Habitantes del estado van a a frontera norte ante las extorsiones, secuestros y robos en busca de que el gobierno estadunidense les otorgue asilo político. Asociaciones civiles de la frontera, además del Consejo Estatal de Población del Estado de Chihuahua (Coespo) reportan que en Ciudad Juárez hay unos 400 paisanos estancados, esperando su turno, porque el gobierno de Trump estableció más restricciones.
Acapulco, Guerrero, 12 d octubre de 2019. Incluso con la disminución de la violencia en el último año, los guerrerenses huyen hacia la frontera norte ante las extorsiones, secuestros y robos, con la esperanza de que las autoridades estadunidenses les otorguen asilo político.
Asociaciones civiles de Baja California y Tamaulipas, además del Consejo Estatal de Población del Estado de Chihuahua (Coespo), coincidieron en entrevista por separado con El Sur vía telefónica, que el gobierno de Donald Trump ha establecido más restricciones a los solicitantes, por su retórica antinmigrante y el aumento de centroamericanos que también escapan de la violencia.
Los guerrerenses son de familias provenientes de municipios como Acapulco, Zihuatanejo y Coyuca de Catalán, que buscan cruzar la frontera por Tijuana, Matamoros o Ciudad Juárez. En esta última ciudad, unos 400 guerrerenses están varados en los puentes internacionales, esperando su turno.
Hacen fila varios días y a veces tardan hasta un mes, mientras esperan a que les den cita, lo que no garantiza una respuesta positiva. Tienen que demostrar el “miedo creíble” ante un juez, certificar que su vida corre peligro, con evidencias como denuncias ante ministerios públicos, que no traen en la mayoría de las ocasiones.
Las personas consultadas requirieron el involucramiento del gobierno de Guerrero, para atender las causas del desplazamiento forzado interno en el estado y asistir a los ciudadanos que están en la frontera norte de México, esperando cruzar hacia el país vecino, porque en los puentes internacionales sufren frío y hambre; mientras que otros son acogidos en refugios, que no tienen los recursos suficientes para el número de migrantes que llegan.
La situación de los guerrerenses en los puentes internacionales fue informada por el encargado del programa de atención a migrantes del Coespo, Dirvin García Gutiérrez.
El funcionario estatal tiene un año y medio en el puesto, cuando en el mismo periodo aumentó la migración hacia el país del norte, indicó. Primero llegaron personas del Caribe y África; luego del sur del país, principalmente Michoacán y Guerrero, precisó.
Señaló que antes de este aumento en el número de migrantes, era más fácil solicitar asilo. Sin embargo, con este nuevo fenómeno y la política antinmigrante del presidente Donald Trump, que anunció desde su campaña, se elevaron las restricciones, por lo que se vive un “cuello de botella”.
Esto quiere decir que deben esperar de uno a seis días en los tres puentes internacionales que existen en Ciudad Juárez, Santa Fe, Córdova-Américas y Zaragoza. Además, viven en plena “situación de calle”, lamentó García Gutiérrez, e indicó que en Texas sólo el 2 por ciento de los solicitantes obtienen asilo.
Ante esta situación, el gobierno de Chihuahua creó una red de refugios para los migrantes, pero muchos deciden no moverse, por temor a perder su turno, explicó.
Otra decisión que tomó el gobierno estatal fue realizar un sondeo entre los connacionales, que son entrevistados de manera voluntaria para conocer su perfil demográfico. De julio al 15 de septiembre tuvieron mil 948 registros de mexicanos que buscan asilo en Estados Unidos, de los cuales, mil 649 señalaron que la inseguridad fue la principal causa por la que salieron de sus lugares de origen.
De forma explícita señalaron que “huyen por situaciones de violencia, crimen organizado, robo, secuestro y pandilla”, informó García Gutiérrez.
Guerrero es el tercer estado con más registros, al alcanzar los 365, de los cuales 214 son hombres y 151 mujeres. Son familias y comunidades enteras de Acapulco, Marquelia, Zihuatanejo y Coyuca de Catalán. En primer lugar está Zacatecas, con 875 registros, y luego Michoacán, con 489.
El entrevistado aclaró que esta cifra es independiente a los 2 mil connacionales que están durmiendo actualmente en los puentes internacionales, esperando su turno.
