Octavio Klimek Alcaraz
(Segunda parte y última)
El pasado martes 8 de enero se integró en España, el gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos. El jefe de Gobierno es Pedro Sánchez Pérez Castejón, secretario general del PSOE.
Para la nueva vicepresidencia de la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la primera prioridad es la aprobación de la postergada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que buscará objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de la energía vertebrar las políticas energéticas, de transporte, de producción industrial y las urbanas, abriendo, al mismo tiempo, una oportunidad para la generación de nuevas orientaciones socioeconómicas, garantizando la transición justa.
El objetivo será alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100 por ciento renovable, y entre el 85 por ciento y el 95 por ciento en 2040” (ahora ronda el 40 por ciento). Esto se articula con la meta de neutralidad de emisiones que la Unión Europea se ha fijado para el 2050.
También se propone aprobar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura al consumidor de energías renovables, así como incentivar la eficiencia energética. Van a hacer reformas el sistema de subastas en el sector eléctrico para impulsar la implantación de renovables, y eliminar ayudas que beneficien la generación de energía con combustibles fósiles o nucleoeléctricas. Quieren además regular y fomentar el autoconsumo energético. Asimismo promover un bono social eléctrico con el fin de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.
Se propone en dicho apartado impulsar un Plan de Vivienda Sostenible (desde el punto de vista energético, ecológico y social) ligado a la Estrategia de Rehabilitación de Edificios a Largo Plazo.
No menos importante es que se propone impulsar la “aprobación de una ley de plásticos de un solo uso, como parte de la Estrategia de Economía Circular, para alcanzar ‘residuo cero’ en el horizonte 2050. Se desarrollarán aspectos tales como el ecodiseño, la ecoinnovación o la reintroducción de subproductos y residuos como materia prima de otros ciclos productivos. Esto requerirá también nuevas habilidades laborales y empresariales, generando nuevas oportunidades de empleo. Se abordarán igualmente medidas de eficiencia para sectores clave: construcción, agroalimentación, turismo, envases, embalajes, textil, fabricación eléctrica y electrónica”.
También en el acuerdo se considera la creación del Fondo de Compensación de Daños Medioambientales. El Fondo se irá constituyendo a partir de los recargos en las pólizas de seguro obligatorias a las empresas que realicen ciertas actividades potencialmente susceptibles de ocasionar daños al ambiente. “La finalidad de este Fondo será extender en el tiempo la cobertura de tales daños, de forma que, vencido el seguro, los daños pasan a cubrirse con cargo al Fondo por un tiempo adicional igual al que estuvo vigente la póliza, con un límite de 30 años”.
Igualmente, asumen el compromiso de aprobar una Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público, poniendo especial énfasis en la sostenibilidad económica de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, en donde destaca que impulsarán un esquema de incentivos económicos para el vehículo eléctrico, además de promover la instalación de puntos de recarga en zonas urbanas.
En el tema de la gestión del agua se proponen garantizar el agua potable y de riego, consagrando el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil, así como protegiendo el medioambiente. Destaca por ello que van a prohibir, por tanto y como parte de este principio, la compraventa de derechos concesionales del agua.
Para ello van a impulsar una ley de base reguladora del ciclo integral del agua, que facilite la gestión pública y directa del agua. Asimismo, se proponen impulsar un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua. Esto, para dar cumplimiento a la regulación europea, así como en un contexto de disminución de la disponibilidad de recursos hídricos como consecuencia de los efectos del cambio climático.
Se proponen ampliar “la red de espacios protegidos, dotando de financiación adecuada las políticas de defensa de la biodiversidad y la gestión de los espacios naturales, con el objetivo de asegurar los medios necesarios y la generación de empleos en el medio rural”. Articulado a ello, se plantean establecer un plan de acción contra las especies exóticas invasoras que amenazan la biodiversidad.
Se proponen actualizar la Ley de Costas ante la amenaza real que supone el cambio climático, para aumentar la protección y evitar que continúe la actual destrucción de ecosistemas costeros.
Para cuidar la salud de los océanos, van tanto a reducir el uso del plástico como a impulsar la lucha contra la pesca ilegal, no regulada y no documentada, así como la ampliación de las áreas marinas protegidas y la trazabilidad de los alimentos procedentes del mar, para fomentar la pesca sostenible.
De manera insuficiente, pero por lo menos se menciona, plantean llevar a cabo medidas de asesoramiento de explotaciones agrarias para mejorar la sostenibilidad de la producción ganadera y la conservación de los suelos agrícolas. Asimismo, van a revisar el Plan Forestal Español para una gestión y aprovechamiento sostenible de sus tierras forestales.
Quieren aprobar una Ley de Bienestar Animal, que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos y van a estudiar “la posibilidad de establecer un delito de maltrato de animales salvajes en su medio natural y una revisión de las penas al abandono de animales domésticos y mejoras en el control de los animales domésticos y en el control de la producción de animales de consumo.”
Un tema interesante es que van a elaborar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, para tratar los crecientes impactos sobre la salud de los cambios ambientales consecuencia de la crisis ecológica.
Finalmente, en el apartado de justicia fiscal del convenio se señala que se apuesta a la nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente, evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y Pymes, así como van a promover en la Unión Europea el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones.
Concluyo señalando que me parece que hay que seguir con lupa a este nuevo gobierno español de izquierdas; ellos, se advierte, van a realizar importantes cambios en la legislación y política ambiental, podemos de sus experiencias exitosas aplicar muchas en México. Realmente, deseamos que tengan todo el éxito en este mundo tan complejo y difícil.
