La “verdad histórica” se construyó con base en declaraciones bajo tortura y evidencias fabricadas o plantadas en la escena del crimen, resuelve.
Arizona, EU, 18 de febrero de 2020. En una sentencia que otorga asilo político al juez de barandilla que fue testigo de la Noche de Iguala, una Corte del estado de Arizona, Estados Unidos, concluyó que el Ejército y la Policía Federal participaron y estuvieron en los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Es mucho más plausible” que el gobierno federal sea responsable de este crimen que la Policía Municipal que no tiene influencia política ni recursos para perpetrarlo, dicta el documento con fecha de 7 de enero pasado que fue publicado por el portal de noticias de la periodista Carmen Aristegui la noche de este domingo.
La “verdad histórica” se construyó con base en declaraciones bajo tortura y evidencias fabricadas o plantadas en la escena del crimen, resuelve.
José Ulises Bernabé García era juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala la noche de 26 de septiembre. Alega que los 43 estudiantes nunca fueron llevados a la base que fue visitada por miembros del Ejército mexicano, además de la policía y oficiales del Estado mexicano.
La sentencia precisa que después de que la policía de Iguala fue acusada de desaparecer a los normalistas, Bernabé García decidió hablar con la periodista Anabel Hernández en octubre de 2014 y febrero de 2015, a quien le dijo que “los estudiantes nunca fueron arrestados por la policía de Iguala o fueron llevados a la estación de policía, en cambio, fue el Ejército mexicano quien tenía custodia de los estudiantes”.
Tras su declaración, el solicitante de asilo de 35 años huyó de México en abril de 2015 argumentando que tiene miedo porque fue amenazado por el Ejército y cree que puede ser detenido y torturado, además de que tiene una notificación roja de la Interpol México por los delitos de asociación ilícita para delinquir y secuestro.
Su testimonio que rectificó en su juicio fue tomado como “creíble” por la juez Molly S. Frazer, de la Corte Migratoria ubicada en la ciudad de Florence, Arizona, quien le otorgó asilo porque el solicitante “está siendo atacado por el gobierno mexicano debido a su opinión política como denunciante por la participación del gobierno de México en las desapariciones de los estudiantes”.
En su resumen sobre la “verdad histórica” que promovió la entonces Procuraduría General de la República (PGR ahora FGR), la sentencia estadunidense de 24 páginas destaca que las autoridades señalaron que los 43 estudiantes fueron arrestados por la policía de Iguala después de tomar autobuses y luego quemados por los Guerreros Unidos, hechos que ocurrieron, “sin el conocimiento o participación del gobierno mexicano, el estado de Guerrero y miembros del Ejército mexicano”.
Con base en 61 pruebas, entre las que se encuentran la declaración de Bernabé García y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “la Corte concuerda con la conclusión de la testigo experta, Sra. (Anabel) Hernández que la verdad histórica oficial creada por el gobierno mexicano ha sido invalidada, que numerosos testigos fueron torturados por el gobierno mexicano, y que piezas de evidencia fueron fabricadas o plantadas en la escena del crimen por el gobierno mexicano con el fin de sostener la falsa verdad histórica”.
Coincide con Bernabé García y Anabel Hernández que “el Ejército mexicano y la Policía Federal mexicana participaron, habían estado presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes”.
La Corte “desafía la creencia de que un departamento de Policía Municipal tendría la influencia política y los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal de México y la Policía Federal fueran responsables de este horrible incidente”.
Detalla que Anabel Hernández señaló que un miembro de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) visitó las instalaciones de la policía de Iguala, y no encontró evidencia de que los estudiantes estuvieran ahí.
Asimismo, la periodista demostró que el policía municipal Honorio Atunez Osorio afirmó que fue torturado para firmar una declaración, desconocida por él, en la que proveía de una lista de coludidos con el crimen organizado, entre ellos, Ulises Bernabé García.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: El Sur-Archivo
