Menciona su abogado integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar que el juez segundo de distrito, José Artemio Navarrete Sánchez, justificó que no ha emitido su fallo porque son más de 20 tomos los que se tiene que analizar, pero tampoco les dio alguna fecha probable
Acapulco, Guerrero, 24 de enero de 2023. Organizaciones sociales acudieron ayer al edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la zona Diamante para reunirse con el juez segundo de distrito, José Artemio Navarrete Sánchez a quien preguntaron por qué se ha tardado en emitir la sentencia sobre la tortura sexual que sufrió la indígena me´phaa Inés Fernández Ortega por elementos del Ejército mexicano en 2002.
En declaraciones en su lengua -a través de un traductor-, Inés Fernández dijo que le manifestó al juez que no va “esperar otros 20 años para que le hagan justicia”.
“Yo personalmente le comenté al juez que quiero que la sentencia salga en estos días, que ya no quiero esperar otros 20 años desde que ocurrieron los hechos para que se dicte la sentencia y lo que dijo el juez es que están analizando el expediente y que probablemente ya en estos próximos días puede que se dicte la sentencia”, indicó.
Aseguró que lo único que exige es justicia debido al ataque sexual que padeció el 22 de marzo del 2002, en su casa localizada en Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres.
Fernández Ortega comentó que han pasado más de 20 años sin que hayan sido castigados los responsables de su agresión y por eso “la visita que hicimos al juez, no fui sola sino varias organizaciones quienes también acompañan mi caso y lo que dijo el juez es que por lo menos no va a tardar. Le reitere que no vamos a estar dispuestos a esperar que pasen otros 20 años más”.
Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar informó que el juez dijo que está analizando el expediente para dar una sentencia, pero que se va llevar un poco de tiempo porque son más de 20 tomos y anexos de la causa penal 56/2013.
Sin embargo, resaltó que Navarrete Sánchez no dio ninguna fecha probable, “solamente nos dijo que está en estudio de dictamen”.
Vicario Aguilar manifestó que el de Inés Fernández es un caso emblemático que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) quien dictó una sentencia en el 2010 y es debido a ésta que se “sigue el proceso penal dentro de este juzgado”.
Recordó que a finales de octubre del año pasado se llevó a cabo la audiencia de vista y en ella “se cerró el proceso y actualmente se está en espera de que el juez segundo dicte una resolución”.
Añadió que las organizaciones que acompañaban a Inés Fernández creen que “sí hay pruebas suficientes y contundentes para que el juez dicte una sentencia condenatoria” contra el agresor de Inés Fernández quien está preso desde el 2013 en el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México.
Señaló que antes del fallo, Inés Fernández y las organizaciones acudieron a ver al juez para saber cuál es la situación del caso y cuándo se dará sentencia.
Vicario Aguilar precisó que el juez debe tomar en cuenta varios estándares al momento de dictaminar, sobre todo porque en este caso “doña Inés es una mujer indígena; son varias perspectivas que tiene que tomar en cuenta el juez”.
En su intervención, la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Melissa Zamora señaló que acudieron con el juez segundo para expresar que el caso de Inés Fernández es emblemático y “representa y visibiliza muchas de las violencias y violaciones graves a derechos humanos que han vivido muchas otras mujeres en el país”.
Dijo que presentaron un amicus curiae (amigo del tribunal) como una forma “de exigir justicia para Inés Fernández”.
A la abogada se le preguntó qué fue lo que argumentó el juez respecto a la tardanza de su sentencia, Melissa Zamora respondió que Navarrete Sánchez les manifestó que por la “dimensión del expediente, que son muchos años y tomos que conforman la investigación, que les toma su tiempo, pero que estaría próximo a resolver”.
Dijo que es una investigación que desde que la Coidh sentenció al Estado Mexicano contaba con muchos elementos de prueba y más bien “lo relevante es que se apliquen los estándares que dictó la Corte Interamericana para acreditar y darle valor a las pruebas que ya constan en el expediente que son bastantes”.
Añadió que como Centro Pro y la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación lo que hicieron fue “presentar un escrito de amicus curiae donde se expresan diferentes consideraciones, estándares que deben ser aplicados al resolverse el caso de Inés porqué son hechos que constituyen violaciones graves a derechos humanos como violencia sexual y tortura”.
Agregó “lo que solicitamos es que se apliquen los estándares al resolver el caso. Un estándar principal, que surge a partir de la sentencia de la Corte Interamericana, que en caso de violencia sexual contra las mujeres que se le dé prioridad y valor pleno a las testimoniales precisamente porque los actos de violencia sexual acontecen en circunstancias donde no hay otro tipo de evidencia que pueda corroborar, de acreditar como son otro tipo de delitos y por eso es importante que estos estándares se apliquen al resolver”.
Texto: Karina Contreras / Foto: Carlos Carbajal
