Gaspard Estrada
La segunda vuelta presidencial peruana del 7 de junio de 2026 enfrenta a dos candidatos que representan proyectos políticos profundamente distintos: Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y heredera política del fujimorismo, y Roberto Sánchez, candidato de izquierda respaldado por sectores vinculados al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, más allá de las diferencias ideológicas entre ambos, la principal conclusión de esta elección es que ninguno de los dos llegará al poder en condiciones favorables para gobernar.
La primera vuelta confirmó el profundo desgaste del sistema político peruano. Fujimori obtuvo apenas el 17.18 por ciento de los votos y Sánchez el 12.03 por ciento, cifras que reflejan un nivel de fragmentación sin precedentes. Entre ambos candidatos sumaron menos de un tercio del electorado, mientras millones de peruanos optaron por otras candidaturas, el voto blanco o la abstención.
Esta debilidad de origen es particularmente relevante porque Perú no enfrenta únicamente una elección presidencial. Por primera vez en décadas, el país contará nuevamente con un Congreso bicameral, compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado con importantes atribuciones institucionales. El resultado es un sistema político más complejo y potencialmente más fragmentado que el existente durante los últimos años.
La cuestión central es que la crisis política peruana ya no puede explicarse únicamente por la personalidad de sus presidentes. Durante la última década, Perú ha tenido una sucesión extraordinaria de jefes de Estado, destituciones, vacancias y gobiernos transitorios. La caída de José Jerí en febrero de 2026, apenas semanas antes de las elecciones, constituyó el episodio más reciente de una inestabilidad que se ha convertido en una característica estructural del sistema político.
En ese contexto, la gobernabilidad dependerá menos de quién gane que de la capacidad del próximo presidente para construir acuerdos parlamentarios duraderos. Y allí aparecen los principales riesgos.
Si Keiko Fujimori resulta elegida, contará previsiblemente con una bancada importante y con una representación parlamentaria superior a la de sus adversarios. Sin embargo, la experiencia política peruana demuestra que incluso presidentes con respaldo legislativo considerable han enfrentado bloqueos permanentes. Además, Fujimori continúa siendo una figura altamente polarizadora. Su apellido moviliza apoyos sólidos, pero también niveles muy elevados de rechazo en amplios sectores urbanos, progresistas e indígenas.
Por el contrario, si Roberto Sánchez logra imponerse, enfrentará dificultades aún mayores. Aunque su candidatura ha logrado movilizar el voto rural y los sectores desencantados con el establishment limeño, llegaría al Palacio de Gobierno con una representación parlamentaria insuficiente para impulsar reformas estructurales como la convocatoria de una nueva constitución o la transformación del modelo económico.
La paradoja peruana es evidente. Mientras la campaña presidencial ha sido presentada como una elección entre dos modelos de país, el verdadero centro del poder podría encontrarse nuevamente en el Congreso. Desde hace años, el Legislativo ha acumulado una capacidad creciente para bloquear, censurar o incluso destituir presidentes. Numerosos observadores consideran que Perú ha evolucionado hacia una especie de “parlamentarismo informal”, donde el Ejecutivo posee legitimidad electoral, pero carece de los instrumentos políticos necesarios para gobernar con estabilidad.
La dimensión económica agrava aún más el desafío. El próximo gobierno deberá enfrentar una combinación compleja de desaceleración económica, inseguridad ciudadana, expansión de economías ilícitas y creciente desconfianza institucional. Ninguno de estos problemas puede resolverse mediante decretos o decisiones unilaterales; todos requieren acuerdos políticos amplios, precisamente el recurso más escaso en el Perú contemporáneo.
Desde una perspectiva regional, el caso peruano constituye uno de los ejemplos más evidentes de la crisis de representación que afecta a varias democracias latinoamericanas. A diferencia de otros países de la región, donde la polarización ha producido bloques relativamente estables, Perú enfrenta un fenómeno distinto: la atomización extrema del sistema político. No existe una mayoría social clara, ni un liderazgo dominante, ni partidos capaces de estructurar consensos duraderos.
Por ello, la segunda vuelta del 7 de junio no resolverá necesariamente la crisis política peruana. Lo más probable es que produzca un nuevo presidente con legitimidad formal, pero con márgenes de acción limitados. La verdadera incógnita no es quién ocupará la presidencia durante los próximos cinco años, sino si las instituciones peruanas serán capaces de romper el ciclo de confrontación entre Ejecutivo y Legislativo que ha caracterizado la última década.
* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE).
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