Chilpancingo, Guerrero, 29 de agosto de 2025.- Vecinos de la comunidad Carrizalillo urgieron a la presidenta Claudia Sheinbaum a intervenir en el conflicto con la minera Equinox Gold, antes de que la empresa pase por encima de ellos y sobre las instituciones del país con argucias legales.
A través de una carta abierta, la convocaron a visitar su campamento, instalado hace cinco meses afuera de la mina Los Filos, operada por la empresa, donde enfrentan riesgos debido a la hostilidad provocada, “como en los viejos tiempos”, por políticos locales de Morena, del Ayuntamiento de Eduardo Neri, la Comisión de Minería y el gobierno estatal.
Los ejidatarios los llamaron “viles pandilleros, con los objetivos de destruir el tejido social de nuestro ejido, a partir de crear un escenario de tensión con los pueblos vecinos y adulando a la actividad minera, ante la incapacidad que como gobernantes tienen, para crear otras condiciones de desarrollo para los pueblos de Guerrero”.
Señalaron al jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, de la Secretaría de Economía (SE), Fernando Aboitiz Saro, de proteger los intereses de la empresa, pese a que se acreditó en el Tribunal Agrario la declaración ilegal de suspensión indefinida de actividades, que hizo la empresa desde el 1 de abril.
En el texto recuerdan que desde esa fecha, la minera dejó de atender las obligaciones que por ley le corresponden, y Aboitiz Saro, en vez de instrumentar de forma obligada el artículo 1 constitucional, “resguarda las violaciones, por las cuales hoy está en riesgo nuestra vida como comunidad”.
Enfatizan el riesgo que enfrentan “a causa de la incapacidad como nación, de doblegar a empresas racistas, vividoras y recurrentes violentadas de nuestros derechos”.
Resaltan que la presidenta en las conferencias desde Palacio Nacional habla de soberanía, de cero impunidad, de que terminó la era neoliberal; de la transformación para la democracia y la justicia, con respeto a los derechos humanos, del éxito de las políticas del bienestar, entre otros aspectos de la agenda nacional, que no aplican al ejido Carrizalillo.
“Le escribimos totalmente confundidos, porque acá enfrentamos una crisis sin precedentes, en donde literalmente la empresa hace gala de toda su fortaleza capitalista para imponer condiciones y transitar en total impunidad, tal cual ocurrió en los mejores momentos de la, dice usted, extinta era neoliberal”.
En la carta aseguran que prevalecen los viejos tiempos, con nuevos actores, que presionan a Carrizalillo para que los ejidatarios acepten un convenio de arrendamiento, “con términos deplorables, caciquiles y coloniales”.
Como la empresa sabe que el ejido no va a ceder y busca además el cobijo de la embajada de Canadá, que también ha buscado la mesa agraria, sin respuesta.
Pese a las gestiones en Semarnat, Procuraduría del Medio Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Unidad de Coordinación de Actividades extractivas, señalaron que llevan cinco meses en la invisibilidad y carencia de actos legales, coherentes y razonables con la situación que viven.
“No es suficiente que en alguna de las mañaneras la postura de usted sea únicamente girar instrucciones para que atiendan el caso”, recriminaran.
Advierten que parece imposible doblegar a una empresa que violenta el marco legal, incumple remediaciones, contamina y viola los derechos más fundamentales, “con toda la arrogancia neocolonial”.
Enfatizan que la impunidad es un elemento central del proyecto neoliberal, “que hace uso de prebendas y financiamientos irrisorios, que son negociados muy por debajo del tamaño de los daños que generan y con los cuales evaden la cárcel por violaciones flagrantes y graves”.
Para exigir la remediación del daño, rehabilitación de las tierras, cárcel a los operadores de la empresa por los daños ambientales, así como los daños a la salud colaterales a la actividad minera, señalan que como ejido deben demostrar lo evidente, porque no hay controles legales.
Agregan que las leyes fueron creadas a modo para las empresas, son “blandas, absurdas e inútiles”.
Cuestionan que se hable de soberanía, cuando los gobernantes siguen creyendo que la inversión es más importante que los ciudadanos y que las empresas canadienses se “portan bien” en Canadá.
Advierten que de nada sirven las mesas intersectoriales con las instituciones volcadas con el sector minero.
Si la presidenta considera correcta su lucha, Carrizalillo se compromete a seguir luchando, para ser un referente de lucha ambiental y social, en los territorios ocupados por la minería.
“Seguimos aguantando las atrocidades gestadas desde la empresa, con el apoyo irrestricto de políticos neoliberales de Morena –a quienes en tono de mofa la misma empresa los denomina como testigos de calidad–, quienes continúan presionándonos para dividirnos y ponernos en condición de sometimiento para que aceptemos condiciones colonialistas”.
Aún esperan que las instituciones hagan uso del limitado marco normativo, pero suficiente, para exigir rendición de cuentas a la minera y rechace la negociación banal que llanamente se resuelve con dinero.
“Nuestra lucha puede ser un precedente para ponerle fin a los mitos de la minería canadiense en este país, pero necesitamos que nuestras instituciones pierdan el miedo y pongan en orden a este tipo de empresas neoliberales y neocoloniales, violentadores de derechos humanos y perpetradoras de estructuras políticas e institucionales que les protegen”.
Lourdes Chávez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero – Archivo
