Tlapa, Guerrero, a 12 de noviembre de 2025.- Los integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, urgieron a las instituciones del gabinete estatal a que atiendan la seguridad de la población jornalera ante los asaltos y extorsiones que han padecido los últimos meses por la delincuencia organizada.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández consideró un atisbo de esperanza la presentación del Modelo de atención integral para las personas trabajadoras agrícolas que hicieron los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Omar Estrada Bustos; de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai), Silvia Rivera Carbajal y de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), Abel Bruno Arriaga, en la reunión de la Comisión Intersecretarial para atender la exigencia de mejores condiciones de traslado y laborales de la población jornalera, ayer en las instalaciones de la Casa del Jornalero o Unidad de Servicios Integrales (USI), en esta ciudad.
Barrera Hernández dijo que la migración no se podía frenar ante la falta de empleos, por lo que pidió que sea digna y segura y que en el camino no haya incidentes o que las empresas los engañen.
Destacó que en otros años la seguridad no era preocupante como ahora, la Casa del Jornalero que se sentía segura para descansar, comer, dormir pero se convirtió en blanco de los delincuentes este 2025, luego de que el 15 de septiembre entraron personas amenazando al contratista y pidieron una cuota de 7 mil 500 pesos, además de la extorsión directa a los choferes con 5 mil pesos por autobús, y si no pagan los asaltan.
Mencionó que el pasado 5 de noviembre que salieron 15 autobuses del crucero de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, a los 12 de la empresa Buen Año los delincuentes les dijeron a los choferes que tenían que pasar a Tlapa, a una oficina de transportes que está frente a la Casa del Jornalero a dejar 5 mil pesos, para que no les pasara nada en el camino.
De ese caso se avisó a las instituciones y los elementos policiales que resguardaban constataron que se entregaba el dinero y en flagrancia se cometía el delito de extorsión, por lo que es necesario saber quiénes lo atenderían “porque antes no era un tema que preocupara y ahora es una prioridad” que el gobierno actúe y no se lo deje a la sociedad, expuso el defensor de derechos humanos.
Llamó a los funcionarios a que vean cómo prevenir el delito, investigarlo y castigarlo para que desactivar a los delincuentes y desmantelar su red de asaltos y extorsión, porque si no se para ahora que es sólo contra choferes, más adelante se extenderá a los jornaleros.
A la exigencia de seguridad para los jornaleros se sumó la integrante del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, Margarita Nemecio, quien dijo que el ciclo pasado entraron grupos delincuenciales a los campos de la empresa Golden Fields o Buen Año, de donde se llevaron a un jornalero que estuvo desaparecido y lo encontraron muerto.
La violencia siguió, ingresaron nuevamente por otros jornaleros, pero a ellos se los llevaron y los soltaron, se cree que como una manera de presionar a la empresa para algún tipo de cobro.
Además, tres autobuses que los llevaban del albergue al campo fueron asaltados una mañana, lo cual reportaron a la empresa los mayordomos, quienes sólo les dieron gafetes para que la delincuencia los identificara en el camino, pero advirtió que un gafete no iba a prevenir los asaltos.
Agregó que los cinco mayordomos y familias decidieron salirse del campo y retornaron a Guerrero en marzo, pero ahora están en una lista negra porque no pueden ser contratados porque no cumplieron el contrato de seis meses y hay la indicación de no volverlos a contratar hasta después de cuatro años.
Se brinda seguridad, dicen la Fiscalía y la Policía Estatal
Uno de los asistentes que se identificó como fiscal regional dijo que sobre la extorsión a los choferes de los 12 autobuses de la empresa Buen Año que salieron el cinco de noviembre, se inició una carpeta de investigación pese a que nadie denunció el delito, pidió no dejarse llevar por lo que se publica en medios de comunicación porque no todos son periodistas.
Del asalto en Xochihuehuetlán afirmó que se inició otra carpeta porque asistieron al lugar agentes del Ministerio Público y policías ministeriales quienes confirmaron que el autobús fue atacado con piedras, no hubo armas de fuego, hubo poncha llantas, pero no se concretó el robo ni golpearon a nadie, lo que consideró que deja ver que la agresión fue contra la empresa y no contra los jornaleros, que estuvieron en riesgo.
Agregó que no pueden detener a nadie, que se tienen protocolos y los abogados lo saben, dicen que hubo flagrancia, pero ellos no lo constataron, y que bastaba con que un chofer se los dijera para que pudieran actuar, pero nadie lo hizo.
El jefe operativo de la Policía Estatal en la Montaña dijo que desde la reunión que sostuvieron empezaron con rondines y recorridos de seguridad en la Casa del Jornalero y en las carreteras hasta el límite de Guerrero, encontrándose con que los delitos fueron en Puebla, por lo que pidieron coordinación.
Agregó que el cinco de noviembre atendieron el reporte y fueron a la oficina que les dijeron pero no vieron a nadie, ni a un chofer, por lo que les pidieron que no fueran al lugar de extorsión.
De la agresión del seis de noviembre la policía de Xochihuehuetlán fue la primera respondiente que les brindó auxilio y trasladaron a las víctimas a Tlapa, expuso.
Pidió que las personas que acudan a la Casa del Jornalero tengan identificaciones para que ellos puedan detectar extraños, que se cuide el estacionamiento con un control de entradas y salidas y se vea que salgan juntos, porque no cuentan con personal suficiente para escoltar a cada uno.
Dijo que en el grupo de WhatsApp que tienen sólo quedan las personas con toma de decisiones para evitar que se filtre información y las víctimas de delitos puedan denunciar.
Agregó que han escoltado a 26 autobuses desde septiembre.
Solicitan regularizar a las empresas que trasladan a los trabajadores y servicio de salud
Otro de los temas que planteó Barrera Hernández fue regularizar las empresas que brindan el servicio de transporte a los estados del norte del país porque no dan boletos, sólo tarjetas, y si se descomponen los camiones en la carretera ahí los dejan, y los jornaleros que hacen uso de ellos tienen que gastar más, no tienen seguro por cualquier incidente en los viajes de más de 30 horas. Dijo que eso le compete al municipio, al estado y a la federación.
La salud de la población jornalera fue otro punto, sobre todo por la vacunación ante los brotes de sarampión, el virus coxsackie y la falta de medicamentos y médicos en su comunidad.
Además del traslado de los cuerpos de los jornaleros que han fallecido por accidentes o asesinados que requieren de 70 mil pesos para el pago de las funerarias, ante lo que pidió el apoyo de los presidentes municipales y de las instituciones presentes.
A su vez, que regrese el apoyo económico que daba la Secretaría del Trabajo a quienes salían y beneficiaba a algunos de manera discrecional, pero al menos les daban y les servía para comer en los campos mientras cobraban su semana, pero ahora ni eso; al igual que las despensas que daban de la Sedepia, por lo que pidió a los presidentes municipales o al DIF que pudieran retomarlo.
Dijo que esperaba que la gobernadora diera luz verde al modelo de atención que presentaron, que consiste en buscar garantizar las condiciones laborales dignas, seguridad en traslados, acceso a la salud y bienestar para los jornaleros y jornaleras.
Margarita Nemecio habló de que las empresas no dejan que mujeres embarazadas aborden los autobuses lo cual está en contra de la ley, y que se niegan a atender en salud alargando las citas médicas para no pagar, como en los casos de cáncer.
Sobre la salud, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria comentó que si ven irregularidades pongan las denuncias correspondientes porque si no, no tienen conocimiento de ello.
Del Registro Civil mencionaron que dan formatos para el registro de menores de manera gratuita, pero conocen casos de ayuntamientos que piden cobrarlos.
Acuerdan presentar el Modelo de atención a la gobernadora
En la reunión los representantes de las dependencias informaron de las acciones que realizan para atender a las familias jornaleras, así como la necesidad de hacer un padrón de migrantes que propuso la Silvia Rivera, secretaria del Migrante que no se ha podido porque muchos se van de manera particular, muchos con enganchadores “y no podemos controlarlo”.
La Sedepia informó que aporta insumos mensuales al comedor de la Casa del Jornalero y atención y asesoría a la población.
Se finalizó con la aprobación del Modelo de atención integral para personas trabajadoras agrícolas y el compromiso de los secretarios asistentes a presentarlo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Acordaron reuniones de trabajo para abordar las particularidades en Ometepec, Tlapa y Copalillo, sin definir fechas.
Además de la asignación de una persona por parte de la Sedepia para que apoye en las labores en la Casa del Jornalero a más tardar en diciembre.
Se mencionó la necesidad de un censo para atenderlos.
Los presidentes municipales de Cualac, Tlalixtaquilla y San Luis Acatlán mencionaron que ellos no tienen población jornalera, pero que estaban en disposición de apoyar, aunque algunos sí tienen personas que van a los Estados Unidos.
La presidenta de Cualac, Jessica Moreno Nájera mencionó que no tiene un censo de la población jornalera porque en las comunidades los comisarios no quieren dar la información, pero trataría de realizarlo, al igual que el de Tlalixtaquilla.
Carmen González Benicio
