Chilpancingo, Guerrero, a 8 de mayo de 2026.- El Juzgado Primero de Distrito, en Chilpancingo, ordenó a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, que realice una investigación en la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, por una posible omisión ante el incremento de las tarifas del servicio de transporte público en la capital del estado.
Las Urvan de todas las rutas aumentaron sus tarifas de 8 a 10 pesos, sin la autorización de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, a partir del 6 de abril. En tanto que la comisión autorizó ese incremento hasta el 27 de abril, sin que haya aplicado multas ni sanciones a los concesionarios, por el cobro ilegal a los usuarios durante ese lapso de tiempo.
El abogado Carlos Marx Barbosa Guzmán informó que derivado de ello, integrantes del Frente Nacional de Abogados Democráticos, delegación Guerrero, solicitaron a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado que interviniera ante las omisiones cometidas por la Comisión de Transportes.
Sin embargo, dijo que esa dependencia estatal también omitió actuar, por lo que el Frente Nacional de Abogados Democráticos promovió un amparo el 28 de abril, mismo que se radicó en el Juzgado Primero de Distrito de la capital y el 30 de abril pasado, la Secretaría de la Contraloría recibió la notificación del juez de distrito.
La dependencia, a su vez, ya notificó el martes pasado a la Comisión Técnica de Transportes, que abrió un proceso de investigación administrativa en contra del organismo, derivado de la queja presentada por el Frente Nacional de Abogados Democráticos en contra del director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Arturo Salinas Sandoval, “por presuntos actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, consistentes en probable abuso de autoridad, ya que se ha incrementado el cobro de pasaje del transporte público sin cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley”, dice el escrito.
En otra parte de la notificación, se señala que del análisis de las documentales “se advierten hechos irregulares que pudiesen constituir faltas administrativas, atribuibles al director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y/o quien o quienes resulten responsables, por el incremento en el cobro de pasaje del transporte público, sin cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley”.
Derivado de ello y a “efecto de contar con mayores elementos que permitan el esclarecimiento de la verdad de los hechos denunciados”, la dependencia requiere a la Comisión Técnica de Transportes información, documentación y la práctica de “tantas y cuantas diligencias sean necesarias, requerimientos y diligencias que podrán realizarse a dependencias, personas físicas morales, públicas o privadas que se consideren pertinentes”.
La contraloría apercibe al titular de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero que la información y documentación debe ser entregada “dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de aquel en que surta efectos la notificación correspondiente”.
Precisa que debe entregar un informe pormenorizado, “en relación con los presuntos hechos denunciados en su contra, al cual deberá adjuntar copias debidamente certificadas de las constancias que acrediten el informe en cita”. El expediente es el DCJA/AIIA/0073/2026.
Consultado, el abogado Barbosa Guzmán explicó que la queja se presentó por el Frente Nacional de Abogados Democráticos, porque los transportistas “incrementaron las tarifas sin la autorización de parte de la comisión, sin que este organismo haya aplicado las multas y sanciones correspondientes”.
Añadió que la irregularidad en que incurrió la Comisión Técnica de Transportes, por no sancionar a los concesionarios por el incremento ilegal, y, como consecuencia, el abuso en contra de los usuarios.
Añadió que, por el contrario, la Comisión Técnica de Transportes avaló el incremento sin que antes se hubiera realizado un estudio socioeconómico, “además, quienes debieron ordenar el estudio para el incremento son los integrantes de la comisión técnica, no el director”, declaró el abogado.
Barbosa Guzmán denunció que los concesionarios del servicio de Urvan de la capital incrementaron la tarifa “conforme se les antojó, no conforme al resultado de un estudio socioeconómico”.
Explicó que el incremento debió haber sido conforme a la inflación y que el índice estaba en esos días en 4.59 por ciento, de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor, pero que los transportistas incrementaron sus tarifas en un 25 por ciento, “es decir cinco veces más”.
“Sin embargo, la comisión técnica simplemente avaló lo que establecieron como aumento los permisionarios, y éste no debió haber rebasado el 4.59 por ciento, y en eso consiste el abuso”.
El abogado recordó que los concesionarios argumentaron el incremento en los insumos y accesorios, pero que ello no se justifica, puesto que el servicio lo prestan “en unidades desvencijadas, con asientos rotos, que ni siquiera están bien soldados y por tanto inestables. Las llantas de refacción las llevan en medio de los asientos, y la gente viaja de forma incomoda, es un pésimo servicio”, criticó.
Dijo que, por si fuera poco, los choferes “son majaderos con los usuarios, sucios y manejan hablando por celular, por lo que son frecuentes los accidentes, es decir, no ha mejorado el servicio”.
Zacarías Cervantes
