Esos hechos no han recibido la atención institucional, denuncia la abogada Neil Arias Vitinio. Subraya que a diez años de las sentencias de la Coidh por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, el Estado no ha brindado espacios dignos y con suficiente personal femenino para la atención de una mujer indígena violentada