16 junio,2020 10:00 am

Sin avances, las medidas contra la violencia de género decretadas en 2017, dice promovente

Señala Marina Reyna Aguilar inacción de los tres poderes, la Fiscalía y los nueve municipios donde se decretó la alerta. Reprocha que la protección de los derechos de las mujeres no sea prioridad del presidente López Obrador

Chilpancingo, Guerrero, 16 de junio de 2020. A siete días de que se cumplan tres años de la Alerta de Violencia Feminicida en Guerrero, la promovente Marina Reyna Aguilar señaló que no hay avances concretos en las 21 medidas señaladas en la declaratoria de 2017, dirigidas a los tres poderes y a la Fiscalía General del Estado.

Denunció que tampoco hay un seguimiento precisó de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para el cumplimiento de las medidas, pues el Grupo Interinstitucionales y Multidisciplinario de la Alerta sólo se ha sido reunido cuatro veces para evaluar las acciones que informa el estado de manera aislada y parcial.

En consulta telefónica, añadió que las medidas deben ser atendidas además por los nueve municipios alertados. Por eso razón, cuando notaron que los ayuntamientos como primeros respondientes en los incidentes de violencia no asumían una responsabilidad en el mecanismo, el movimiento feminista insistió en la Conavim para que comunicara formalmente las medidas a los alcaldes que recién habían asumido el cargo, que ocurrió a finales de 2018.

Recordó que también vino un nuevo gobierno federal y la Conavim no dio seguimiento a los gobiernos municipales, además  “vemos que los temas de las mujeres no son prioridad”  del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aclaró que en todos los estados es lento el seguimiento a las Alertas, “y con la pandemia pues la violencia contra mujeres y la niñas se ha acrecentado y también debíamos hacer funcionar estos mecanismos para adaptarlos a las nuevas circunstancias, y no sucede”.

En Guerrero, Reyna Aguilar advirtió que falta el diagnóstico sobre todos los tipos y modalidades de violencia por estado y municipios, que el gobierno del estado encargó a la UNAM.

Explicó que este será una base del Programa para la atención de la Alerta. Precisó que antes, después de la declaratoria, el estado presentó un programa que fue aceptado con reservas y observaciones por la Conavim, pero a la fecha no se conoce una nueva versión.

Insistió en que, para el cumplimiento de las medidas de la Alerta, es necesario que funcionen los sistemas municipales, regionales y estatal para Atender, Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia de Género hacia las mujeres, a fin de  articular las acciones de la entidades de diferentes gobierno

Informó que desde 2017, han documentado más 600 muertes dolosas de mujeres con presunción de feminicidio en 62 municipios, no hay seguimiento de la violencia feminicida en los municipios donde ocurrieron asesinatos de mujeres, ni acciones de prevención donde no han ocurrido.

“Me parece que sí es grave la situación, ya son tres años con la declaratoria de la alerta y llegó una segunda por agravio comparado, derivado de la incumplimiento de la sexta recomendación de AVG de 2017”.

Aclaró que excepto Acapulco, ningún Sistema Municipal está sesionando, a pesar de que están obligados a cumplir la Ley, asimismo el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar la violencia, alineado al Programa Estatal de Desarrollo del estado de gobierno estatal (igualdad de género y no violencia) , y a atender las  21 medidas y más de 36 acciones del programa de la AVG que el ejecutivo entregó a Conavim.

Pide diputada a las autoridades atender denuncias de mujeres de la Montaña

La presidenta de la Comisión de Igualad de Género en el Congreso local, Erika Valencia Cardona, pidió a los ayuntamientos, a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia priorizar en la pandemia las denuncias y llamados de auxilio de las mujeres, para que no sigan ocurriendo desapariciones o feminicidios.

Valencia Cardona, de Morena, fue consultada vía telefónica sobre la desaparición de una mujer en Cochoapa El Grande, quien no recibió medidas de protección después del asesinato de su esposo y tras de que sus suegros la golpearon y la responsabilizaron del crimen y le quitaron a sus hijos, no obstante que presentó denuncia en el Ministerio Público por el homicidio, violencia familiar y sustracción de menores.

Así como la violencia intrafamiliar contra una mujer de Cualac, y la intervención de la síndica y un funcionario del DIF municipal para quitarle su hijo.

Indicó que se pondrá en comunicación con los ayuntamientos señalados en las denuncias que se publicaron ayer en estas páginas.

Consideró que el caso de Cualac debe ser resuelto por un MP o un juzgado de lo familiar, garantizando los derechos de la mamá y del niño. Por otro lado, dijo que espera tener noticias hoy de Cochoapa.

Advirtió que debe haber muchos más casos de violencias contra la mujer, por ello convocó a las autoridades municipales y de  la Fiscalía General del Estado (FGE), a dar prioridad a las denuncias antes de que ocurran un feminicidio.

Por otro lado, informó que el 25 de mayo, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen de exhorto para el  Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura del estado, que en abril ella llevó al pleno como asunto urgente, tras el asesinato de una mujer por su esposo en Huitzuco.

Sin embargo, señaló que el acuerdo está detenido en la Junta de Coordinación Política  además de que el Consejo de la Judicatura amplió la suspensión de labores de los juzgados y unidades administrativas del poder judicial al 30 de junio.

Aclaró que pese a que el Consejo de la Judicatura estableció mantener algunos servicios abiertos de guardia, en los hechos,  el sistema judicial está parado, no se atienden las demandas de pensiones ni se otorgan medidas de restricción, sobre todo en la Montaña.

Cuestionó también que la Jucopo tiene varios temas pendientes por  desahogar, como la reforma de la Ley 153 de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que se aprobó por su comisión.

Finalmente, convocó a la secretaria de la Mujer, Maira Martínez Pineda, a que esté pendiente de los asuntos señalados, “ella también podía intervenir como parte del gobierno estatal, creo que aquí debemos entrarle todos”.

Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero-Archivo

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