Margarita Warnholtz
Vergüenza debería de darnos como país el informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, sobre México. No fue gratis que, a pesar de que desde principios del sexenio diversos líderes indígenas solicitaron la presencia de Tauli en nuestro país, fue hasta finales del año pasado que el gobierno accedió a invitarla (recordemos que por ser representante oficial de la ONU el protocolo exige que debe ser un Estado el que solicite su visita). De esa manera, el informe se presentaría ya que fueran de salida y le tocaría al siguiente gobierno responder a las Naciones Unidas e intentar componer las cosas.
Enrique Peña Nieto se va dejando a los pueblos indígenas en la miseria, despojados muchos de su territorio, sin servicios adecuados de salud y educación, discriminados y en medio de la violencia, perpetrada tanto por el crimen organizado como por las propias fuerzas del Estado. Tauli-Corpuz afirma que no ha habido avances desde la visita previa de su antecesor (Rodolfo Stavenhagen) en 2003 “a pesar de los compromisos contraídos posteriormente por México en materia de derechos humanos”. Después de tantas mentiras que dijeron durante seis años en la ONU el propio Peña Nieto y la ex directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga, la situación real de los indígenas de nuestro país queda evidenciada ante el mundo en Naciones Unidas.
El informe se refiere a la pobreza extrema en que se encuentran los pueblos indígenas y a la falta de servicios básicos en sus comunidades, a la persecución de líderes defensores de recursos naturales o que se oponen a megaproyectos que afectan sus territorios (algunos asesinados), a las víctimas de desplazamiento forzoso, a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos (recordemos que muchos de ellos son indígenas), al despojo de que están siendo objeto los pueblos en cuestión, a los proyectos y megaproyectos que se están desarrollando sin el consentimiento de los pueblos y sin haberse realizado una consulta previa, libre e informada, y la lista continúa y es enorme.
Menciono aquí sólo algunos comentarios que reflejan lo mal que estamos (recomiendo leer el documento completo que se encuentra aquí: https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/2018-mexico-a-hrc-39-17-add2-sp.pdf). “Las estadísticas nacionales utilizan distintos criterios para determinar la población indígena, lo que ha afectado la elaboración de políticas y programas pertinentes…”. “El régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias que establece, no responde a las necesidades de los pueblos indígenas y no se ajusta a las actuales obligaciones internacionales de México…”. “La reforma energética constitucional de 2013 ha generado la preocupación de que el Estado obligue a comunidades indígenas a rentar o vender sus tierras a las empresas, imponga servidumbres legales para facilitar proyectos de hidrocarburos o energéticos, y también de que aumente el riesgo de despojos, enfrentamientos y desplazamientos forzados ante el creciente interés en los recursos naturales en territorios indígenas, muchos de los cuales no han sido reconocidos legalmente”. En síntesis, las autoridades mexicanas no saben ni contar a su población, el gobierno se compromete internacionalmente a respetar los derechos indígenas pero muchas leyes son contrarias a los mismos.
Tauli-Corpuz afirma también que existen “problemas generalizados de acceso a la justicia (que) afectan a los pueblos indígenas. De acuerdo con las autoridades mexicanas, la impunidad en el país es casi absoluta. Se señaló reiteradamente el uso indebido del derecho penal contra indígenas que defienden los derechos de sus pueblos”. Esto es tan sabido e inocultable que las mismas autoridades lo reconocen.
Continúa: “En Guerrero, Chiapas y Chihuahua siguen ocurriendo desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios para sus actividades. Ante esta situación, la principal respuesta estatal ha sido una mayor presencia militar, que no ha disminuido la violencia”. En este sentido, menciona a la Policía Comunitaria de Guerrero: “Frente a la inseguridad y desprotección, organizaciones indígenas han desarrollado varias iniciativas. Desde 1995, la Policía Comunitaria en Guerrero ha realizado tareas de seguridad, justicia y reinserción conforme a usos y costumbres indígenas, lo que ha reducido la violencia e impunidad”. Aclara que parece que actualmente hay iniciativas para desconocerla y que hay muchos casos de persecución penal contra sus integrantes. No se equivocó, acaban de desaparecer las policías comunitarias de la Constitución guerrerense.
Tauli-Corpuz menciona como casos positivos los de Cherán, Michoacán y Ayutla de los Libres, Guerrero, donde las autoridades han reconocido el derecho a elegir autoridades por sistema normativo propio. ¡Algo bueno tenía que encontrar! Aunque evitó decir que esto fue producto de las luchas de los respectivos pueblos.
Termina el informe con 41 recomendaciones sobre los distintos temas que abordó, recomendaciones que deberá tener en cuenta el próximo gobierno. Si bien los puntos tocados en el informe no son desconocidos por Andrés Manuel López Obrador y Adelfo Regino (futuro director del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) los conoce perfectamente, el informe les servirá de referencia y de apoyo para muchos de los cambios que han anunciado. Y podrán basarse en el mismo, por ejemplo, para decidir si continúan o no con las zonas económicas especiales (por cierto mencionadas también en el informe de la relatora), para llevar a cabo la consulta previa, libre e informada con el pueblo maya antes de iniciar la construcción del tren ya anunciado para la península de Yucatán, para consultar adecuada y prioritariamente a los pueblos indígenas afectados sobre la construcción del aeropuerto, y para tomar muchas otras decisiones.
