Eugenio Fernández Vázquez
No cabe duda de que urge descentralizar el país, ni de que esa descentralización tiene que darse con acciones de gran calado que ayuden a cambiar la geografía económica mexicana. Es buena noticia que el equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, haya sido tan insistente en que el próximo gobierno trabajará en ese sentido. No lo es tanto, que la acción más importante para lograrlo –o al menos de la que más han hablado– sea sacar las secretarías de Estado de la Ciudad de México, lo que supone un gesto caro, políticamente complicado y con efectos limitados.
La sede de los poderes no es necesariamente un determinante de los desequilibrios económicos. En realidad, no es ni siquiera un determinante de dónde se ubican los grandes grupos poblacionales. Hay otros factores que tienen mucho más peso en el desarrollo económico, como la presencia de la infraestructura o la abundancia de capital humano. Importan también las inercias anteriores, el marco legal, los incentivos fiscales, por ejemplo.
En México, la concentración de la actividad económica en el centro del país fue consecuencia de políticas públicas impulsadas y mantenidas por cientos de años. Fue en la Ciudad de México y en sus alrededores donde se invirtió más en educación y en infraestructura urbana, al tiempo que la legislación y la distribución del presupuesto hacían muy complicado que las ciudades en el interior de la República pudieran desarrollar y aplicar políticas de largo plazo para desarrollarse mejor y atraer talento y capital financiero. Estos factores convirtieron a la Ciudad de México en el eje de la economía nacional, en todos los sentidos.
Baste con recordar que la Central de Abasto no surte solamente a la Ciudad de México, sino a muchas entidades del país. Gran parte del pescado que se come en Veracruz es capturado en el Golfo, llevado al mercado de la Nueva Viga y de ahí transportado de regreso al puerto, así como gran parte de las verduras que se consumen en Guanajuato fueron cultivadas en el Bajío, llevadas a la Central y de ahí transportadas por mayoristas de vuelta a su lugar de origen.
Esto no tiene que ver con la presencia o no del gobierno federal en la Ciudad de México. Tiene que ver con una inercia histórica y con el hecho de que la infraestructura de transportes está centrada en la capital. Sacar a las secretarías de Estado de la capital tendrá un impacto muy reducido en ello. Si de verdad se quiere descentralizar el país y, como dijo Alfonso Romo –futuro jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador–, se quieren disminuir la contaminación y los efectos perversos de la aglomeración, hay otras acciones por tomar que sí tendrían un impacto de largo plazo y sí lograrían la descentralización.
Un primer paso en esa dirección sería no sólo cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, sino construir un nuevo aeropuerto en otro lugar del país, elegido a partir de un proceso de planeación serio, incluyente y con miras de largo plazo. Eso disminuiría las emisiones de una de las principales fuentes de contaminación en la ciudad, y contribuiría a generar un nuevo polo de desarrollo económico.
Urge también fortalecer a los gobiernos estatales y municipales. Es fundamental que tengan una mayor capacidad de construir otro camino de desarrollo desde abajo, desde el terreno, en lugar de depender de los designios del gobierno federal. Eso no va a cambiar porque cambie la sede de las secretarías.
El mandato que recibió el nuevo gobierno es claro, y la tarea que tiene enfrente, titánica. Si de verdad se quiere lograr una transformación de fondo del país, entonces hay que concentrar los esfuerzos en la construcción de políticas públicas serias, y no perder tiempo y fuerzas en ocurrencias sin impactos positivos. ¿No sería mejor usar el capital político del nuevo gobierno para transformar la infraestructura nacional, construir una política fiscal progresista y fortalecer a los municipios, en lugar de quemarlo en pleitos con sindicatos se servidores públicos y despachos inmobiliarios?
