Gaspard Estrada
El pasado domingo los chilenos fueron a las urnas para decidir si el texto constitucional elaborado por la Convención Constituyente podría convertirse –o no–, en la nueva Carta Magna de Chile. Y si bien las encuestas pronosticaban una derrota del “apruebo”, nadie imaginaba que el resultado final sería de 62 para la opción “rechazo”. Para entender lo que pasó en esta jornada electoral, y sus consecuencias políticas para el futuro de Chile, es necesario comprender la historia política de este proceso.
La votación del pasado domingo, denominada plebiscito de salida, es la última etapa de un proceso que comenzó con las protestas de octubre de 2019. Un mes después del inicio de estas movilizaciones, una amplia mayoría de diputados del Congreso firmaba un documento, el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que establecía las reglas de un proceso constituyente cuyo objetivo era sacar a Chile de la espiral de violencia y crispación en la que se hallaba inmerso.
El Acuerdo fijó tres etapas para el proceso. La primera, un plebiscito de entrada, en el que los chilenos elegían si querían un nuevo texto y qué tipo de órgano constituyente deseaban que lo redactase. La segunda, una votación para elegir a los miembros de la cámara constituyente, que tendrían un plazo de un año para presentar una propuesta constitucional. Y, en tercer lugar, un plebiscito de salida, donde la ciudadanía refrendaría el texto redactado por el órgano constituyente.
La desconfianza generada hacia el órgano constituyente durante el proceso de redacción del texto, las campañas difamatorias orquestadas desde los sectores más duros de la derecha y la movilización a favor del “Rechazo” de una parte importante de centroizquierda, han construido la derrota del “Apruebo”. Tampoco se pudo en este tiempo llevar a cabo un debate de ideas a la altura y en muchas ocasiones éste se vio empañado por las campañas de noticias falsas, que difundían artículos inventados y trataban de atemorizar a la población con falsedades como que la constitución ponía en peligro la propiedad privada o que haría desaparecer la bandera nacional.
Sin embargo, sería muy reduccionista atribuir la responsabilidad de esta situación únicamente a quienes lanzaron este tipo de campañas. Quienes abogaban por aprobar la constitución no conseguieron tampoco generar certidumbres en las áreas que levantaban más dudas, como la plurinacionalidad o la reforma al sistema judicial, lo que ha provocado que muchas de las personas que apostaron por el “Apruebo” en octubre del 2020 hoy se hallen en posiciones cercanas al “Rechazo”, descontentas con el resultado final del texto y con la labor realizada por la Convención Constituyente.
Sin embargo, esto no implica que quienes apoyan rechazar el texto estén defendiendo acríticamente la Constitución de 1980. Según recoge la encuestadora CADEM, una de las más fiables, solo un 20 por ciento de los chilenos son favorables a seguir con el actual texto constitucional, una cifra que coincide con quienes optaron por el “Rechazo” en octubre de 2020. Del 55 por ciento de electores que apoyan hoy el “Rechazo”, un 35 por ciento es favorable a “rechazar para que se proponga un nuevo proceso que permita tener una nueva constitución”. Es decir, lo que estaría llevando al “Rechazo” hasta una mayoría tan holgada es un amplio sector de la población que quiere cambios, pero no de la manera en que se han llevado a cabo durante el proceso constituyente.
Una de las grandes preguntas que sobrevuelan el panorama político chileno durante estos días es qué ocurrirá el día 5 de septiembre en caso de rechazo del texto. Que exista una voluntad mayoritaria de superar la constitución de 1980 es un hecho difícilmente cuestionable, pero hay igualmente numerosas dudas sobre cómo articular esta voluntad popular y encauzar un nuevo proceso constituyente. Quién debería liderar los cambios en esta nueva etapa: ¿Los partidos políticos? ¿El Congreso? ¿El poder ejecutivo? El presidente Gabriel Boric llamó a cumplir el mandato del 25 de octubre de 2020, y se mostró partidario de encabezar un nuevo proceso constituyente con un órgano elegido 100 por ciento. Sin embargo, esta posición sigue estando plagada de incertidumbres, y Boric no concretó cuál sería su rol ni el del Congreso en esta nueva etapa. El fondo del mensaje es claro: “Pase lo que pase habrá nueva constitución”, pero la forma sigue siendo toda una incógnita.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada
