Jesús Mendoza Zaragoza
Una verdadera radiografía de las instituciones de justicia y de seguridad es la que ha presentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, exhibiendo el uso político y faccioso de estas instituciones que con la construcción de la así llamada “verdad histórica”, buscaron ocultar la verdad, obstruir la justicia y asegurar impunidad a altos mandos del sistema político y militar en México.
El informe del GIEI describe una serie de mecanismos y procedimientos ilegales y criminales que las cúpulas del poder han utilizado, no solo en el caso Ayotzinapa, sino en la gran mayoría de las investigaciones sobre hechos criminales, como en los casos de los casi cien mil desaparecidos en el país. Un Estado mafioso ha sido el resultado de varias décadas de gobiernos dedicados a acumular dinero y poder a costa del país. Es la herencia que nos ha dejado ese perverso ejercicio del poder que se ha impuesto con mentiras y abusos desde hace muchos años, herencia que no será fácil desmontar porque está diseminada en todos los poderes y en la mayoría de los gobiernos en sus ámbitos municipales, estatales y federal.
El caso Ayotzinapa ha tenido condiciones excepcionales –políticas y sociales, sobre todo– como para liderar una lucha por la verdad y la justicia para sus desaparecidos, y con una fuerza política ganada a pulso ha abierto un camino por la verdad y por la justicia en el país. Este es el mérito de este caso y de sus protagonistas. Este será el precedente necesario para que se abra un camino de verdad y de justicia para todos los desaparecidos de este país y para todos los demás crímenes que este Estado mafioso ha encubierto con mentiras.
La supuesta “verdad histórica”, diseñada con mentiras, ha caído y con ella debieran caer todos sus artífices, estén donde estén, después de una investigación integral y bien sostenida en las leyes vigentes. Esta puede ser una señal muy visible de que los tiempos de la impunidad están terminando para pasar a los tiempos de la justicia. Esta puede ser una señal poderosa ante el país entero. Aunque tiene que ser vista como, apenas, el inicio de un camino que ponga en alto la verdad y la justicia.
Pero no nos hagamos ilusiones. Esta maraña está sostenida, a la vez, por una cultura política y por un sistema de instituciones. ¿Cómo desmontar esta cultura y este sistema que convierte las mentiras en verdades y vulnera la justicia para cada una de las víctimas de todas las violencias, desde las desapariciones de personas hasta los feminicidios? Porque cada caso criminal puede estar tejido con mentiras inventadas desde las instituciones del Estado que son expertas en convertir a las víctimas en victimarios y viceversa. No será tarea fácil ni inmediata. Es necesaria una lucha sostenida de largo alcance, que incluya a la sociedad y a las partes más sanas del Estado.
Ha de llegar el tiempo en el que la gente ya no identifique a delincuentes y a funcionarios públicos diciendo que “son los mismos” y en el que el Estado mafioso deje el lugar a un Estado que esté al servicio de los ciudadanos. Esa perniciosa mancuerna compuesta por la delincuencia organizada y funcionarios públicos debe ser destruida.
Mientras tanto, hay que seguir buscando la verdad de todos y cada uno de los crímenes para que haya justicia, condición necesaria para la paz que tanto necesitamos.
