La madre de uno de los 43, Hilda Legideño, que también tuvo traumatismo craneoencefálico, ya fue dada de alta. El abogado informó que funcionarios del gobierno se comprometieron a investigar la responsabilidad de los policías que participaron en el desalojo. Los policías recibieron órdenes de hostigar a la Normal de Mactumatzá y de interferir en las acciones de los padres de los 43, denuncia.
Chilpancingo, Guerrero, 18 de febrero de 2020. El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó vía telefónica que el estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Juan Antonio Flores García, quien resultó con traumatismo craneoencefálico durante la agresión de los policías estatales el domingo en Chiapas, fue operado la noche del domingo y estará en observación durante 72 horas.
El estudiante aún se encontraba ayer inconsciente y su estado es crítico, de acuerdo con el reporte médico del Hospital Rojas en Tuxtla Gutiérrez, dijo el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Informó que por cuanto hace a doña Hilda Legideño Vargas, madre del estudiante Jorge Antonio Tizapa Legideño, quien también sufrió traumatismo craneoencefálico a consecuencia de que recibió un proyectil de gas lacrimógeno, fue dada de alta ayer y ya no presentaba ninguna complicación para su salud.
Además, una nieta de Hilda Legideño de 5 años, que sufrió quemaduras en manos y piernas por gas lacrimógeno, y María Martínez Zeferino, madre del normalista desaparecido Miguel Ángel Hernández Martínez, quien fue golpeada con escudos de policías, ya se encontraban bien de salud, lo mismo que dos estudiantes de la Normal Rural de Mactumatzá, se informó en Tuxtla Gutiérrez.
En la capital de Chiapas se suspendieron las actividades de la Caravana Sur de los padres de los 43 desaparecidos, así como la siguiente prevista en Oaxaca.
Entrevistado a las 8 y media de la noche de ayer cuando salía de una reunión con el secretario de Gobierno y el fiscal general del estado de Chiapas, Rosales Sierra dijo que los funcionarios asumieron el compromiso de abrir las investigaciones de la agresión que sufrieron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y Mactumatzá, Chiapas, y aplicar el castigo a los responsables.
Por su parte, entrevistado en Chilpancingo, el director Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, reprochó que se sigue con esa visión corta y miope por parte de algunas autoridades de que los estudiantes son un peligro para la nación o para la estabilidad social, “para justificar el uso de la fuerza, atemorizar, desanimar y generar una confrontación que no la están buscando los estudiantes”.
Rosales Sierra dijo que de los cuatro heridos durante el desalojo, quien se encuentra en un estado más crítico es Juan Antonio Flores García, estudiante de primer año de la Normal Rural de Ayotzinapa y originario de Plan de Guadalupe, municipio de Tlatlauquitepec, Puebla.
Añadió que por el momento no se puede determinar con certeza su situación de salud, “después de las 72 horas ya habrá certeza de su evolución”, dijo el abogado.
Explicó que el diagnóstico médico es que tiene una fractura de cráneo y que hubo infiltrado hemático en el cerebro, lo que puso en riesgo su vida.
Declaró que la operación salió bien, pero habría que confirmar después de las 72 horas cuál es el estado que presenta, y si ya no tendrá ninguna secuela o consecuencia, “ahorita su situación es incierta, no sabemos cómo vaya a avanzar, necesitamos esperar ese tiempo que puso el médico”, insistió.
Agregó que el estudiante ayer todavía permanecía inconsciente.
Mencionó que la señora Hilda Leguideño presentaba, igual, un traumatismo craneoencefálico pero menos severo.
Explicó que el problema de ella es que la lesión se combinó con una hipertensión que padece, lo que agravó su situación, pero ayer ya había sido estabilizada por los médicos y se encontraba fuera de peligro.
Juan Antonio y a doña Hilda fueron alcanzados en la cabeza por los cartuchos de gas lacrimógeno que lanzaron los policías estatales durante el desalojo la mañana del domingo, cerca de la Escuela Normal de Mactumactzá.
