12 abril,2025 4:12 am

Si hay omisión o negligencia de autoridades, existe desaparición forzada: Centro Minerva Bello

 

Chilpancingo, Guerrero, a 12 de abril de 2025.-  El director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, discrepó de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto a que ya no hay desaparición forzada: “si hay colusión, omisión o negligencia de las autoridades, si existe desaparición forzada”.

Recordó que el diferendo se dio a raíz de la opinión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que pidió activar el procedimiento del artículo 34 porque hay indicios de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada y sistemática en el país.

Indicó que la respuesta del gobierno de México ha sido rechazarla; primero, a través de la Secretaría de Gobernación, y después por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dicen que no existe una política de Estado para permitir, consentir o encubrir desapariciones.

A esas opiniones se sumó la presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra, el miércoles en Acapulco, cuando declaró que en México hay desapariciones pero ya no interviene el Estado.

Sin embargo, el activista Velázquez Florencio, dijo que si bien no hay una política de Estado en las desapariciones como en la época del terrorismo de Estado durante la llamada guerra sucia, de lo que hay documentos oficiales que evidencian que se quiso exterminar a la guerrilla, “ahora no es una política de Estado pero hay aquiescencia”.

Explicó que el artículo 2 de la Convención Internacional dice que el arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de la libertad cometida  por entes de Estado, por personas o grupos que actúan con autorización, es desaparición de Estado.

El defensor de derechos humanos añadió que en este caso “el crimen es autorizado porque pareciera que estos grupos actúan con autorización”, y preguntó que en cuántos casos se sabe que policías estatales municipales o el ejercito trabaja con los grupos locales en sus luchas contra otros grupos.

“Y eso incluye la desaparición o la aquiescencia de Estado que aunque no sea una cuestión de política pública, si pareciera una participación no activa, pero sí por representantes del Estado que puede ser cualquier funcionario, como un policía municipal, un militar o un policía del estado”.

Velázquez Florencio, declaró que no se requiere una orden oficial ni una participación directa para que se pueda decir que es desaparición forzada, “basta con que el Estado lo tolere, lo permita o no haya actuado diligentemente”.

Destacó que esa es la clave, “porque ¿en cuántos casos de desaparición denunciados en Guerrero han sido diligentes en una investigación, o cuántos sabemos que han encontrado por una investigación y no porque las madres los hayan encontrado?.

Indicó que tampoco se detiene la situación de desapariciones “y mucho menos las está investigando, incluso si el crimen organizado es el ejecutor, si hay colusión, omisión o negligencia se puede configurar como desaparición forzada y eso sabemos que existe en Guerrero.

Además, dijo que hay una práctica sistemática, inacción o encubrimiento.

Incluso señaló que ya hay jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) con el caso Alvarado Espinoza contra México, que fue una desaparición cometida por militares en la que la Corte reiteró que la negativa o falta de investigación eficaz también puede constituir aquiescencia.

“Entonces para mí la aquiescencia estatal en este contexto de macrocriminalidad se puede argumentar como desaparición forzada porque las desapariciones no ocurren sin conocimiento y sin tolerancia del Estado”.

Agregó que mientras no se sepa qué pasó con cada uno de los casos, se les dé seguimiento y se descubra a los responsables, no se puede juzgar a priori y decir que todas las desapariciones no son de Estado,

“No se puede hacer una discriminación de casos porque están todos sin investigar, no sabemos en cuántos está inmiscuido el Estado o algunos de sus funcionarios y cuantos son simplemente por particulares”.

Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera