Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2024.- Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), lo que veremos en adelante es un fuerte retroceso en transparencia, y esa es la intención, como ya se había comenzado a hacer en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lamenta Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de la organización internacional Artículo 19.
Lo que se busca, añade el maestro en derechos humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana, es controlar la información pública y evitar que se revelen o se sigan revelando casos de corrupción.
Maldonado analiza, en entrevista con El Sur, las consecuencias de la inminente eliminación del Inai, que será absorbida por la Secretaría de la Función Pública, la cual, a su vez, se transformará en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, según adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.
–¿Cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo de la desaparición del Inai? –se le pregunta.
–Más allá del membrete, del nombre y del Inai en sí, lo que estamos defendiendo desde Artículo 19, junto con otras organizaciones, es la función de garantía del acceso a la información, que se ha materializado en una institución muy compleja, con una especialización muy profunda en el tema, además de la protección de datos como parte de sus facultades.
El Inai, agrega Maldonado, “ha sido resultado de una lucha de décadas y se ha venido construyendo en los últimos 20 años. Independientemente de cómo se llame, esta reforma constitucional que apela a una supuesta simplificación administrativa no garantiza o no construye una institución que garantice el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales”.
Lo que se está haciendo, explica, “es atomizar” las funciones del Inai entre los diferentes poderes públicos tradicionales: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y entre los tres niveles de gobierno, como ayuntamientos, gobiernos estatales, poderes locales, “y los pocos organismos autónomos que quedarán.
“Cada uno va a tener la facultad de ser juez y parte en las solicitudes de información, es decir, si yo le pido información específica a una dependencia dentro de uno de esos poderes y me la niega, habrá otro organismo dentro de ese poder –creados a discreción de cada uno de ellos–, que confirmará o revocará esa negativa de información”.
La Constitución ya no establecerá, enfatiza, un mecanismo definido, “como sí lo establecía con el Inai. Que ese organismo dentro del mismo poder confirme o revoque la información, es un absurdo. Y no tiene viabilidad en un país donde sabemos que durante décadas ha imperado la cultura de la opacidad y la cultura del engaño”.
Derecho a la información, transparencia y democracia
Para Maldonado, la desaparición del Inai es “un golpe muy fuerte al derecho a la información y, por lo tanto, también a la democracia, siendo el derecho a la información la piedra angular de cualquier sociedad que aspire a ser democrática”.
–¿Qué pasará con las gigantes bases de datos?
–En cuanto a los miles de millones de datos que obran ahí en la Plataforma Nacional de Transparencia, tampoco sabemos qué va a pasar, porque tampoco la reforma constitucional –ni en el texto de la reforma, ni en los transitorios– establece las bases mínimas de esa transición. No puede pasar todo al Ejecutivo, porque no todos esos datos corresponden a las obligaciones de transparencia de la administración pública central, del Poder Ejecutivo.
La situación es complicada, advierte el abogado. “Se va a generar un galimatías, un desorden, que se tiene que atender desde ya, porque, además de todo, la reforma establece solamente 90 días naturales para hacer las adecuaciones en la legislación secundaria y para hacer todo este traslado de información y para liquidar al Inai y los organismos locales. Es un despropósito por todos lados”.
–Varias de las personas que hoy están en el poder son las que en su momento exigieron, con la creación del entonces IFAI, el derecho a la información, la protección de datos.
–Es muy complejo y sobre todo contradictorio. Muchas, incluyendo a quienes pertenecieron en su momento al prestigiado Grupo San Ángel –que fue este colectivo de personas académicas, activistas, especialistas–, empujaron la Ley de Transparencia en el 2002 y luego todas las reformas constitucionales. Esas personas, que ahora son gobierno, muestran su verdadera cara. En realidad, no interesaba la transparencia sino tener una herramienta de golpeteo político para poder acceder al poder.
Es completamente legítimo, dice Maldonado, “que las oposiciones –no son las únicas, pero son, digamos, parte del juego político– utilicen los mecanismos de transparencia para exhibir al gobierno en turno. Pero pareciera que como ellos –los que ahora son gobierno– tienen el monopolio de la verdad y de la bondad, entonces es totalmente ilegítimo exigir transparencia desde otros espacios sociales, dígase oposición o dígase el periodismo o activismo, o por el simple interés de un ciudadano que tiene derecho a acceder esa información.
