Texto: DPA/ Foto: Cuartoscuro
Washington, DC, 9 de mayo de 2018. Amnistía Internacional la ha calificado de política “draconiana” y “monstruosa”. Legisladores demócratas han protestado enérgicamente, criticando su “crueldad”. Pero Donald Trump, con su mano dura con la inmigración, no solo va a mantener las separaciones de las familias de migrantes que cruzan la frontera, sino que va a incrementarlas.
“No queremos separar familias, pero no queremos que haya familias que lleguen ilegalmente a la frontera”, manifestó esta semana el fiscal general, Jeff Sessions, un ultraconservador opuesto no solo a la inmigración ilegal. “Así es como funciona el mundo”, dijo.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch y otras de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes llevan denunciando la separación de familias en la frontera -esto es, la separación de los padres de sus hijos- desde hace años, antes incluso de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Con el republicano en la presidencia, dicen, estas han aumentado.
El Gobierno de Trump ha rechazado reiteradamente decir cuántas familias son separadas, pero hasta ahora sugería que eran pocas.
Una investigación de The New York Times publicada en abril cifró sin embargo en más de 700 niños los que fueron separados de sus padres desde octubre de 2017 hasta entonces. Entre ellos había más de un centenar de menos de cuatro años de edad. Además, Amnistía Internacional ha documentado la separación forzosa de familias de peticionarios de asilo, incluso cuando estos han presentado pruebas de su parentesco y de la persecución de la que huyen.
Las palabras de Sessions al inicio de esta semana en la localidad de Scottsdale, en Arizona, cerca de la frontera con México, anuncian un incremento de estas separaciones y ha despertado fuertes críticas en el país.
“A quien cruce la frontera ilegalmente, lo procesaremos. Es así de simple”, advirtió. “A quien introduzca ilegalmente a un niño, lo procesaremos y lo separaremos de ese niño como requiere la ley. A quien no le guste esto, que no meta ilegalmente a niños a través de nuestra frontera”.
Formalmente no hay un cambio de política sobre el papel. La ley en vigor indica que los menores hallados en la frontera deben ser tratados como menores no acompañados si sus padres son detenidos y acusados de cargos criminales.
Los niños quedan entonces bajo custodia del Gobierno hasta que se les asigna un tutor. Si no se encuentra a ningún familiar en el país o a alguien que asuma esa tutoría, los niños pueden llegar a quedarse bajo custodia de la administración indefinidamente.
Lo que ahora va a hacer la administración Trump es procesar criminalmente al “cien por cien” de los inmigrantes que cruzan ilegalmente, dijo Sessions. Y si los padres son procesados criminalmente, los niños son separados de ellos. La separación de familias en la frontera como política disuasoria ha estado sobre la mesa desde el inicio de la presidencia de Trump, según documentos y memorandos que se filtraron en este tiempo a medios del país.
Según las cifras oficiales publicadas hace pocos días, la patrulla fronteriza detuvo en abril a unas 38 mil personas en la frontera con México, una cifra tres veces mayor que el mismo mes del año pasado, cuando el “efecto Trump” hacía bajar el número de personas que intentan entrar ilegalmente desde México, pero mucho más baja que las que se vieron en las últimas dos décadas.
Con el número de mexicanos en descenso desde hace ya tiempo, la mayoría de quienes intentan cruzar hoy en día esa frontera en la que Trump quiere levantar su muro proceden de Centroamérica y huyen de la extrema violencia y la pobreza en sus países.
A dos de ellos, El Salvador y Honduras, Trump les acaba de cancelar la protección migratoria especial que les concedió Estados Unidos tras el azote del huracán “Mitch” en Honduras en 1998 y los dos graves terremotos de 2001 en El Salvador.
Muchos de esos migrantes que llegan a la frontera, como se ha visto recientemente con la caravana migrante que atravesó México y despertó la ira de Trump, pretenden pedir asilo en Estados Unidos.
Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Estados Unidos, asegura que estas separaciones desafían “al sentido de la lógica y de la humanidad”.
“Estos niños han sufrido ya el trauma de la violencia y la persecución en sus países de origen y un viaje arduo en busca de seguridad”, dice. “Esta política es monstruosa y atenta contra los derechos humanos y debe ser rescindida inmediatamente”.
