Señala el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio que las sentencias emblemáticas de la SCJN y la CIDH son “letra muerta” para las autoridades. Presentan tres casos de violencia obstétrica y confirman que hubo maltratos, burlas y desprecios a las mujeres
Chilpancingo, Guerrero, 7 de marzo de 2020. En Guerrero las sentencias emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son “letra muerta”, denunció la abogada del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Miriam Pascual Jiménez, tras escuchar a familiares y víctimas de violencia obstétrica, feminicidio y desaparición forzada en el Tercer Tribunal de Mujeres, telar de historias… de sueños y tragedias, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En el auditorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), además de expertas, participaron un enviado de la Secretaría de Salud para fijar posición por las negligencias médicas que se denunciaron en los hospitales generales de Tlacoapa y de Tlapa, pero de la Fiscalía General del Estado, de las comisiones estatal y nacional de Atención a Víctimas y del mismo TSJ no llegó nadie a responder sobre seis casos de feminicidio y desapariciones en la región, recriminaron los organizadores.
En la inauguración de la tribuna popular, la integrante del Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Martha Figueroa, se pronunció por el paro del 9 de marzo cuando dijo “que pare el mundo porque nos están matando, porque no funciona sin nosotras, que paren los feminicidios porque nuestras vidas no están a disposición de otros, que pare la violencia en las universidades, la violencia obstétrica y de querer controlar nuestras vidas y nuestro cuerpo”.
También advirtió que si se siguen matando mujeres, poco va importar el coronavirus ante la vigilancia epidemiológica por los primeros brotes de enfermos en el país.
Recordó que cuando las guerrerenses indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega exigieron justicia por la violación que sufrieron por soldados, nos enseñaron a decir “no más un minuto de silencio”.
Violencia obstétrica
Del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la especialista Rebeca Ramos confirmó que hubo maltratos, burlas y desprecios a las mujeres en los tres casos de violencia obstétrica.
Pedro Galeana, de la localidad indígena de Plan de Guadalupe, denunció la muerte de su esposa embarazada, Lucrecia Parra, en el hospital general de Tlacoapa. Indicó que la enfermera le mintió durante la noche, diciendo que el doctor ya iba a llegar y a la 1 de la mañana se la entregaron muerta. Aunque pidió verla cuando estaba internada, no le permitieron estar con ella.
Nancy denunció negligencia en en el Hospital General de Tlapa, el 26 de enero de 2017, donde su hijo nació con daño cerebral. Indicó que ese día llegó a las 4 de la tarde en labor de parto y una partera le dijo que “estaba completa (normal)”, y la envió al área de partería. Ahí, otro médico le dijo que “aún faltaba (tiempo)”, y sin haber recibido los cuidado del caso, al final la trasladaron por complicaciones a otro hospital donde supo que el niño estaba enredado y había evacuado dentro de ella.
Aunque es un procedimiento de rutina, aclaró que no le hicieron un ultrasonido porque el aparato no servía, sin embargo su familia se percató que a otra mujer embarazada la llevaron a la sala de ultrasonido.
Exigió sanciones a los responsables de la negligencia y que se concluya el proceso de indemnización de su bebé ahora de tres años.
El tercer caso de Adilene Mendoza Bautista se denunció en el segundo tribunal de mujeres, y a la fecha sigue inconcluso. Ella misma recordó que el 21 de junio de 2017 en labor de parto acudió al hospital de Tlapa.
“Una estudiante de partera estaba enfrente de mí, cuando saca la partera al bebé y la pone en mi vientre de pronto sentí que algo me jalaron, vi que tenía una bolita en la mano, y le dijo ‘ya le desgarraste el útero’, otra partera pidió tocar código rojo, el doctor tardó demasiado en llegar, y cuando estuvo ahí la aprendiz quiso regresar la bolita a mi cuerpo tres veces y me decían que se aguantara el dolor si quería vivir”.
Rebeca Ramos aclaró que es obligación del estado de reparar el daño para tratar de remediar en lo posible el agravio, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos investigar y sancionar a los responsables.
A modo de descargo, un enviado de salud señaló que los médicos no estudian para hacer daño, que las cosas médicas no deben revolverse con los feminicidios y tampoco se debe criminalizar la atención médica, “al año tenemos 350 mil atenciones obstétricas, sólo una cantidad pequeña presenta quejas”.
De los casos, dio que una queja de diciembre ya se investiga por arbitraje médico, por el segundo ya se emitió una recomendación y se atendieron seis de siete puntos, falta la reparación del daño y propuso instalar la mesa para el cumplimiento.
En general, admitió que hay temas que se escapan en la atención médica y se harán las investigaciones por organismos de derechos humanos y ministerio público, acompañadas por las víctimas y sus abogados.
Feminicidios
Tras escuchar cinco testimonios de familiares de víctimas de feminciidio, Miriam Pascual Jimenez opinó que “la ley es letra muerta” en Guerrero a pesar de contar con las sentencias de Rosendo Radilla, Inés y Valentina, y el amparo 554/2013 de la Suprema Corte sobre el caso de Mariana Lima.
