio peso”, atajó.

“La  ciudadanía nos conoce perfectamente, sabe que nosotros, no de ahora, sino de hace años, llevamos una lucha pacífica y dentro del marco legal. Yo estoy en plena disposición ante cualquier autoridad, de cualquier nivel, que quiere llamarme a declarar, acudiré sin ninguna reticencia”.

Aseguró que pueden preguntarle todo lo que quieran saber, “y si dudan de lo que pueda decir y me quieren investigar, yo estoy contento que me investiguen porque no tengo nada que ocultar”.

Pero aclaró que no hay necesidad de que lo vigilen o que lo investiguen, mejor que lo llamen y acudirá voluntariamente “y voy a informar lo que hemos hecho, pero lo que me quieran inventar lo voy a negar”.

Félix Moreno Peralta, actual secretario de comunicación política del PRD estatal, respondió que hace tiempo sí lo “asediaban” y se enteró que lo vigilaban, pero que ya no ahora y que la información está desfasada.

Informó que se jubiló como maestro desde el 2010 y lleva 12 años jubilado, y como dirigente de la CETEG estuvo del 2004 al 2008, es decir lleva 14 años desvinculado del movimiento magisterial.

Incluso recordó que fue después de que dejó de ser maestro y dirigente de la CETEG cuando lo detuvieron y fue procesado por supuestos delitos derivados del movimiento magisterial. Recordó que contaba con 11 órdenes de aprehensión y que por una de ellas estuvo procesado del 2010 al 2015 en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y después con el de Ángel Aguirre Rivero, quien “lo limpio” de las órdenes  de aprehensión pero tuvo que pagar 365 mil pesos de fianza y estuvo acudiendo a firmar cada ocho días al penal de Las Cruces de Acapulco.

Admitió que cuando fue dirigente magisterial se enteró que el Ejército siempre anduvo atrás de él, pero reconoció que actualmente ya no se ha percatado que lo vigilen.

Refirió que la que contienen los oficios de la Sedena publicados, es una información vieja, “debe ser información que tomaron en archivos que tienen todavía por ahí en la Sedena”.

“Yo creo que sí, es información desfasada porque antes sí, andaban como perros”.

Informó que observó que lo mantuvieron vigilado hasta el 2014, “pero ya después no vi nada, la información de ahora deben de tomarla de archivos que deben de tener como un historial de la lucha social que dimos en esa época”, insistió el ex dirigente magisterial y actual miembro de la dirigencia estatal del PRD.

Con respecto a Raymundo Nava Ventura, a quien lo identifican en el mismo documento de la Sedena como dirigente de la asociación civil Xuajin Me’phaa, coordinador de la asociación “Tlapanecos” y promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ayutla, integrantes de la UPOEG aseguraron que hace tiempo que dejó de participar en esa organización.

El 27 de abril del 2021, Nava Ventura sustituyó en la Casa de los Pueblos de Ayutla, como representante de los pueblos Tlapanecos, a Isidro Remigio Cantú, quien fungía como coordinador municipal comunitario con funciones de tesorero, aseguran que al término de la administración municipal (en octubre de ese mismo año) dejó de tener activismo social.

La UPOEG está vinculada al grupo criminal Los Rusos, dice reporte hackeado del Ejército

En correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados a los medios por los hackers Guacamaya, se da seguimiento a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a la que tachan como “pseudo comunitaria” y la vinculan con el grupo delincuencial Los Rusos que opera en el puerto de Acapulco y Costa Chica.

El informe titulado “Panorama de la Upoeg”, cuenta que la organización dirigida por Bruno Plácido Valerio es una escisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y por un conflicto interno “derivado a intereses de poder”, surgió la UPOEG como organización armada el 6 de enero del 2013 donde crearon el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), que en su primer momento combatió al grupo de Los Rojos.

El texto en Power Point, señala que el “líder es Bruno Plácido Valerio, quien trata de mantener una organización similar a la CRAC-PC, de la que también fue su fundador, buscando que el gobierno estatal reconozca su organización y le otorgue los mismos beneficios, por lo que tenía apoyo del gobierno del estado, así como un vehículo blindado y una patrulla de la Policía Estatal que le proporciona seguridad, el cual fue retirado en el año 2021”, que coincide con la llegada de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Según los correos filtrados por Guacamaya, el análisis fue entregado el 28 de enero de este año y revela que hay dos fracciones de la UPOEG en San Pedro Las Playas, 10 de Abril, El Arenal, El Bejuco; y los otros en Barra Vieja y Lomas de Chapultepec, ambos grupos vinculados a Los Rusos.

