Ciudad de México, a 13 de agosto de 2026.- Tres meses antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Guerrero pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, detener al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pero no lo hizo, denunció el exgobernador Ángel Aguirre.
En la audiencia en la que la madrugada de ayer fue vinculado a proceso acusado de desaparición forzada, Aguirre afirmó que si la antecesora de la Fiscalía General de la República (FGR) hubiese atendido su solicitud, no hubiera ocurrido la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Al tomar la palabra, le dijo a Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, que la petición para proceder contra Abarca primero se hizo al delegado de la PGR en Guerrero y luego personalmente la planteó a Murillo Karam, pero no hubo interés.
“Le ruego revise cómo el gobierno del estado planteó dos o tres meses antes al delegado de la PGR detener a José Luis Abarca, si eso hubiese sucedido, no hubiera ocurrido lo de Iguala”, dijo Aguirre, vestido con pants gris oscuro y sentado en silla de ruedas.
“Después le pedí personalmente a Jesús Murillo Karam que actuara y detuviera a Abarca para evitar el trámite del desafuero a nivel local; Murillo Karam me dijo en ese entonces que se iba a operar de la garganta y que se lo iba a pedir a Mariana Benítez Treviño (entonces subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales y ahora diputada federal de Morena). Plantee que se detuvieran o investigaran a otros presidentes municipales. Nunca en mi vida he tenido un vínculo con un grupo de la delincuencia organizada, tengo la conciencia tranquila. Jamás me he sentado con un miembro de la delincuencia organizada ni he recibido un peso de la delincuencia organizada. El día que me lo acrediten, como se trata de insinuar, que proceda el juez a castigarme”.
En su intervención, defendió la actuación de las autoridades estatales en el caso Ayotzinapa, antes de que la PGR atrajera la indagatoria, ya que su administración incluso evitó que la tragedia fuera más grande, al rescatar a decenas de víctimas.
“Aunque se quiera decir que fuimos omisos, no lo fuimos, nosotros detuvimos a los agentes de la Policía Municipal de Iguala y, aunque se niegue, nosotros rescatamos a más de 60 jóvenes que bien pudieron seguir la misma suerte que los 43 normalistas”, sostuvo.
Antes de tomar la palabra, padres y madres de los 43 normalistas intervinieron en la diligencia y le pidieron a Aguirre que les informara dónde estaban sus hijos, ya que lo acusaron de ser uno de los responsables de la tragedia.
La respuesta del exmandatario fue que, si tuviera esa información, ya se las habría comunicado.
“Yo entiendo el dolor de los padres de Ayotzinapa, sé lo que es perder un hijo porque mi hijo murió de un aneurisma hace seis años. Si yo supiera dónde están sus hijos, lo dijera, tengan la absoluta certeza, sería un desalmado si no aportara la información. Al contrario, estos 12 años han sido cargar una losa para mí y toda mi familia”, expresó.
“Yo escucho la condena de las madres, las entiendo perfectamente, sé del dolor, quisiera decirles dónde están sus hijos, pero no tengo esa información. Ojalá Dios quiera que se encuentre algo allí (en las funerarias) a través del nuevo Fiscal Mauricio Pazarán”.
“Es una delincuente”, dice el ex gobernador
También se refirió a la magistrada Lambertina Galeana Marín, ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora general de la misma institución, quienes declaran en su contra.
De hecho, dijo que esta última es una “delincuente” que debiera ser investigada por sus probables vínculos con “El Patrón”, un hombre que supuestamente ordenó entregar a los 43 normalistas al grupo criminal “Guerreros Unidos”, pero su identidad aún no ha sido esclarecida.
“Ya me habían advertido que esto podía venir, porque la señora que hace la denuncia (Estrada) me había pedido que la hiciera Procuradora, Presidenta del TSJEG o magistrada. Sería importante que ustedes los fiscales investiguen los vínculos de la señora con El Patrón”, expuso.
“Yo estoy acreditando que nunca conocí esos videos, esa señora que dio esa información es una mitómana y una delincuente; la otra señora Lambertina Galeana debió haber entregado de inmediato esos videos ¿por qué me los tendría que entregar a mí?”.
Blanca María del Rocío Estrada Ortega enfrentó una acción penal a mediados de la década de los noventa por presuntas irregularidades en la investigación de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995 en Coyuca de Benítez. En ese entonces, se desempeñaba como directora de Averiguaciones Previas de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ). Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ubicó en su momento dentro del grupo de funcionarios estatales bajo investigación, Estrada Ortega resultó absuelta de dichos cargos judiciales.
Su nombre sale en una lista publicada en un reportaje de El Sur del 28 de junio de 2025, titulado “Ninguno de los funcionarios implicados en la masacre de Aguas Blancas está en prisión”.
Redacción de El Sur y Abel Barajas / Agencia Reforma
