Esos hechos no han recibido la atención institucional, denuncia la abogada Neil Arias Vitinio. Subraya que a diez años de las sentencias de la Coidh por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, el Estado no ha brindado espacios dignos y con suficiente personal femenino para la atención de una mujer indígena violentada
Chilpancingo, Guerrero, 18 de febrero de 2022. Embarazos por violaciones como el caso de la niña me’phaa, presentado en Chilpancingo, son recurrentes en la región Montaña, pero sin atención institucional, denunció la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio.
En consulta telefónica, advirtió que a casi diez años de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) para los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, donde se logró una sentencia por violación de la que fueron responsables militares, el Estado no ha brindado espacios dignos y con suficiente personal femenino, para la atención de una mujer indígena violentada.
Informó de algunos casos de violación a niñas en dos años que van de la pandemia, y lo común es que “no hay servicio, ni atención exhaustiva a las víctimas; hay protocolos de atención, pero en la vía de los hechos servidores públicos siguen siendo insensibles, indolentes, sin perspectiva de género, les falta de pertinencia cultural”.
Tras conocer la denuncia contra el hospital general Raymundo Abarca Alarcón, donde negaron la interrupción del embarazo a una niña de nueve años, y que finalmente fue atendida en otro nosocomio, según un boletín de la Secretaría de Salud Guerrero, Arias Vitinio confirmó que las niñas y adolescentes indígenas son vulnerables a los abusos sexuales.
Como referencia, indicó que el año pasado Tlachinollan envió un oficio al ayuntamiento y al DIF de Malinaltepec sobre dos hermanas que fueron agredidas sexualmente, una de ellas de 12 años y con discapacidad.
“Nos preocupaba la situación, porque el agresor es un vecino, una de ellas, la que tiene retraso, estaba embarazada. El ayuntamiento no le dio seguimiento, porque dijo que citó a las partes, la que debía estar interesada no acudió”.
Confió que personal del Centro de Salud de la comunidad dio aviso a la asociación civil de lo que ocurría en el pueblo, pero no querían notificarlo al Ministerio Público “para no tener represiones de la población”.
Por otro lado, indicó que otra niña de 12 años en Cochoapa el Grande, fue agredida por su cuñado, el esposo de su hermana. “Cuando se fueron a los campos de Sinaloa, cursaba el cuarto mes de embarazo”, a través de Católicas por el Derecho a Decidir, pudo interrumpir el embarazo en la Ciudad de México.
También en 2020, hubo una denuncia por violación a una niña contra una autoridad de su comunidad, en el Ministerio Público de Tlapa, dijo.
La niña también tenía un embarazo avanzado producto de una violación, sin embargo, denunció que el Ministerio Público ponderó la denuncia, no la atención a la niña y su familia, para decirles las opciones que tienen en estos casos.
“Las dejan en estado de indefensión, lo que hace la familia, sin alternativas, es regresar a su comunidad”.
Explicó que las niñas abusadas generalmente son amenazadas por el agresor con que van a matar a sus papás o a sus hermanos si dicen algo: “son elementos muy importantes para ellas, y no quieren que les hagan daño; cuando la familia se da cuenta de que están embarazadas es porque se nota”.
Asimismo, indicó que hace como dos años, una muchacha solicitó interrumpir un embarazo por violación en el hospital general de Tlapa, sin garantías del procedimiento.
La iba a atender un médico general, cuando debe un ginecólogo, que no tenían. Tampoco cuentan con servicio de ultrasonido, que debía realizarse a cuenta de la víctima en un negocio particular.
Aseguró que hay órdenes de aprehensión por violación en agravio de niñas y adolescentes desde 2020 que no se han ejecutado.
“Nosotros hemos constatado de manera directa la insensibilidad, trato discriminatorio en hospitales, en el Ministerio Público, donde dudan de la palabra de una niña, de una víctima, comienzan por rechazar el trámite”.
A la fecha desconoce si hay estrategias de SSA para la región porque ni siquiera hay anticonceptivos en la Jurisdicción Sanitaria.
Además que la sexualidad y los abusos sexuales son tabú en las comunidades originarias, señaló que la religión es muy fuerte y prohibe el aborto sin importar las circunstancias, aún el contextos de violencia y la vida precaria.
Recordó que lo único que ha escuchado en este gobierno, es que impulsarán acciones para evitar los matrimonios forzados y uniones tempranas, porque sí es común ver en varios pueblos “a una niña pequeña que ya tiene hijo”.
Insistió que la atención de las niñas y adolescente, está relacionado con otros derechos como la educación, y muchas escuelas siguen cerradas, sobre todo en las comunidades más alejadas, justificado por la pandemia
“¿Qué pasa con las instituciones?, van casi diez años de la sentencia de la Coidh para Inés y Valentina, donde dice que, cuando se trate de violación a mujer indígena la atención debe ser espacios dignos, con suficiente personal femenino.
“Está en deuda el Estado con las mujeres indígenas, que no tienen acceso a servicios, atención exhaustiva en el tema de víctimas de violación. En el hospital general de Tlapa, no hay intérpretes para tener comunicación fluida, estamos realmente ante una ausencia de voluntades y deberes”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Tomada de Internet