“El surgimiento de estas organizaciones se ha pretextado en la falta de acciones por parte de la autoridad Municipal, Estatal y Federal para brindarles seguridad, sin embargo, manipulan a la población para impedir se mantenga presencia policial en el lugar, permitiendo con ello que se realicen actos de abusos en contra de la población, por parte de los integrantes de las Pseudo policías comunitarias”.

Según la Sedena, la UPOEG al carecer de un ingreso económico para solventar los gastos que genera el mantener activo su movimiento, fueron cooptados por el grupo delictivo Los Rusos, liderado por Carlos Alberto Navarrete Soriano (a) El Ruso y/o El Colorado, quien “obtiene a cambio casas de seguridad en las comunidades con presencia de pseudo policías comunitarios, sirviéndoles como fachada y con ello pasar desapercibidos ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

Los Rusos es la agrupación delictiva con mayor presencia en Acapulco, la cual según la inteligencia militar se encuentra en proceso de expansión manteniendo vínculos con la UPOEG.

El Power Point de 11 diapositivas, describe con organigramas y fotografías los vínculos delictivos de la organización.

También, menciona que sus dos principales comandantes son Pedro Santos Cruz, (a) Pino, con presencia en los poblados San Pedro Las Playas, 10 de Abril, El Arenal, El Bejuco y Eusebio Severiano Rodríguez, El Chevo, con presencia en los poblados Barra Vieja y Lomas de Chapultepec, del municipio de Acapulco.

Pedro Santos es señalado por el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, como el principal responsable de la desaparición de su hermano Vicente en agosto del año pasado, donde según testimonios participaron policías ministeriales.

Eusebio Severiano fue asesinado en abril en la comandancia de Barra Vieja, donde murió otro de sus compañeros y tres más quedaron heridos.

En todo momento el análisis tacha de “pseudo comunitarios” al grupo de la UPOEG, haciendo una línea de tiempo del año 2017 al 2022 donde reporta las agresiones contra elementos militares, marinos y policías estatales.

Al finalizar el texto, pusieron los datos generales de Severiano Rodríguez, donde lo señalaron de cometer abusos en contra de los pobladores de Barra Vieja y Lomas de Chapultepec durante los recorridos que realizaban “bajo pretexto de brindar seguridad”.

A Pedro Santos Cruz le atribuyen el trasiego de drogas y ser el responsable de “homicidios suscitados en las comunidades a inmediaciones de la comunidad de El Arenal y San Pedro las Playas”.

Desde la llegada de Evelyn Salgado, el estatus de la UPOEG ha cambiado a diferencia de otros gobiernos que les blindaron radios, armamento y vehículos para continuar su presencia en la Costa Chica, Montaña, Costa Grande y la Sierra de Guerrero.

En julio, la Guardia Nacio-nal y el Ejército detuvieron a Jesús Calleja Clemente, comandante Calleja, uno de los hombres más importantes de la UPOEG que controlaba gran parte de la Costa Chica.

En agosto fue detenido Bruno Plácido, acusado de “robo en específico y agravios”, pero fue liberado a las pocas horas.

Días antes, el vicefiscal general del estado, Ramón Celaya Gamboa, fue emboscado presuntamente por integrantes de la UPOEG cuando se dirigía a dialogar a un bloqueo en la comunidad de Tres Palos, municipio de Acapulco.

Hace dos semanas fueron detenidos el comandante José Manuel Hernández y la autodefensa Wilibaldo Villanueva, en el municipio de Florencio Villarreal (Cruz Grande), un día después de que un policía estatal fue dejado descuartizado afuera del cuartel del Ejército.

El dirigente máximo de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, ha señalado en las ultimas semanas que es víctima de una persecución de la Fiscalía y teme ser detenido nuevamente por las autoridades.

Texto: Agencia Reforma, Zacarías Cervantes y Lenin Ocampo Torres / Foto: @R3Dmx (Twitter)

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