Sin embargo, la lesión que recibió la madre de familia fue menor porque la distancia era más larga y el impacto fue menos fuerte, a diferencia del que recibió Juan Antonio.
De los cuatro lesionados (los otros 2 son de la Normal de Chiapas y tienen heridas menos graves) el que se encuentra más delicado de salud es el estudiante de Ayotzinapa, explicó, Rosales Sierra.
Informó que tuvo información de que el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, se trasladó a Chiapas, como lo informó la mañana de ayer el gobernador Héctor Astudillo Flores y que fue a visitar a los muchachos, pero dijo que no tuvo contacto con él debido a que estuvo atendiendo una reunión con las autoridades de Chiapas.
De hecho, a las 8 y media de la noche cuando fue entrevistado Rosales Sierra, salía de esa reunión con el secretario de Gobierno y con el fiscal general del estado, con quienes trató el caso de la atención médica y los procesos legales que se van a abrir.
Explicó que los funcionarios se comprometieron a que se abrirá un proceso de investigación para deslindar la responsabilidad de los policías que participaron en el desalojo, así como aplicar la sanción correspondiente.
De acuerdo con el abogado, es claro que los policías no actuaron por cuenta propia y que recibieron órdenes de sus superiores, “había una orden de hostigar a la Normal Rural de Mactumatzá, Chiapas, y de interferir en las acciones que los padres de familia estaban llevando a cabo, eso nos queda muy claro”.
Informó que eso fue lo que se debatió la tarde-noche de ayer con los funcionarios del gobierno de Chiapas y que, incluso, ellos prácticamente no respondieron a los cuestionamientos que les hicieron, “nuestra percepción es esa, pero por ahora ya se habló con el gobierno y tienen la instrucción de realizar las investigaciones correspondientes y se deslinden las responsabilidades”.
Contestó que no sabe de qué nivel vino la orden “pero nosotros no creemos que los policías hayan actuado de manera autónoma, tuvieron instrucciones de autoridades de alto nivel”, insistió.
Por su parte, tras la agresión a la caravana de los padres de los 43 normalistas desaparecidos y a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de Mactumatzá, Chiapas, en ese estado, el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández, declaró que con actos como éste no se está contribuyendo a impulsar la exigencia de verdad y de justicia en el caso Ayotzinapa.
Entrevistado después de una conferencia de prensa de los voceros de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), el medio día de ayer, declaró que existen gobiernos como el de Chiapas que siguen viendo en las normales rurales a estudiantes “que son para ellos una amenaza al estado de derecho”.
Agregó que esa visión está contribuyendo a atizar un conflicto que por la vía institucional se está tratando de encauzar a nivel de la presidencia de la República para que se dé con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Criticó que esta postura de usar la fuerza de manera desproporcionada y desestimando el llamado de las madres y padres para que se retiraran los policías, quienes por el contrario reaccionaron arremetiendo con gases lacrimógenos y acciones de fuerza, deja en una situación de extremo peligro a las madres y padres y a los estudiantes en su lucha por verdad y justicia.
Reprochó que se sigue con esa visión corta y miope por parte de algunas autoridades de que los estudiantes son un peligro para la nación o para la estabilidad social para justificar el uso de la fuerza, atemorizar, desanimar y generar una confrontación que no la están buscando los estudiantes.
Agregó que estas acciones de violencia preocupan porque estancan el proceso que se está impulsando a nivel nacional de dar con el paradero de los estudiantes y saber la verdad.
“Esto, más bien, hace que se repliegue el movimiento, que se genere una mayor incertidumbre porque es lamentable que los gobiernos estatales no estén contribuyendo para impulsar conjuntamente esta exigencia de verdad y de justicia”, recriminó.
Barrera Hernández añadió que lo que pasó el domingo en Chiapas es algo grave, sobre todo porque había niños y nueve madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos “que eran como la mejor manera de presentarse ante el gobierno del estado para que puedan ser atendidas sus demandas, y aun así vimos ceguera y sordera en el gobernador y esto en nada está contribuyendo a allanar el camino para que se pueda consolidar el diálogo y el acercamiento de los 43 con el gobierno federal”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo El Sur
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