Aclaró que los hijos de las mujeres asesinadas son víctimas directas de los agresores, “porque asesinaron a sus madres y por todo el tema de secuelas permanentes que deja el asesinato de sus madres y a toda la familia.
Señaló que tampoco se observa que haya una orientación intercultural para atender los casos de mujeres indígenas, y el hecho de que las autoridades no estén aquí, refleja la (poca) atención que dan a los casos de feminicidio”
En materia de reparación de daño dijo que se tienen que abrir expedientes a servidores que no hicieron diligencias y violaron derechos muy gravemente.
Aurelia, Alberta, Isabel
La señora Francisca denunció que su hija Aurelia fue asesinada por su esposo en un crucero de la carretera el 9 de febrero de 2017, con un disparo en la cabeza, no obstante que ella cargaba a su hijo de brazos. Tirados en el camino hacia la localidad de Ayotzinapa, el niño continuó bebiendo la leche materna hasta que pasaron vecinos en una camioneta de pasajeros y lo cubrieron con plástico, luego dieron aviso a su mamá en el pueblo.
Sofía denunció el asesinato de su tía, Alberta Toledo en Buena Vista, Acatepec. Vivía a diez minutos del municipio de Tlacoapa, había salido a una reunión de una caja de ahorro el 19 de octubre de 2019. Cuando avanzó la noche su esposo salió a esperarla en el camino, pero no volvió, “se imaginó que se fue a la localidad de la abuelita”.
El siguiente día la encontraron en una barranca con la mitad del cuerpo dentro del agua, golpeada, con fractura en el cráneo y se cree que fue abusada sexualmente. Lamentó que ninguna autoridad hizo las diligencias para esclarecer los hechos.
Familiares de Isabel exigieron castigo para el esposo de la mujer que la habría asesinado en 2018 en La Taberna, Malinaltepec, “sufren los niños que se quedaron, que están estudiando, quién los va a ayudar. Que pague lo que hizo, la trozó como si fuera pollo”, dijo su hermano Ramiro. El asunto está en el sistema penal acusatorio y esperan la audiencia intermedia, dijo la abogada Neil Arias.
Casos sin resolver
Por segunda ocasión el papá de Melani presentó en esta tribuna caso de su hija porque la carpeta ha sido consignada.
Son originarios de Hermosillo Sonora, y Melani llegó a vivir a Acapulco con esposo, un teniente del Ejército, piloto aviador, quien recibe protección de sus superiores, denunció.
Con un año de casada, 23 años y un bebé de tres meses, el 28 de noviembre de 2017, el esposo llamó a sus papás para decirles que su hija murió en un accidente en su domicilio “poco a poco se ha esclarecido que él le quitó la vida”. Tienen esperanzas de acceder a la justicia y recuperar al bebé, pero el caso no avanza en la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, familiares de Florencia, asesinada en 2014 por un esposo que la violentaba, y que ya había denunciando ante la sindicatura de Acatepec, exigieron que el agresor pague su castigo en la cárcel, pues tiene información de que acaba de ser detenido después de seis años del crimen.
La abogada de las víctimas denunció que en la Montaña no hay acceso a la justicia porque la unidad de delito de feminicidio en Tlapa, las carpetas de investigación no avanzan, y no se practican necropsias, a menos que los cuerpos se trasladen a Chilpancingo.
La agencia del MP de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, no dictan medidas de protección ante la denuncia de amenazas a las mujeres.
Aseguró también que a la región envían a jueces y ministerios públicos de castigo, “que hicieron cosas malas”. Insistimos al gobernador que cambien a los funcionarios que no están haciendo lo que les corresponde.
Si no aplican protocolos de búsqueda, es desaparición forzada
El 22 de agosto de 2018 desaparecieron la esposa, hija y nieta del señor Gregorio Santiago, en las inmediaciones de Atlamajac, y tras dos días de búsqueda, presentó la denuncia en el Ministerio Publico de Tlapa. “Tres días fue a la escuela primaria, mi nieta tenía escasos seis años”, señaló.
Neil Arias aclaró que en este caso no se aplicaron las alertas Ambar ni Alba, “aunque hubo pláticas con la FGE, no saben sabemos cómo avanzan”.
Miriam Pascual Jimenez denunció que si existe una carpeta no significa que la autoridad esté investigando y si no no se activó el protocolo Alba, una desaparición deja de ser un tema de particulares para ser desaparición forzada. Indicó que un amparo en Tlaxcala dejó este precedente, por todos los daños causados a Karla Romero y a su familia.
Aclaró también que no se puede pedir voluntad a la autoridad en un tema de justicia, “debimos exigir debida diligencia y sino cuenta con la capacidad técnica para la diligencia, que se vayan, no podemos tener titulares que no saben buscar a personas en vida ni en fosas, que andan preguntándole a la familia dónde buscar”.
Del Unstituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Raquel Maroño, demandó un enfoque diferenciado porque abordar las causas de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, que no desaparecen por las mismas razones que los hombres,
Recordó que el Estado tienen tiene obligaciones muy puntuales: agilizar las investigaciones, dotar de infraestructura y viáticos a personal de la FGE para hacer investigaciones en la región, y designar personal capacitado, porque las familias desconfían del la autoridad ministerial en Tlapa “y con justa razón”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