“Es una enorme contradicción y exhibe de cuerpo entero a estas personas que no tenían un verdadero compromiso con la democracia y el derecho de a la información”.
Más opacidad con AMLO que con Peña Nieto
A pesar de que se le considera una de las más opacas del gabinete presidencial, la Secretaría de la Función Pública asumirá parte de las funciones del Inai y pasará a ser la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
–¿El gobierno federal y los estatales serán juez y parte? –se le pregunta a Maldonado.
–Hay dos elementos a tomar en cuenta con esta propuesta que hace la presidenta Sheinbaum. Uno es que, efectivamente, la Función Pública en el sexenio pasado fue de los sujetos obligados más opacos. De por sí, como parte de un gobierno que fue sumamente opaco. En general, toda la administración pública centralizada registró un aumento de impugnaciones de 92 por ciento respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto a solicitudes de información se refiere. Es decir, hay casi el doble de impugnaciones en el caso del gobierno de López Obrador respecto al gobierno de Peña Nieto por la insatisfactoria provisión de información.
El segundo punto, continúa el director de Artículo 19 en México, es “un elemento jurídico básico que tiene que ver con que la única titular de Poder Ejecutivo es la presidenta de la República, que delega funciones en las secretarías de Estado, a quienes puede elegir y remover libremente, de acuerdo con el Artículo 89 constitucional. El poder lo tiene ella. ¿Qué va a pasar cuando la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tenga que revisar negativas de información provenientes de la Oficina de la Presidencia? ¿Va a controvertir y a contradecir a su jefa? Eso es un absurdo y eso es ilógico. Por eso se piensa en organismos autónomos, independientes”.
Pero, además, añade, “hay un tercer elemento que me faltaría decir, que es la especialización. Hoy el Inai tiene una serie de funciones que no es solamente revisar los miles y miles de recursos de revisión, resolver esos recursos. Tiene que gestionar la Plataforma Nacional de Transparencia, gestionar el Sistema Nacional de Transparencia. Tiene que cumplir con una serie de funciones que le marca la ley.
“Eso no lo puede hacer una secretaría de Estado. Menos una dirección general o una subsecretaría dentro de una secretaría de Estado que está creada para otra cosa. Se supone que es para combatir la corrupción, pero compactar toda la función del Inai y meterla en una secretaría de Estado también violenta el principio de especialidad que se requiere en este tipo de organismos autónomos”.
No veremos avances en materia de transparencia
Maldonado resalta que México ratificó el Acuerdo de Escazú en materia ambiental, que tiene un capitulado muy importante a nivel interamericano de acceso a la información. “Y se compromete a la creación de organismos autónomos, independientes y especializados en materia de acceso a la información. ¿Qué va a pasar con ese compromiso internacional?”, cuestiona.
–¿Cómo va a operar este nuevo organismo anticorrupción? Porque, en un inicio, el IFAI supuso un logro en acceso a la información, pero con el tiempo las instituciones llegaron a entregar información totalmente testada.
—Desafortunadamente, sí. La historia del sistema de transparencia en sus diferentes versiones, por decirlo así, ha ido decepcionando, porque han ido encontrando las mañas, las maneras de darle vuelta: la reserva por seguridad nacional, la declaración de inexistencia, por ejemplo. Esto refuerza el argumento a favor de un organismo autónomo porque, precisamente, son esos sujetos obligados los que ahora se van a revisar a sí mismos.
La conclusión de Maldonado no es optimista: “No prevemos que esto vaya a avanzar en materia de transparencia. No va a haber avances. Lo que vamos a ver es un fuerte retroceso en transparencia y creemos que esa es la intención, como ya de por sí lo comenzó a hacer el gobierno de López Obrador. Entonces, en realidad lo que se busca es controlar la información pública y evitar que se revelen o se sigan revelando casos de corrupción”.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Cuartoscuro
