La falta de documentos que den cuenta de la extracción, determinada desde la Corona española, es el principal obstáculo, señala la arquitecta Lucía Villers
Ciudad de México, 17 de enero de 2026. Por una ordenanza real de 1536, que determinó que los tesoros hallados en templos, sepulturas y adoratorios de los indios fueran la mitad para el rey, muchos objetos salieron rumbo a Europa. Las ordenanzas de la Corona española durante el periodo colonial privilegiaban la extracción y traslado de esos objetos valiosos a Europa.
“Al igual que el Penacho de Moctezuma, es difícil rastrear en qué calidad salieron porque no siempre existen documentos al respecto”, plantea la arquitecta Lucía Villers en el repositorio declaratorias.org.
Se trata de un archivo público y cronológico de las declaratorias de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de la Ciudad de México, auspiciado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura y dirigido a entender los cambios en la legislación respecto a la propiedad, el valor y los criterios de protección del patrimonio.
Este proyecto, que se remonta al siglo XVI, cuando se emitieron las primeras ordenanzas, abarcando hasta la actualidad, tiene como antecedente la plataforma Cartografías del Patrimonio (2021) con mapas navegables de la Ciudad de México con la información pública del patrimonio que Villers integró junto con la urbanista Sophie Davin.
“Las leyes son un testimonio de cómo hemos ido construyendo la actual legislación y la actual idea de qué es patrimonio, qué se debe conservar y qué no”, recalca en entrevista.
Al inicio, la Corona reclamaba como suyo todo objeto de valor descubierto en sus territorios, sin importar quién lo encontrara. Bajo una “lógica mercantilista”, la búsqueda de metales preciosos y tesoros para nutrir los gabinetes de curiosidades europeos era primordial.
Villers refiere que un cambio ocurrió con el rey Carlos III, promotor de las excavaciones en Pompeya y Herculano en 1738, ya que en ese momento Nápoles era parte de la Corona española, lo que llevó a un interés por estudiar piezas como la Coatlicue y la Piedra del Sol, conforme a la ordenanza de 1777 para que se estudien “los monumentos de la antigüedad de tan vasto imperio”.
Las excavaciones se centraban en los objetos, y las edificaciones y el territorio no eran consideradas importantes, lo que llevó a la destrucción de estructuras al extraer piezas.
“Hay otra manera de ver las piezas, les interesa mucho investigarlas. Es el principio de estudios que ya suceden en Nueva España y que ya no se trasladan (los objetos)”, dice la arquitecta.
Ya en el México Independiente, el proyecto criollo nacionalista buscó darle importancia al pasado prehispánico para “despegarse de la Corona y la Iglesia”.
Un discurso de identidad nacional que, en su opinión, hoy en día no parece haber evolucionado, seguimos viendo “solo lo prehispánico” como lo importante cuando hay una arquitectura y una producción artística del siglo XX que están desapareciendo.
“Nuestra mirada sigue fija con los monumentos arqueológicos que parece que tienen más importancia solamente porque son más antiguos. Ahí hay una lógica de perspectiva sobre el valor del patrimonio que yo creo que merece un debate: si el valor debería de estar fijado en la antigüedad o con respecto a la relación que guarda con el presente”, argumenta.
La ley de 1914 fue la primera en referirse de manera sustantiva a los monumentos históricos, artísticos y bellezas naturales. Villers cita al antropólogo Bolfy Cottom, quien opina que esta legislación supera el “enfoque anticolonial” todavía vigente en el siglo XIX, “construyendo la idea de una historia nacional como un continuum cultural”.
La primera vez que aparece el concepto de monumento artístico, arqueológico o histórico es en la legislación de 1930 sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas naturales, que endureció las sanciones por destrucción del patrimonio.
Ese concepto sigue presente en las siguientes leyes hasta la vigente Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972. Al amparo de esa legislación se emitieron las primeras declaratorias, que son el instrumento legal para proteger el patrimonio. Villers las mapeó y ordenó por fecha para entender cómo se construyó el actual catálogo de monumentos en la Ciudad de México.
El mapa “revela que proteger es muy complicado, ya que, a pesar de la existencia de catálogos, las cosas siguen desapareciendo”, asegura.
También muestra que la protección se enfoca en los territorios más antiguos como Xochimilco, Tlalpan o Coyoacán, pero se ha dejado fuera la ciudad del siglo XX, como las colonias Roma o Narvarte que también es valiosa y nos ha definido como ciudad y país.
“En el Centro Histórico es clarísimo, o sea, hay un punto en el que hay mucho que no está catalogado porque ya son barrios un poco más conflictivos como Tepito, toda la parte oriente del centro de la ciudad se ha dejado de catalogar, porque con la lógica actual es difícil entrar a sus barrios a hacer mediciones”, expone.
Plantea así la necesidad de una actualización del debate sobre el patrimonio y la legislación, con criterios más amplios que consideren toda la historia de México y la realidad actual de la ciudad.
Erika P. Bucio / Agencia Reforma