“Buscar asilo en nuestro país no es ilegal”, apunta por su parte la congresista demócrata Michelle Lujan Grisham, presidenta del Caucus Hispano del Congreso, un grupo de presión de legisladores de origen latino. “La unidad familiar está además reconocida como un derecho humano fundamental, consagrado por la ley internacional”.
“No queremos separar familias, pero no queremos que haya familias que lleguen ilegalmente a la frontera”, manifestó esta semana el fiscal general, Jeff Sessions, un ultraconservador opuesto no solo a la inmigración ilegal. “Así es como funciona el mundo”, dijo.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch y otras de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes llevan denunciando la separación de familias en la frontera -esto es, la separación de los padres de sus hijos- desde hace años, antes incluso de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Con el republicano en la presidencia, dicen, estas han aumentado.
El Gobierno de Trump ha rechazado reiteradamente decir cuántas familias son separadas, pero hasta ahora sugería que eran pocas.
Una investigación de The New York Times publicada en abril cifró sin embargo en más de 700 niños los que fueron separados de sus padres desde octubre de 2017 hasta entonces. Entre ellos había más de un centenar de menos de cuatro años de edad. Además, Amnistía Internacional ha documentado la separación forzosa de familias de peticionarios de asilo, incluso cuando estos han presentado pruebas de su parentesco y de la persecución de la que huyen.
Las palabras de Sessions al inicio de esta semana en la localidad de Scottsdale, en Arizona, cerca de la frontera con México, anuncian un incremento de estas separaciones y ha despertado fuertes críticas en el país.
“A quien cruce la frontera ilegalmente, lo procesaremos. Es así de simple”, advirtió. “A quien introduzca ilegalmente a un niño, lo procesaremos y lo separaremos de ese niño como requiere la ley. A quien no le guste esto, que no meta ilegalmente a niños a través de nuestra frontera”.
Formalmente no hay un cambio de política sobre el papel. La ley en vigor indica que los menores hallados en la frontera deben ser tratados como menores no acompañados si sus padres son detenidos y acusados de cargos criminales.
Los niños quedan entonces bajo custodia del Gobierno hasta que se les asigna un tutor. Si no se encuentra a ningún familiar en el país o a alguien que asuma esa tutoría, los niños pueden llegar a quedarse bajo custodia de la administración indefinidamente.
Lo que ahora va a hacer la administración Trump es procesar criminalmente al “cien por cien” de los inmigrantes que cruzan ilegalmente, dijo Sessions. Y si los padres son procesados criminalmente, los niños son separados de ellos. La separación de familias en la frontera como política disuasoria ha estado sobre la mesa desde el inicio de la presidencia de Trump, según documentos y memorandos que se filtraron en este tiempo a medios del país.
Según las cifras oficiales publicadas hace pocos días, la patrulla fronteriza detuvo en abril a unas 38 mil personas en la frontera con México, una cifra tres veces mayor que el mismo mes del año pasado, cuando el “efecto Trump” hacía bajar el número de personas que intentan entrar ilegalmente desde México, pero mucho más baja que las que se vieron en las últimas dos décadas.
Con el número de mexicanos en descenso desde hace ya tiempo, la mayoría de quienes intentan cruzar hoy en día esa frontera en la que Trump quiere levantar su muro proceden de Centroamérica y huyen de la extrema violencia y la pobreza en sus países.
A dos de ellos, El Salvador y Honduras, Trump les acaba de cancelar la protección migratoria especial que les concedió Estados Unidos tras el azote del huracán “Mitch” en Honduras en 1998 y los dos graves terremotos de 2001 en El Salvador.
Muchos de esos migrantes que llegan a la frontera, como se ha visto recientemente con la caravana migrante que atravesó México y despertó la ira de Trump, pretenden pedir asilo en Estados Unidos.
Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Estados Unidos, asegura que estas separaciones desafían “al sentido de la lógica y de la humanidad”.
“Estos niños han sufrido ya el trauma de la violencia y la persecución en sus países de origen y un viaje arduo en busca de seguridad”, dice. “Esta política es monstruosa y atenta contra los derechos humanos y debe ser rescindida inmediatamente”.
“Buscar asilo en nuestro país no es ilegal”, apunta por su parte la congresista demócrata Michelle Lujan Grisham, presidenta del Caucus Hispano del Congreso, un grupo de presión de legisladores de origen latino. “La unidad familiar está además reconocida como un derecho humano fundamental, consagrado por la ley internacional”.
