Magistrados declaran inconstitucional la decisión del presidente López Obrador para que Ejército y Marina participen en la lucha contra la delincuencia hasta marzo de 2024
Ciudad de México, 23 de noviembre de 2021. Un tribunal federal declaró inconstitucional el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que las Fuerzas Armadas ejercerán labores de seguridad pública hasta marzo de 2024.
El vigésimo segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa notificó la sentencia inapelable en la que confirmó el amparo que un juez de Distrito concedió, el 8 de octubre de 2020, a la organización México Unido contra la Delincuencia (MUD), en contra del acuerdo presidencial publicado el 11 de mayo de ese año.
El tribunal colegiado no ha publicado su fallo completo, por lo que se desconoce si le dio efectos generales, o si únicamente lo dictó para que el acuerdo de López Obrador no afecte en modo alguno a MUD, que fue el efecto determinado en 2020 por Martín Santos, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa.
El tribunal analizó el amparo en revisión 226/2020 el 12 de noviembre, y confirmó la sentencia del juez Santos por mayoría de los magistrados Rosa González Valdéz y Silvestre Avalos Ramírez, con voto en contra de Iliana Noriega.
En abril de 2021, el tribunal solicitó a la Suprema Corte de Justicia atraer la revisión de este amparo. Pero el 1 de septiembre, la Segunda Sala de la Corte rechazó la petición, dejando en manos del colegiado la sentencia final del caso.
La Primera Sala de la Corte tiene agendada para este miércoles la controversia constitucional que la ex presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, presentó para impugnar este acuerdo.
El Ejecutivo justificó que la ayuda castrense es necesaria para dar tiempo a que se consolide la Guardia Nacional (GN), integrada mayoritariamente por militares, y bajo control operativo de la Sedena desde el 8 de octubre de 2020, según consta en un oficio firmado por el General Secretario, Luis Cresencio Sandoval.
En la sentencia que confirmó el tribunal colegiado, el Juez Santos afirmó que el acuerdo violó un transitorio de la reforma constitucional de 2019 que creó la GN, en el que se permitió seguir usando a las Fuerzas Armadas hasta por cinco años en seguridad pública, pero de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria” a la GN.
Para el Juez, y ahora para el tribunal colegiado, el acuerdo creó una nueva dependencia de seguridad pública, no obstante que ninguna ley faculta al Ejército o Marina para estas funciones.
“No existe, legislación formal y material alguna, en la que se dote de facultades y competencia a las Fuerzas Armadas para intervenir en cuestiones que atañen a la seguridad pública”, explicó.
Sobre el plazo de cinco años, “este juzgador encuentra que es excesivo para que las Fuerzas Armadas se encuentren en las calles, en tiempos de paz, llevando a cabo tareas de seguridad pública que atañen solo a las autoridades civiles”.
Alertan ONG sobre albazo en la Corte para perpetuar labores de seguridad pública en manos de militares
El colectivo #SeguridadSinGuerra reiteró su llamado “público y formal” al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a efectuar audiencias públicas previas a la discusión y resolución sobre la controversia constitucional presentada la entonces presidenta de la Cámara de Diputados Laura Rojas para que el máximo tribunal valide o no que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad pública por tiempo indefinido, asunto que será revisado este miércoles 24 .
En un comunicado difundido este lunes, #SeguridadSinGuerra solicita que ministras y ministros “puedan escuchar las posiciones de las partes, así como a víctimas de crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas (desaparición forzada de personas, tortura, violación y ejecución extrajudicial) e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a organismos internacionales y a las propias fuerzas armadas de forma pública y transparente”.
Asimismo, el colectivo –que reúne a más de 300 organizaciones y personas– menciona el contexto en que se sorpresivamente se ha agendado el tema, que será discutido y votado en una sala con cinco ministras y ministros y no en el Pleno con los 11 integrantes de la Corte, “cuando en el fondo se trata de no seguir debilitando un pilar fundamental de cualquier Estado de derecho: la seguridad pública a cargo del poder civil”.
#SeguridadSinGuerra apunta que esto se da “días después de que se revelara la presunta corrupción en contratos otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, y luego de que el general Secretario Crescencio Sandoval invitara a cerrar filas en torno a un proyecto político (en abierta violación a la constitución y a su ley disciplinaria)”.
Y recuerda que cuando la Guardia Nacional se creó, en 2019, en la Constitución se dejó un permiso para que las fuerzas armadas fueran usadas en labores de seguridad pública hasta por cinco años, “de forma regulada, extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria, para evitar atrocidades como las que ha vivido el país. Pero un año después, el 11 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un #AcuerdoMilitarista que simuló cumplir con la Constitución y los tratados internacionales, y en los hechos otorgó un cheque en blanco a las fuerzas armadas para actuar sin controles ni vigilancia”.
Esta fue la razón por la que Laura Rojas, exlegisladora por el PAN, presentó ante la Corte una controversia para que el máximo tribunal decidiera si “el #AcuerdoMilitarista” era constitucional o no.
“Pasó más de un año para que la controversia fuera plenamente admitida, dos años (y contando) de esos cinco para el retiro de las fuerzas armadas (que debe concretarse en 856 días, a más tardar el 26 de marzo de 2024) –continúa el comunicado– y de forma sorpresiva, sin dar a conocer previamente el proyecto, la controversia constitucional contra el #AcuerdoMilitarista está enlistada para ser resuelta por la Primera Sala de la Corte” el miércoles de esta semana.
“Desde #SeguridadSinGuerra condenamos que un asunto de esta relevancia para la vida pública del país sea discutido y votado en una sala con cinco ministras y ministros y no en el Pleno con les once, cuando en el fondo se trata de no seguir debilitando un pilar fundamental de cualquier Estado de derecho: la seguridad pública a cargo del poder civil”.
El colectivo considera que “un debate informado podrá ofrecer elementos para resolver la mejor forma de garantizar la participación de militares en tareas de seguridad de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo ordena el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Nitza Paola Alvarado y otros de obligado cumplimiento para todos los Poderes del Estado mexicano”.
Finalmente, enfatiza que ojalá la visita a México del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para verificar “el horror y las consecuencias de las malas decisiones en materia de seguridad pública”, contribuya a que el máximo tribunal de justicia “no cometa el error de dar un albazo y extender el cheque en blanco en lugar de hacer cumplir la Constitución”.
HRW ve peligro para la democracia en respaldo de Sedena a la 4T
La organización internacional Human Rights Watch (WRH) advirtió riesgos en la democracia de México tras el llamado que hizo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para unirse al proyecto de la 4T.
“El general Sandoval, jefe de las Fuerzas Armadas de México, durante la celebración del Día de la Revolución, respaldó y se identificó públicamente con AMLO y su proyecto político”, alertó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Cuando los militares se meten en política partidista la democracia peligra”.
Grupo de cinco senadores pedirá la comparecencia de Luis Cresencio Sandoval
El grupo plural de senadores solicitará la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, por haber llamado a la población a unirse al proyecto de la 4T.
Los legisladores Germán Martínez Cázares, Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum dijeron reconocer a las Fuerzas Armadas como garantes de la soberanía nacional, pero aclararon que no son actores políticos que busquen incidir en procesos civiles ajenos a su mandato constitucional.
Texto: Agencia Reforma
