Tlapa, Guerrero, a 11 de septiembre de 2025.- A la comunidad nahua de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, se le concedió un amparo y protección de la justicia para que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el titular de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, y el director General del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava atiendan a la secundaria técnica 229 Roberto Mejía.
Dicho amparo se les pide que elaboren y aprueben, en un plazo no mayor a los 30 días hábiles, un plan integral para atender las necesidades de la secundaria técnica, para que se garantice el derecho a la educación y a la infraestructura física educativa de los estudiantes.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Baldomero Díaz, explicó que las autoridades deberán presentar un diagnóstico técnico definitivo del plantel y su entorno; el calendario de obra para la construcción o rehabilitación de aulas seguras y suficientes; la instalación de sanitarios y servicios básicos, dotación de mobiliario escolar mínimo, habilitación de un centro de cómputo con conectividad funcional para el nivel educativo y un esquema de mantenimiento.
Así como designar personal docente de inmediato para cubrir las asignaturas de historia, geografía, formación cívica y ética y educación física, sin interrupciones.
Lo anterior, como resultado de la demanda de amparo indirecto presentada el 14 de febrero de 2024, para exigir que se le garantizara el derecho a la educación y a la infraestructura física educativa, por las condiciones deplorables en que se encuentran las instalaciones de la secundaria y la falta de profesores.
Detalló que a más de un año y seis meses de que la demanda fuera admitida y se diera inicio al juicio de amparo indirecto 236/2024, radicado con el juez séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, el pasado 28 de agosto de 2025, la jueza dictó la sentencia concediendo el amparo y protección de la justicia a la comunidad San Pedro Petlacala.
Dijo que ese fue el último recurso legal con que contaron los niños de la comunidad para acceder a la educación, luego de que sus padres agotaron sus peticiones de apoyo con las diversas autoridades.
Los comentarios fueron parte de la conferencia realizada en las instalaciones de Tlachinollan, donde estuvieron el abogado Isidoro Vicario, quien moderó, y el director Abel Barrera, quien dijo que los datos que dio la gobernadora Evelyn Salgado en su informe contrastaba con la realidad de las comunidades donde se carecía de maestros, escuelas dignas y uniformes, como el caso de la secundaria.
La directora del plantel, Elisa Vergara Santos, dio un recuento de las condiciones de las aulas de la secundaria, construidas en 2002 con las cooperaciones de los pobladores de San Pedro Petlacala, y a 23 años, ahora el techo tiene goteras, se desprende el cemento, las paredes cuarteadas.
A eso se sumaba la carencia de sanitarios, la red eléctrica en malas condiciones; carencia de butacas y pizarrones; un muro para que la lluvia no se siga llevando el terreno.
También que el aula de medios, para el taller que deben impartir, tiene computadoras obsoletas y falta de internet. Así como la carencia de profesores para que atiendan cuatro materias.
Dijo que todo con lo que tiene la secundaria era de las cooperaciones de los padres de familia por ayudar a la educación de sus hijos, pero en el pueblo no hay trabajo remunerado.
El presidente del comité de padres de familia, Aurelio Callejas Casales, mencionó que ante la falta de respuesta de las autoridades municipales y estatales para su petición de obras y maestros fue que como pueblo acordaron con el apoyo de Tlachinollan iniciar la demanda de amparo que ahora obligaba a los servidores públicos a atenderlos.
El padre de familia, Antonio Reyes Remigio, comentó que como pueblo se cansaron de que el gobierno no haga su trabajo de atender las necesidades y que desde 2021 denunciaron las malas condiciones de infraestructura de la secundaria, “pero nos hacían de menos cuando lo que se pide es un derecho”. Dijo que en 2023 arreciaron con la entrega de peticiones y oficios a diferentes instituciones en Chilpancingo, sin respuesta.
La integrante del comité, Paulina Espinoza Flores, dijo que la única parte buena de la escuela es la cancha que se hizo con ayuda de los padres que aportaron arena, grava, piedras y el recurso que llegó de La Escuela es Nuestra, pero que era necesario que los voltean a ver para mejorar las condiciones en que sus hijos reciben clases.
Porque si bien son una comunidad cooperativa, no cuentan con muchos recursos económicos.
El comisario Mario Pacheco Castillo dijo que ante la falta de respuesta a la directora y comité de padres de la secundaria el tema lo llevaron a la asamblea de la comunidad que le dio el respaldo.
Por lo que pedía a los gobiernos estatal y federal que cumplan con los apoyos como el uniforme para los niños; las computadoras, las aulas que desde sus inicios el pueblo ha sostenido pese a las carencias económicas.
Baldomero Díaz remarcó que la resolución es una reivindicación emblemática, porque la comunidad decidió exigir judicialmente la garantía del derecho colectivo a la educación, lo que no tiene precedentes en Guerrero, además de que, jurídicamente, pone a prueba las reformas en materia de amparo y derechos humanos para exigir judicialmente los derechos sociales de las comunidades indígenas.
Además de que el sustento es que, desde la creación de la secundaria, la infraestructura se construyó con aportes de los pobladores de la comunidad por lo que las condiciones son rústicas y que las mismas revisiones del IGIFE y de la SEG emiten que las condiciones de la secundaria no cumplen la normativa.
Por lo que la juez concluye que el Estado no cumple con el derecho de los alumnos de contar con infraestructura adecuada y con los maestros necesarios vulnerando el derecho a la educación.
Carmen González Benicio