García Gutiérrez hizo un exhorto al gobierno de Guerrero, para que atienda a sus habitantes, porque los recursos del gobierno de Chihuahua son limitados.
En Matamoros, Tamaulipas, la presidenta de la asociación civil Ayudándoles a Triunfar, Edith Cañas Aguilar, que ayuda a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, dándoles alojamiento en su refugio.
Señaló que en esta ciudad fronteriza hay dos puentes internacionales, conocidos como el Nuevo y Viejo, en este último se encuentran actualmente unos 30 guerrerenses, de Acapulco y Cuajinicuilapa. Mencionó que ha registrado indígenas del estado, pero no precisó sus municipios de origen.
Especificó que la mayoría de los connacionales que buscan asilo vienen de Chiapas, y también de Zacatecas y Guanajuato.
Contó que los guerrerenses llegan en familias de cuatro o cinco integrantes. Argumentan que huyeron del estado por la delincuencia organizada, porque les asesinan a un familiar y sufren persecuciones; también mencionan ser víctimas de secuestro o que los “sacan de sus casas.”
Muchos venden sus cosas, sus terrenos, “sus bienes materiales, para venir aquí. Otros salen con lo que tienen”, indicó Cañas Aguilar. Esperan en promedio de 15 días a un mes, para su entrevista ante un juez, a quien le tienen que argumentar el “miedo creíble”, tecnicismo utilizado por las autoridades para explicar el riesgo de vida que supuestamente tienen los solicitantes.
Les piden pruebas como fotos o denuncias ante ministerios públicos, pero la mayoría de las veces no llevan más que su propio testimonio.
Cañas Aguilar también indicó que hay más restricciones, porque antes los mexicanos no tenían que hacer filas como los extranjeros para solicitar asilo, pero mencionó que sí ve a más mexicanos pidiendo con la misma demanda, posiblemente por la información que circula en redes sociales.
Además de pedir que el gobierno estatal aplique políticas para que sus habitantes no salgan de sus lugares de origen, también pidió ayuda, porque el refugio que nació en 2011 y lidera de tiempo completo desde hace un año y medio, batalla con alimentos, ropa y servicios públicos, “es una situación desesperada”, exclamó. Aclaró que recibe apoyo de organizaciones norteamericanas, pero no son suficientes.
El presidente del albergue Juventud 2000, José García Lara, ubicado en Tijuana, Baja California, señaló que los migrantes centroamericanos huyen de la violencia, al igual que los mexicanos.
Dijo que de 2016 a la fecha han llegado grupos de Guerrero y Michoacán, la mayoría dicen que vienen por la inseguridad, que son desplazados de sus comunidades, por lo que este fenómeno migratorio no empezó hace unos meses como algunos piensan, aseveró.
El refugio, que fundó desde 1993 pero retomó en 2011, acoge actualmente a 15 guerrerenses, aunque en promedio aloja a 30 por mes, porque una familia llega cada tres o cuatro días. Son madres que llegan con sus hijos y “a veces con el esposo”.
Explicó que casi todos los solicitantes de asilo llegan directamente al puente internacional El Chaparral, de Tijuana, pero ahora esperan hasta un mes para entrar a las salas para su entrevista, por las restricciones aplicadas por el gobierno estadounidense, con una política explícita antinmigrante, y la llegada de centroamericanos y haitianos, indicó.
Es el Instituto Nacional de Migración (INM) que los canaliza a los 17 albergues de Tijuana, agregó. García Lara señaló que una parte de los rechazados se quedan en la ciudad fronteriza y otros regresan a su lugar de origen.
Indicó que muchas organizaciones los apoyan, pero ahora no tienen suficientes recursos, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cortó los fondos, lamentó.
Expresó esperanza en que las nuevas administraciones, estatales y municipales de Baja California, continúen con políticas de atención a migrantes de gobiernos anteriores, como ayudarlos a que regresen a sus lugares de origen.
Señaló que el gobierno de Guerrero debería de apoyar esta medida, además de resolver las causas del desplazamiento, porque los gobernadores y presidentes municipales tienen “la responsabilidad de proteger a su gente, para que no estén saliendo con ese tipo de problemas. Antes salían a buscar oportunidades, ahora salen por la inseguridad”.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
